Caso $LIBRA: otra disputa judicial por el sobreseimiento de Milei
El fiscal Eduardo Taiano se opuso al pedido de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas para continuar investigando. El organismo sostiene que quedaron pruebas pendientes y busca revertir el cierre del expediente, mientras Casación analiza la situación de los damnificados.
Juan Manuel Villarreal
La causa $LIBRA sumó un nuevo enfrentamiento judicial por el sobreseimiento de Javier Milei. El fiscal federal Eduardo Taiano rechazó el pedido de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) para reabrir la investigación y asumir el impulso de la acción penal. La decisión mantiene abierta una disputa dentro del Ministerio Público Fiscal sobre el cierre del expediente y las pruebas que todavía podrían analizarse.
El conflicto surgió después de que el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi dictara, el 23 de octubre, el sobreseimiento del Presidente, de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y de otras nueve personas investigadas por presuntas irregularidades vinculadas con el lanzamiento de la criptomoneda.
La resolución judicial se había basado en el criterio de Taiano, quien consideró que los hechos denunciados no configuraban delitos. Sin embargo, otro sector del Ministerio Público sostiene que la investigación terminó antes de completar diligencias relevantes.
Taiano rechazó el pedido para reabrir la causa $LIBRA
La controversia comenzó cuando el titular de la PIA, Sergio Rodríguez, solicitó intervenir en el expediente para continuar con la investigación.
El organismo especializado en hechos de corrupción cuestionó los sobreseimientos y consideró que todavía existían elementos que debían ser examinados antes de cerrar definitivamente el caso.
Su presentación retomó planteos de las organizaciones CIPCE e INECIP y reclamó asumir el ejercicio de la acción penal, del que Taiano había desistido al solicitar los sobreseimientos.
Cuando ingresó el pedido, Martínez de Giorgi se encontraba de licencia. Por ese motivo, el juez subrogante Daniel Rafecas decidió dar intervención a Taiano para conocer su posición.
El fiscal ratificó su postura favorable al cierre de la investigación y se opuso a que la PIA continuara impulsando el expediente.
Sin embargo, el pronunciamiento de Taiano no constituye una resolución judicial definitiva. La decisión sobre el planteo deberá ser adoptada por Martínez de Giorgi, quien retomó sus funciones.
Las pruebas que la Fiscalía Anticorrupción considera pendientes
Uno de los principales argumentos de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas es que el expediente se cerró sin agotar las medidas de prueba disponibles.
En una presentación de 15 páginas, Rodríguez sostuvo que todavía debían completarse análisis técnicos vinculados con movimientos de criptomonedas, comunicaciones y documentación digital.
Entre las diligencias mencionadas aparecen peritajes sobre teléfonos celulares, estudios sobre transacciones de criptoactivos y pedidos de cooperación internacional, particularmente con Estados Unidos.
La PIA también señaló que algunos análisis informáticos no pudieron finalizarse porque una dependencia del Ministerio Público Fiscal no contaba con las licencias de software necesarias.
Otro de los puntos cuestionados está relacionado con presuntas maniobras de ocultamiento de información.
El organismo mencionó el vaciamiento de cajas de seguridad vinculadas con la familia de Mauricio Novelli, el borrado de historiales de WhatsApp en el teléfono de Sergio Morales y la eliminación de conversaciones con un contacto identificado como Karina Milei.
Para la Procuraduría, estos elementos justificaban profundizar la investigación antes de disponer su cierre.
También cuestionó que no se hubiera tomado una declaración específica sobre $LIBRA a la abogada boliviana Nadia Beller, quien había sido consultada en el marco de otra investigación judicial.
Los planteos corresponden a la posición de la PIA y no implican que esas circunstancias constituyan, por sí mismas, delitos comprobados.
Casación analiza otro recurso que puede modificar el escenario judicial
La controversia entre los fiscales se desarrolla mientras la Cámara Federal de Casación Penal examina otro aspecto del expediente.
La Sala II admitió un recurso para revisar la decisión que había impedido a dos denunciantes continuar interviniendo como querellantes.
Las personas apartadas habían denunciado perjuicios económicos derivados de la caída de la criptomoneda y buscan recuperar su participación formal en el proceso.
La resolución de Casación no revocó los sobreseimientos ni ordenó reabrir la investigación. Únicamente habilitó una instancia para analizar si corresponde reconocer nuevamente a los denunciantes como parte acusadora.
Si finalmente son reincorporados, podrían presentar recursos para cuestionar el cierre de la causa.
De esta manera, el expediente mantiene dos discusiones diferentes: por un lado, la solicitud de la PIA para continuar investigando y, por otro, la posibilidad de que los damnificados recuperen su condición de querellantes.
El origen del caso y las próximas definiciones
La investigación comenzó después de que Javier Milei difundiera el 14 de febrero de 2025, desde su cuenta de X, una publicación promocionando el token $LIBRA como parte de una iniciativa vinculada con el financiamiento de emprendimientos argentinos.
Tras el mensaje presidencial, el valor del criptoactivo registró una fuerte suba y posteriormente se desplomó, lo que motivó denuncias de inversores que afirmaron haber sufrido pérdidas económicas.
La investigación buscó establecer si existieron conductas delictivas relacionadas con el lanzamiento, la promoción y las operaciones realizadas alrededor de la criptomoneda.
En octubre de 2026, Martínez de Giorgi consideró que los hechos examinados no encuadraban en las figuras penales denunciadas y dispuso los sobreseimientos.
La PIA cuestionó esa conclusión y presentó, además, una apelación en subsidio para que, si su solicitud es rechazada, el planteo pueda ser revisado por la Cámara Federal.
En paralelo, Casación deberá avanzar con el análisis del recurso de los damnificados. Las fuentes judiciales señalan que podría realizarse una audiencia antes de finalizar 2026, mientras que la definición sobre ese planteo se espera para 2027.
Por ahora, los sobreseimientos permanecen vigentes. La continuidad de la investigación dependerá de las resoluciones que adopten los tribunales sobre los recursos presentados.
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