Barrios populares bonaerenses: expansión territorial, obras en riesgo y el impacto del ajuste nacional
Un relevamiento de Tejido Urbano revela que Buenos Aires concentra el 60,5% de la superficie de barrios populares estudiada en las principales ciudades argentinas. Mientras Nación redefine el financiamiento de las obras de integración, la Provincia sostiene intervenciones en 309 barrios y crecen los reclamos por vivienda, servicios y asistencia social.
Pamela Orellana
La provincia de Buenos Aires concentra el 60,5% de la superficie ocupada por barrios populares en los principales aglomerados urbanos del país, según un nuevo estudio de la Fundación Tejido Urbano. El relevamiento muestra que estas urbanizaciones continuaron expandiéndose durante la última década, en un escenario que actualmente combina déficit habitacional, dificultades de acceso al suelo y un conflicto por el financiamiento de las políticas de integración entre el gobierno de Javier Milei y la administración de Axel Kicillof.
El informe, titulado Radiografía de la expansión de los barrios populares en las principales ciudades argentinas 2016-2025, establece que la superficie relevada pasó de 314 a 371 kilómetros cuadrados en nueve años, un incremento del 18,2%. De los 57 kilómetros cuadrados incorporados, 27,9 corresponden al territorio bonaerense, que registró el mayor crecimiento absoluto entre las provincias.
El mapa de los barrios populares: del conurbano al interior
Buenos Aires alcanzó los 224,4 kilómetros cuadrados de superficie ocupada por barrios populares dentro de los aglomerados estudiados. Aunque su participación relativa descendió del 62,6% en 2016 al 60,5% en 2025, continúa concentrando ampliamente la mayor extensión territorial.
Buenos Aires concentra el 60,5% de la superficie de barrios populares relevada en los principales aglomerados urbanos argentinos. Fuente: Fundación Tejido Urbano, 2026.
La Región Metropolitana de Buenos Aires (RMBA) fue el principal foco de expansión. Entre 2016 y 2025, sus barrios populares sumaron 24,5 kilómetros cuadrados, con un crecimiento del 13,2%. La expansión se produjo fundamentalmente en los partidos bonaerenses, especialmente en los bordes urbanos próximos a La Plata y en el sudoeste del conurbano.
Distribución y expansión de los barrios populares en la Región Metropolitana de Buenos Aires entre 2016 y 2025. Fuente: Fundación Tejido Urbano, sobre imágenes satelitales y datos del RENABAP.
El fenómeno también alcanza al interior provincial. Bahía Blanca registró un incremento del 45,4% en la superficie de sus barrios populares, mientras Mar del Plata incorporó 1,8 kilómetros cuadrados. Las diferencias entre distritos muestran una expansión territorial que no se limita al área metropolitana.
El diagnóstico del Plan Buenos Aires Hábitat, elaborado con registros de 2023, identifica 2.327 barrios populares en 95 municipios, habitados por aproximadamente 2,69 millones de personas. Entre los distritos con mayor cantidad figuran La Matanza, con 181; La Plata, con 172; Moreno, con 130; y General Pueyrredón, con 111.
Suelo, vivienda y planificación: un problema que se profundiza
Los barrios populares comprenden villas, asentamientos y otras urbanizaciones informales donde numerosas familias no poseen títulos de propiedad ni acceso regular a servicios esenciales. Su formación está vinculada con las dificultades para ingresar al mercado formal de tierras y viviendas, además de procesos de crecimiento urbano desarrollados durante décadas.
El presidente del Consejo Profesional de Agrimensura bonaerense, Reinaldo Beain, advirtió sobre las irregularidades dominiales y la falta de planificación territorial. El especialista sostuvo que “cuando el asentamiento sucede es porque algo falló en el camino” y planteó la necesidad de mejorar las herramientas de regularización y ordenamiento urbano.
El acceso a la propiedad, la infraestructura y los servicios constituye una parte central de esas demandas. A las viviendas sin escrituras se suman barrios con dificultades para obtener conexiones seguras de electricidad, agua potable, cloacas, pavimento y desagües.
