Metrogas bajo la lupa: la explosión, el ente sin presidente y el acuerdo para extender la concesión hasta 2047

La explosión que dejó una persona muerta y 30 heridas en Remedios de Escalada, partido de Lanús, abrió una investigación que excede la rotura de un caño de gas. La Justicia intenta reconstruir qué ocurrió durante los 68 minutos transcurridos entre la primera alerta por la fuga y el estallido, mientras crecen los reclamos para determinar las responsabilidades de Metrogas, la empresa contratista y el organismo nacional encargado de fiscalizar la seguridad del servicio.

El siniestro ocurrió el viernes 13 de noviembre, durante trabajos de renovación de la red de distribución. La tragedia también puso bajo discusión la política de control de los servicios públicos del gobierno de Javier Milei, en momentos en que Metrogas atraviesa un proceso de venta y negocia la extensión de su licencia por otros veinte años.

Los cuestionamientos apuntan especialmente al cumplimiento de los protocolos de emergencia, la demora en alertar a los organismos locales y la situación institucional del ente regulador nacional, cuya presidencia permanece vacante desde junio.

Los 68 minutos que investiga la Justicia

La reconstrucción de los hechos comienza a las 9:44 del viernes, cuando una máquina tuneladora utilizada por Exgadet, empresa contratada por Metrogas para renovar cañerías, dañó un conducto de distribución de media presión en las inmediaciones de Coronel Beltrán y Del Valle Iberlucea.

La rotura provocó una fuga de gas que fue informada al servicio interno de emergencias de la distribuidora. Sin embargo, el Sistema de Emergencias del Municipio de Lanús recién recibió la alerta a las 10:52, cuando se produjo la explosión que destruyó una fiambrería, afectó otros comercios y provocó incendios en edificios cercanos.

El director de Defensa Civil de Lanús, Claudio Arale, cuestionó que los operarios comunicaran el incidente únicamente a Metrogas y no activaran inmediatamente los servicios locales de emergencia.

Según explicó, personal de seguridad se había acercado al lugar antes del estallido, pero recibió de la cuadrilla la información de que la situación estaba controlada.

Para el funcionario, la falta de aviso temprano impidió disponer de más tiempo para evacuar preventivamente a vecinos y comerciantes. Arale sostuvo que existió una violación de los protocolos y consideró que una intervención oportuna podría haber evitado las consecuencias del siniestro.

Metrogas presentó una versión diferente. Su director de Asuntos Corporativos, Alejandro Di Lázzaro, afirmó que la empresa recibió el primer aviso a las 9:44 y que a las 10:04 ya había llegado un técnico para evaluar la situación.

La distribuidora sostuvo que se activaron los procedimientos habituales para este tipo de incidentes y aseguró que se cumplieron los pasos establecidos por la normativa. También señaló que las causas concretas de la explosión deberán determinarse mediante pericias.

La diferencia entre ambas versiones quedó en el centro de la investigación judicial: cuándo debieron intervenir los servicios locales, quién tenía la responsabilidad de ordenar medidas preventivas y por qué la zona no había sido evacuada antes de la explosión.

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Dos directivos bajo investigación y una causa por los protocolos

La investigación quedó a cargo de la fiscal Yanina Estévez, titular de la Unidad Funcional de Instrucción N.º 6 de Avellaneda-Lanús, que dispuso medidas para identificar a los responsables de las tareas y reconstruir las comunicaciones previas al estallido.

Entre las primeras actuaciones se ordenó el traslado preventivo de dos empleados jerárquicos de Metrogas que habían intervenido en el lugar. La fiscalía aclaró posteriormente que no se trataba de detenciones formales, sino de una demora para realizar diligencias de identificación.

La pesquisa deberá establecer las circunstancias de la rotura, la respuesta de los equipos técnicos y el eventual incumplimiento de las obligaciones de seguridad.

También se investigará el procedimiento seguido por la contratista Exgadet, responsable de los trabajos durante los cuales se dañó la cañería.

Las primeras tareas judiciales estuvieron condicionadas por la fuga de gas y el incendio, que permanecieron activos durante varias horas. Una vez asegurada la zona, comenzaron a habilitarse las inspecciones destinadas a determinar el origen del estallido y los daños ocasionados.

El organismo nacional que debía fiscalizar a Metrogas lleva cinco meses sin presidente

La tragedia también reabrió la discusión sobre el funcionamiento del Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (ENReGE), organismo que absorbió las funciones de control de los anteriores entes reguladores de ambos servicios.

Entre sus atribuciones se encuentran la fiscalización de las distribuidoras, las condiciones de seguridad y el cumplimiento de las obligaciones establecidas en las licencias de prestación.

La presidencia del ENReGE permanece vacante desde el 1 de junio de 2026, cuando se hizo efectiva la renuncia de Néstor Marcelo Lamboglia, quien había asumido apenas semanas antes.

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Desde entonces, el organismo se encuentra bajo la conducción de su vicepresidente, Vicente Serra, mientras continúa pendiente la designación de un nuevo titular.

El Gobierno abrió un concurso para cubrir el cargo y se entrevistó a 22 postulantes, pero el proceso no había culminado con un nombramiento definitivo al momento de la explosión.

La falta de designación se produjo en medio de diferencias dentro del oficialismo sobre la conducción del organismo, que también tiene intervención en decisiones tarifarias y en operaciones vinculadas con las empresas concesionarias.

