Escuelas rurales bonaerenses: crece el reclamo por enfermedades laborales, fumigaciones y agua contaminada

La exposición a agrotóxicos y las condiciones sanitarias de las escuelas rurales de la provincia de Buenos Aires volvieron a quedar en el centro de un reclamo dirigido al Gobierno bonaerense. Más de 165 organizaciones sindicales y socioambientales, acompañadas por más de 3.000 firmas, presentaron un petitorio ante la Dirección General de Cultura y Educación (DGCyE) para exigir el reconocimiento de enfermedades laborales asociadas con las fumigaciones agrícolas y el consumo de agua contaminada en establecimientos educativos.

La presentación, realizada a fines de octubre en La Plata, reúne demandas vinculadas con la salud de docentes y auxiliares, la calidad del agua y las distancias de protección frente a las aplicaciones de agroquímicos. El planteo recupera denuncias acumuladas durante años en distintos municipios bonaerenses y vuelve a colocar bajo discusión las medidas de prevención y las responsabilidades institucionales.

Más de 165 organizaciones reclaman medidas sanitarias y reconocimiento laboral

Entre los impulsores figuran SUTEBA Marcos Paz, SUTEBA Tigre, UDOCBA Luján, la Asociación de Maestros Rurales Argentinos (AMRA), la Campaña por el Agua Limpia en las Escuelas (CALE) y el Encuentro de Pueblos Fumigados por la Agroecología y el Buen Vivir, entre otras agrupaciones.

El pedido central es que las enfermedades relacionadas con la exposición laboral a plaguicidas sean reconocidas, incluso con carácter retroactivo, dentro del sistema de protección de los trabajadores. Las organizaciones sostienen que quienes desarrollan tareas en establecimientos cercanos a campos fumigados necesitan mecanismos específicos de prevención, seguimiento médico y cobertura sanitaria.

También solicitan programas permanentes de vigilancia de la salud para docentes y auxiliares, análisis integrales del agua, provisión de agua potable y mayores distancias de resguardo entre las aplicaciones agrícolas y los edificios escolares.

El reclamo había comenzado a difundirse en septiembre y se formalizó semanas después con la presentación colectiva. Sus promotores insisten en que la protección debe alcanzar tanto a los trabajadores como a los estudiantes que comparten diariamente esos espacios.

Agua bajo análisis: detectaron plaguicidas en escuelas de nueve municipios

Uno de los antecedentes más relevantes surge de un relevamiento de CALE, que sistematizó estudios realizados entre 2019 y 2022 en más de 35 establecimientos educativos de nueve municipios bonaerenses.

Las muestras procedían de escuelas de Baradero, Exaltación de la Cruz, Lobos, Marcos Paz, Navarro, General Pueyrredón, Pergamino, San Miguel del Monte y Tandil. Los análisis registraron distintas sustancias utilizadas en la actividad agrícola, entre ellas atrazina, glifosato, AMPA y 2,4-D, además de nitratos y arsénico.

En una escuela secundaria rural de la zona de Mar del Plata se detectaron 89 miligramos de nitratos por litro de agua, casi el doble del límite de referencia. En otros establecimientos se registraron concentraciones de glifosato de 14,1 y 22,3 microgramos por litro.

Los resultados llevaron a las organizaciones a reclamar controles más amplios que los análisis bacteriológicos habituales. También plantearon la necesidad de evaluar sustancias químicas y metales que pueden estar presentes en las fuentes de abastecimiento utilizadas por las comunidades educativas.

La demanda contempla garantizar agua segura mientras se realizan los estudios necesarios para determinar su potabilidad, una medida que los colectivos consideran indispensable para prevenir nuevas exposiciones.

Los casos de docentes que impulsaron la movilización

El petitorio recupera las historias de Ana Zabaloy, maestra y directora rural de San Antonio de Areco, y Estela Lemes, docente de Entre Ríos, como antecedentes del reclamo por enfermedades profesionales.

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Zabaloy había denunciado durante años las fumigaciones próximas a su escuela y los problemas de salud que, según relataba, experimentaban integrantes de la comunidad educativa. Murió en junio de 2019, después de atravesar una enfermedad oncológica. Las organizaciones señalan que su enfermedad no obtuvo reconocimiento dentro del régimen de riesgos del trabajo.