El ajuste nacional y el futuro de las obras de integración
La expansión registrada hasta 2025 adquiere una nueva dimensión frente a las decisiones nacionales sobre financiamiento. El Fondo de Integración Socio Urbana (FISU), creado para sostener proyectos en barrios incluidos en el Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP), quedó atravesado por modificaciones administrativas y judiciales durante la gestión libertaria.
En mayo de 2025, el Ejecutivo nacional dispuso la disolución del fideicomiso mediante el Decreto 312/2025. La medida fue posteriormente alcanzada por una cautelar del Juzgado Federal de Pehuajó, que suspendió sus efectos mientras se exigía garantizar la continuidad de la política pública prevista en la Ley 27.453.
El 23 de septiembre de 2026, la Secretaría de Obras Públicas de la Nación publicó la Resolución 209/2026, que establece un procedimiento para revisar los proyectos pendientes. La norma contempla que provincias, municipios y otros ejecutores evalúen asumir la continuidad de las obras sin asistencia financiera nacional.
Cuando esa posibilidad no resulte viable, deberá analizarse la continuidad contractual según el avance, el interés público y los recursos disponibles. El Gobierno nacional fundamentó el nuevo esquema en criterios de control financiero y observaciones de auditoría sobre la administración anterior del fondo.
La decisión mantiene abierto un conflicto por los recursos necesarios para completar redes de servicios, viviendas e infraestructura comunitaria. Desde la Provincia cuestionan la interrupción de proyectos nacionales y sus consecuencias sobre las comunidades que esperan mejoras habitacionales.
La Provincia informa intervenciones en 309 barrios populares
Frente a ese escenario, el Organismo Provincial de Integración Social y Urbana (OPISU) presentó un balance de sus intervenciones en octubre. Su directora ejecutiva, Romina Barrios, informó que el organismo trabaja en 309 barrios populares de 82 municipios, con alcance sobre 537.748 personas y 161.784 hogares.
El organismo reportó 472 obras y una inversión acumulada de $565.809 millones, además de más de 7.600 puestos de trabajo generados. Las intervenciones comprenden viviendas, redes de servicios, pavimentación, iluminación, espacios comunitarios y regularización de la tenencia del suelo.
Entre los proyectos destacados aparece León Gallo II, en La Matanza, donde continúa la construcción de 199 viviendas y 40 locales comerciales para familias del barrio Puerta de Hierro. En Villa Itatí, Quilmes, las intervenciones incluyen 23.800 metros de redes de agua y cloaca y más de 5.200 conexiones domiciliarias.
Barrios defendió la continuidad de la inversión pública y destacó que la integración debe incorporar infraestructura, trabajo, regularización dominial y redes comunitarias. La funcionaria también señaló que, según datos presentados por OPISU, el 75% de los hogares relevados estaba endeudado para sostener consumos básicos.
Comedores, necesidades sociales y un reclamo que llegó al Congreso
Las dificultades habitacionales conviven con una creciente demanda de asistencia alimentaria en sectores vulnerables. Referentes comunitarios de La Plata, San Miguel y Morón advirtieron recientemente sobre el aumento de familias que recurren a comedores, mientras el encarecimiento de alimentos y garrafas reduce su capacidad de respuesta.
En octubre, OPISU acordó con la Universidad Nacional de Quilmes distribuir 150.000 raciones de Supersopa en 300 espacios comunitarios de barrios populares. La iniciativa se suma a más de 576.000 raciones previamente distribuidas mediante el programa provincial SANA.
La discusión por las políticas de integración también llegó al Congreso. Diputados de distintos bloques, junto con Cáritas Argentina, organizaciones sociales y TECHO, impulsaron un proyecto para recuperar el financiamiento de las obras mediante un esquema presupuestario de diez años.
La propuesta, identificada como expediente 4474-D-2026, establece para 2027 un piso equivalente al 0,0375% del PBI. Durante su presentación, el presidente de Cáritas, Gustavo Carrara, reclamó sostener políticas públicas de largo plazo para transformar las condiciones de vida de las familias.
El proyecto permanece en tratamiento parlamentario, mientras las obras provinciales continúan y las decisiones nacionales condicionan el futuro de otras intervenciones. El desafío habitacional bonaerense combina una expansión territorial acumulada durante años con la necesidad actual de garantizar financiamiento, servicios básicos, vivienda y condiciones de vida dignas para millones de personas.
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