Obra pública en disputa: reclamos cruzados y viviendas paralizadas en la Provincia

La disputa por la obra pública entre la Provincia y el Gobierno de Javier Milei volvió a tensionarse esta semana. Mientras se difundieron pedidos de informes de la senadora libertaria Analía Balaudo por 170 viviendas bonaerenses demoradas, la ministra de Hábitat, Silvina Batakis, volvió a denunciar que la Nación interrumpió la construcción de 16.000 casas en territorio provincial. Ambos planteos se instalaron días después de que Axel Kicillof cuestionara a La Libertad Avanza por exigir obras mientras la Casa Rosada sostiene su política de recorte de la inversión nacional.

Las cifras refieren a situaciones diferentes, pero reabren la discusión sobre las responsabilidades públicas. Los proyectos señalados por Balaudo pertenecen al Programa Bonaerense II y dependen de convenios entre la Provincia y los municipios. Las viviendas mencionadas por Batakis corresponden a desarrollos que dejaron de recibir aportes nacionales y cuya terminación la administración bonaerense intenta retomar parcialmente.

En el Senado provincial, los pedidos de informes de Balaudo fueron ingresados el 25 de septiembre y girados a comisiones durante octubre. Su difusión volvió a ponerlos en primer plano el 15 de octubre, la misma jornada en que se conocieron las nuevas declaraciones de Batakis.

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Los pedidos de LLA por 170 viviendas en el interior

El primero de los expedientes solicita precisiones al Instituto de la Vivienda por 127 casas en Vedia, partido de Leandro N. Alem: 116 del barrio Plan Federal y otras 11 del barrio San Carlos. La legisladora reclama conocer el avance efectivo, los fondos transferidos, los certificados de obra y los plazos para entregar las unidades a las familias adjudicatarias.

Balaudo también cuestionó el incumplimiento de la fecha de terminación prevista para diciembre de 2023. Entre los datos incluidos en su presentación figura una diferencia entre el 72% de recursos ejecutados y un avance físico del 50% registrado hacia fines de ese año para las 116 viviendas. Además, pidió información sobre desembolsos para el barrio San Carlos y sobre el presunto retiro de la contratista Univial SA, junto con reclamos salariales y denuncias de sustracción de materiales.

El segundo proyecto se concentra en 43 viviendas de América, cabecera del partido de Rivadavia. La obra comenzó a ejecutarse con un contrato firmado en 2024 con Indhal SRL, luego de un proceso licitatorio que debió repetirse. El planteo libertario contrapone el 47% de avance registrado en el sistema provincial GeoSIDUV con estimaciones vecinales de entre el 30% y el 40%, además de reclamar controles sobre la calidad constructiva.

La senadora pidió que se detallen los pagos a la empresa, las inspecciones realizadas, las eventuales intimaciones por atrasos y las responsabilidades administrativas. El convenio de financiamiento provincial y municipal fue actualizado en 2024, y el Concejo Deliberante de Rivadavia convalidó entonces una adenda por más de 2.591 millones de pesos, expresados también en unidades de vivienda. Las actuaciones legislativas siguen en comisión y buscan obtener respuestas oficiales sobre el estado actual de ambas obras.

Batakis apunta a las viviendas paralizadas por Nación

Casi al mismo tiempo que volvieron a difundirse esos cuestionamientos, Batakis expuso otra dimensión de la crisis habitacional. La ministra afirmó que el Gobierno nacional dejó sin continuidad a 16.000 viviendas bonaerenses y sostuvo que abandonar inversiones ya realizadas también implica deteriorar recursos públicos. En su balance más reciente señaló que la Provincia retomó trabajos para terminar unas 1.500 unidades y mantiene alrededor de 8.000 viviendas en ejecución con financiamiento propio.

La cifra de 16.000 no surgió esta semana. El Ministerio de Hábitat la utiliza desde el lanzamiento, en abril de 2025, del Programa Completar, una herramienta destinada a reactivar proyectos detenidos por la interrupción de fondos nacionales. El esquema abarca obras de programas como Casa Propia y Reconstruir y prioriza aquellas con mayor avance de construcción, para poder finalizar casas que ya demandaron una inversión importante.

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En agosto de 2025, la administración provincial anunció una primera etapa de 33 desarrollos, distribuidos en 21 municipios, para concluir 897 viviendas mediante una inversión prevista de 20.000 millones de pesos. El mecanismo establece convenios con los gobiernos locales, que deben presentar el estado de las construcciones, los presupuestos actualizados y la documentación del financiamiento original.

La intervención no supone asumir automáticamente todas las deudas anteriores: el programa cubre las tareas necesarias para completar las viviendas, incluidas reparaciones y obras complementarias, mientras mantiene diferenciados los compromisos originados en convenios con Nación. Entre los proyectos alcanzados figuran 57 unidades de Almirante Brown, 36 de Bahía Blanca y 11 de Quilmes, con convenios o trabajos de terminación anunciados durante 2026.

El alcance de esas iniciativas también muestra una dificultad: las 1.500 viviendas cuya terminación fue retomada representan solo una parte del universo de 16.000 obras habitacionales que el ministerio contabiliza como desfinanciadas. A esa situación se agrega la ejecución de los desarrollos que la Provincia sostiene con su propio presupuesto, mientras los municipios reciben demandas de familias que llevan años esperando sus casas.

El cruce de Kicillof y el trasfondo de la obra pública

La confrontación política había quedado expuesta en Carlos Casares, durante la visita de Kicillof del 7 de octubre. Allí fue consultado por una denuncia promovida por Balaudo y concejales de La Libertad Avanza debido a deficiencias en el servicio de agua potable de Aguas Bonaerenses (ABSA). El gobernador reaccionó cuestionando que dirigentes del partido de Milei reclamaran inversiones en infraestructura mientras el Ejecutivo nacional reducía la obra pública.

“No tienen cara”, respondió Kicillof, y les pidió que reclamaran al Presidente los recursos que, según sostiene la administración bonaerense, Nación dejó de transferir. En esa misma visita anunció la próxima construcción del acueducto French-Carlos Casares, una intervención de 30 kilómetros financiada por el Banco Interamericano de Desarrollo y con una inversión prevista de 23.950 millones de pesos.

Los libertarios replicaron que el abastecimiento de agua y el funcionamiento de ABSA son responsabilidades provinciales. La presentación judicial por el servicio de Carlos Casares es distinta de los pedidos de informes habitacionales, pero el enfrentamiento puso en escena el mismo desacuerdo político: quién debe dar respuesta a las necesidades locales cuando existen obras pendientes y el financiamiento nacional se redujo.

Esa disputa volvió a tomar forma con las 170 viviendas cuestionadas por Balaudo y las 16.000 cuya paralización denuncia Batakis. El oficialismo provincial destaca su decisión de financiar desarrollos y recuperar proyectos nacionales inconclusos; la oposición libertaria reclama explicaciones por la administración de recursos y la marcha de obras bonaerenses. En el medio quedan los municipios, los contratistas y, sobre todo, las familias que todavía esperan recibir una vivienda.

Los pedidos de informes siguen su trámite legislativo y el Programa Completar continúa con acuerdos para reactivar emprendimientos. La discusión abierta combina dos exigencias: responder por las obras financiadas por cada jurisdicción y resolver qué ocurre con las casas que ya se empezaron a construir, pero aún no pueden ser habitadas.