Fotomultas bonaerenses: crece la presión opositora para revisar el sistema
Pamela Orellana


El sistema de fotomultas de la provincia de Buenos Aires volvió al centro de la discusión legislativa. La diputada de La Libertad Avanza (LLA), Analía Corvino, presentó un pedido de informes para que el gobierno de Axel Kicillof detalle cómo se procesan las infracciones, quién administra los pagos y qué participación tienen las empresas privadas. La iniciativa se conoce después de que otros bloques opositores llevaran al Ministerio de Transporte propuestas para modificar los controles electrónicos, la validez de las sanciones y los mecanismos de contratación.
El nuevo planteo apunta particularmente al Sistema de Administración Centralizada de Infracciones de Tránsito (SACIT), la plataforma provincial que concentra información sobre actas y pagos. Corvino reclama documentación para conocer el recorrido de los fondos desde que se registra una infracción hasta que se distribuye lo recaudado entre los organismos involucrados.
Qué pide Corvino al Gobierno bonaerense
El proyecto solicita que el Ministerio de Transporte, encabezado por Martín Marinucci, identifique a todos los municipios que celebraron convenios para procesar fotomultas mediante el SACIT. Además, exige remitir copias de los acuerdos suscriptos desde 2023 hasta la actualidad, vinculados con la seguridad vial y la fiscalización del tránsito.
La información requerida permitiría conocer qué responsabilidades asumió cada jurisdicción en el funcionamiento del sistema. No se trata solamente de identificar dónde hay radares: la presentación busca precisar bajo qué acuerdos se gestionan las infracciones detectadas por cámaras y otros dispositivos instalados en territorio bonaerense.
Otro capítulo del pedido se concentra en el dinero. Corvino exige saber quién recauda los pagos, cómo se calcula el monto que corresponde a la Provincia y a cada municipio, quién determina las liquidaciones y qué mecanismo se utiliza para fiscalizar las transferencias. La diputada plantea que esa información resulta necesaria para conocer la administración del esquema de sanciones.
“El proyecto tiene por objeto conocer el procesamiento de multas por infracciones de tránsito”, explicó la legisladora, quien también puso el foco en la distribución de los fondos entre la Provincia, los municipios y la participación de las empresas prestatarias.

La presentación también requiere que el Ejecutivo identifique a las compañías privadas que intervienen en el procesamiento de las infracciones. Para cada una solicita los contratos, las obligaciones asumidas, los costos de los servicios y las condiciones en las que operan. Con ese detalle, la discusión incorpora el vínculo económico entre la fiscalización pública y los proveedores tecnológicos.
Las actas con valor cero y las preguntas sobre los controles
El reclamo se produce en un escenario marcado por cuestionamientos al funcionamiento informático del SACIT. Documentación técnica del Ministerio de Transporte, difundida durante el año, dio cuenta de alrededor de 680.000 actas registradas con valor cero, un dato que impulsó pedidos de explicaciones sobre los controles y la trazabilidad de las operaciones.
La cartera provincial había iniciado un procedimiento administrativo para contratar una auditoría técnica integral del sistema. La revisión propuesta apuntaba a examinar aspectos tecnológicos y operativos de la plataforma, después de que se señalaran inconsistencias en el registro y seguimiento de determinadas infracciones.
Corvino vinculó esos antecedentes con la necesidad de conocer los mecanismos de control, liquidación y fiscalización del dinero. También planteó interrogantes sobre una presunta vulnerabilidad que habría permitido registrar varias infracciones como pagadas mediante un único código de pago. En ese marco, pidió precisiones acerca de la eventual existencia de una causa judicial impulsada por Transporte.
La controversia excede el funcionamiento de un programa informático. El SACIT reúne datos que intervienen en la tramitación de multas, la identificación de pagos y la consulta de obligaciones pendientes. Por eso, las respuestas solicitadas abarcan tanto la seguridad de los registros como el modo en que se administran recursos vinculados con las infracciones de tránsito.
El informe técnico que dio origen al procedimiento de auditoría también había advertido dificultades para reconstruir determinadas operaciones y seguir el recorrido de los pagos dentro del sistema. Esos antecedentes agregan una dimensión tecnológica al reclamo de Corvino sobre los mecanismos de fiscalización y la administración de los fondos.
Los proyectos anteriores y la respuesta de Transporte
El pedido libertario amplía una discusión que ya había llegado al despacho de Marinucci. El 11 de noviembre, el ministro recibió a los diputados Andrés De Leo, de la Coalición Cívica, y Matías Civale, de UCR + Cambio Federal, para analizar dos proyectos de reforma del régimen de fiscalización electrónica. El encuentro abrió una instancia de diálogo sobre controles, participación privada y seguridad vial.

De Leo propone establecer mayores exigencias técnicas para los radares: controles periódicos, registro público, señalización previa y posibles nulidades de actas cuando los equipos no cumplan con las reglas. Civale, en cambio, busca reservar a funcionarios públicos las decisiones y tareas vinculadas con las infracciones y prohibir comisiones para empresas calculadas según la cantidad o el monto de las multas.
Esas iniciativas persiguen cambios normativos; la de Corvino, en cambio, exige información sobre el funcionamiento actual. Las tres coinciden en poner bajo discusión el papel de las empresas, la transparencia de los procedimientos y la finalidad de los controles, aunque plantean medidas diferentes y no constituyen un único proyecto legislativo.
Marinucci defendió la fiscalización como herramienta de prevención y se mostró dispuesto a escuchar propuestas de diferentes bloques. “La fiscalización debe ser una herramienta de prevención, transparencia y seguridad vial, con un objetivo central: cuidar la vida”, expresó al informar sobre la reunión con De Leo y Civale.
La apertura de esa mesa de trabajo dejó planteada una agenda de discusión entre el Ejecutivo y los legisladores sobre el funcionamiento de los controles electrónicos. Los proyectos de reforma todavía requieren tratamiento parlamentario, mientras la solicitud de informes de Corvino incorpora nuevos requerimientos sobre la administración actual del sistema.
Con la nueva iniciativa, la discusión incorpora de manera explícita el circuito de recaudación y los convenios celebrados con los municipios. Mientras el Ministerio de Transporte sostiene la necesidad de mejorar el sistema con criterios de seguridad vial, distintos sectores opositores reclaman mayor información y cambios sobre su funcionamiento. El próximo paso será conocer qué respuestas ofrece la administración bonaerense y si el diálogo abierto en la Legislatura se traduce en modificaciones concretas.

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