Tras el siniestro, el ENReGE anunció que realizará auditorías técnicas sobre lo ocurrido en Lanús y que pondrá sus resultados a disposición de la Justicia.

El organismo informó que se mantenía en contacto con Metrogas y señaló que la explosión se produjo durante los trabajos de reparación de una cañería dañada, aunque sus causas permanecen bajo investigación.

El reclamo para que respondan Metrogas y el Estado nacional

El presidente de Defensa de Usuarios y Consumidores (DEUCO), Pedro Bussetti, reclamó que tanto la distribuidora como el Estado nacional respondan por las consecuencias de la explosión.

En declaraciones radiales, sostuvo que "no fue un accidente, sino una omisión" y cuestionó el incumplimiento de los procedimientos que, según su interpretación, debían ponerse en marcha inmediatamente después de detectarse la pérdida de gas.

Bussetti consideró que existe una responsabilidad compartida entre Metrogas y el Estado nacional en la garantía de seguridad de los usuarios y reclamó que se aseguren las indemnizaciones correspondientes a las víctimas y a los damnificados por los daños materiales.

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También pidió una intervención inmediata del ente regulador para determinar las responsabilidades administrativas de la empresa.

El dirigente recordó que la Secretaría de Energía de la Nación representa al Estado concedente de la licencia y sostuvo que debe participar activamente en el esclarecimiento de lo ocurrido.

Sus cuestionamientos se extendieron al silencio que, según denunció, mantuvieron inicialmente las autoridades nacionales y la distribuidora frente a la magnitud de la emergencia.

La prórroga hasta 2047 y el negocio detrás de Metrogas

La discusión sobre las responsabilidades institucionales coincide con una etapa de cambios importantes para Metrogas, la mayor distribuidora de gas natural del país, que presta servicio a aproximadamente 2,5 millones de usuarios de la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense.

El 29 de septiembre, el Gobierno nacional firmó con la compañía un acuerdo para extender su licencia de distribución por veinte años, desde diciembre de 2027 hasta diciembre de 2047.

La asamblea de accionistas ratificó el entendimiento el 29 de octubre, pero al cierre de los últimos estados financieros disponibles todavía estaba pendiente la ratificación del Poder Ejecutivo para que la prórroga quedara plenamente efectiva.

El acuerdo contempla inversiones adicionales por US$186,8 millones, que deberán ejecutarse durante los diez años posteriores a su ratificación, mediante proyectos de infraestructura sujetos a aprobación de las autoridades energéticas.

La extensión de la licencia también resulta relevante para la operación mediante la cual YPF acordó vender su participación mayoritaria en Metrogas a Edenor, por US$780 millones. El cambio de control continúa sujeto a las autorizaciones correspondientes.

Los estados financieros de Metrogas correspondientes a los primeros nueve meses de 2026 también permiten dimensionar la situación económica de la distribuidora. La compañía informó un resultado neto e integral de $449.999 millones, frente a $143.051 millones en igual período de 2025, expresados en pesos constantes. Sin embargo, ese resultado incluye una revaluación de activos, mientras que la ganancia neta del período fue de $136.944 millones.

Mientras avanzan esas negociaciones, los usuarios enfrentan nuevos incrementos tarifarios. Desde noviembre, los cuadros aprobados establecen aumentos del 3,65% para determinados usuarios residenciales de Metrogas en el conurbano bonaerense y del 2,95% en la Ciudad de Buenos Aires.

La combinación de aumentos, cambios accionarios y extensión de la licencia agregó una nueva dimensión al debate sobre las obligaciones de mantenimiento y seguridad de la distribuidora.

Bussetti reclamó que el Estado nacional revise las condiciones de la prórroga y del eventual cambio de accionistas, a la luz de la gravedad de lo ocurrido en Remedios de Escalada.

El incendio terminó y comenzó la evaluación de los daños

Después de casi diecisiete horas de trabajo, Metrogas logró interrumpir totalmente la fuga a las 2:10 del sábado 14 de noviembre, lo que permitió que los Bomberos extinguieran las llamas.

El operativo involucró a más de veinte dotaciones, junto con personal de Defensa Civil, equipos sanitarios, fuerzas de seguridad y organismos municipales y provinciales.

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De acuerdo con el balance oficial, la explosión dejó una persona fallecida y 30 heridas, siete de ellas de gravedad. Seis pacientes fueron derivados al Hospital Interzonal de Agudos Evita y uno al Hospital Narciso López, mientras otros afectados permanecieron en observación o recibieron el alta.

El Municipio de Lanús, encabezado por el intendente Julián Álvarez, activó su sistema de emergencias al recibir la alerta, coordinó las evacuaciones y desplegó asistencia para las familias afectadas. La atención sanitaria también involucró a establecimientos públicos bonaerenses.

Con el incendio extinguido, comenzaron las tareas de inspección de edificios y comercios dañados. El regreso de los evacuados se realiza de manera gradual, según las condiciones de seguridad de cada sector.

La zona más afectada permanece restringida mientras avanzan la limpieza, las evaluaciones estructurales y las pericias judiciales.

La investigación deberá establecer qué ocurrió durante los 68 minutos previos a la explosión y si se cumplieron las medidas de seguridad exigidas a las empresas involucradas. En paralelo, las auditorías anunciadas por el ente regulador y los reclamos de indemnización mantienen abierta una discusión más amplia sobre las obligaciones de Metrogas y el control nacional de uno de los servicios públicos esenciales.