Lemes, por su parte, trabajaba en una escuela rural de Costa Uruguay Sur, donde denunció exposición a aplicaciones realizadas en campos vecinos. En 2021, la Cámara de Apelaciones de Gualeguaychú reconoció judicialmente la relación entre sus secuelas y las condiciones ambientales de trabajo, y ordenó cobertura de prestaciones médicas e indemnización.

A estos antecedentes se suma una investigación impulsada en 2024 por AMSAFE Rosario, sobre 32 trabajadores de establecimientos educativos de Santa Fe cercanos a campos cultivados. El estudio identificó indicadores de alteraciones genéticas en muestras biológicas, que fundamentaron nuevos pedidos de seguimiento sanitario e investigaciones sobre las exposiciones laborales.

Fumigaciones junto a escuelas: antecedentes legislativos y normas provinciales

La discusión sobre las distancias de protección ya había llegado a la Legislatura bonaerense. En abril de 2025, la diputada provincial Sabrina Sabat presentó un proyecto para prohibir fumigaciones en terrenos lindantes con escuelas rurales.

La iniciativa también proponía exigir la presencia de un asesor técnico durante las aplicaciones, establecer notificaciones previas con 48 horas de anticipación y aplicar sanciones ante incumplimientos.

El debate tiene un antecedente judicial en Piamonte, Santa Fe, donde la Justicia provincial confirmó restricciones a las aplicaciones agrícolas próximas al área urbana, a partir de una causa que involucró riesgos sanitarios y estudios sobre exposición a plaguicidas.

En Buenos Aires, la regulación también atravesó sucesivas modificaciones. La Resolución 246/2018, que establecía zonas de amortiguamiento para aplicaciones próximas a áreas sensibles, fue suspendida y recibió varias prórrogas. La Resolución 162/2026 del Ministerio de Desarrollo Agrario, publicada en mayo, extendió esa suspensión por otros 120 días desde el vencimiento del plazo anterior.

Paralelamente, la Resolución 567/2025 estableció la utilización obligatoria del Sistema de Gestión Integral de la Receta Agronómica Obligatoria (SIGIRAO) y aprobó un protocolo de denuncias por aplicaciones indebidas.

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Estos instrumentos forman parte de la regulación provincial sobre el uso de agroquímicos, mientras las organizaciones continúan reclamando mayores distancias de protección y controles específicos en los establecimientos escolares.

Los pueblos fumigados también cuestionan el modelo de regulación

El reclamo laboral se conecta con una movilización socioambiental más amplia. En octubre de 2025, el Encuentro de Pueblos Fumigados cuestionó un proyecto nacional de regulación de fitosanitarios y pidió abrir instancias de participación pública antes de su tratamiento legislativo.

Las agrupaciones reclamaron distancias de resguardo superiores a 1.000 metros para aplicaciones terrestres y 3.000 metros para fumigaciones aéreas, además de una revisión de las regulaciones que consideran insuficientes para proteger a las comunidades.

Por su parte, referentes del sector agropecuario defendieron la necesidad de establecer reglas con criterios técnicos y previsibilidad para la actividad productiva, en una discusión que continúa atravesada por las diferencias sobre los alcances de la protección sanitaria y ambiental.

El nuevo reclamo ante Educación y las respuestas pendientes

La presentación de octubre amplía el planteo histórico contra las fumigaciones al incorporar el reconocimiento de enfermedades laborales, los controles médicos periódicos y el acceso al agua segura como exigencias concretas al Estado bonaerense.

Los sindicatos y colectivos buscan que la respuesta no dependa exclusivamente de denuncias individuales o intervenciones judiciales, sino de políticas permanentes de prevención y protección para las comunidades educativas rurales.

La demanda involucra a las áreas de educación, salud, trabajo y producción, en un territorio donde las escuelas conviven con distintas modalidades de actividad agropecuaria y regulaciones locales.

Con más de 165 organizaciones adheridas y más de 3.000 firmas, el petitorio coloca nuevamente en la agenda provincial las condiciones de trabajo de docentes y auxiliares, los controles ambientales y las garantías sanitarias para quienes estudian y trabajan en escuelas rurales bonaerenses.