Hotesur-Los Sauces: la UIF acusó a Cristina Kirchner de liderar una asociación ilícita para apropiarse de fondos públicos
Durante una nueva audiencia, el organismo sostuvo que la expresidenta dirigió una presunta maniobra de lavado de dinero mediante alquileres y operaciones inmobiliarias. También apuntó contra Máximo Kirchner y empresarios vinculados a contratos estatales. La Justicia continuará con el debate la próxima semana.
Mariana Portilla
El juicio oral por las causas Hotesur y Los Sauces sumó este viernes un nuevo capítulo judicial. La Unidad de Información Financiera (UIF) concluyó la lectura de su acusación sobre la inmobiliaria de la familia Kirchner y señaló a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner como presunta jefa de una asociación ilícita destinada a obtener fondos públicos y canalizarlos a través de operaciones comerciales que, según la querella, permitían ocultar su origen.
La exposición se realizó ante el Tribunal Oral Federal N.º 5, que lleva adelante el proceso contra la exmandataria, su hijo Máximo Kirchner y otros acusados por presuntas maniobras de lavado de activos vinculadas con empresarios que mantuvieron contratos con el Estado nacional.
En su presentación, la UIF sostuvo que Cristina Kirchner habría diseñado y dirigido un mecanismo destinado a incorporar al patrimonio familiar dinero de origen ilícito mediante Los Sauces, una de las sociedades inmobiliarias de la familia.
El organismo también atribuyó a Máximo Kirchner un papel de organizador de la presunta estructura y apuntó contra los empresarios Lázaro Báez, Cristóbal López y Fabián De Sousa, a quienes vinculó con el ingreso de fondos mediante contratos de alquiler.
La acusación de la UIF contra Cristina y Máximo Kirchner
Según el planteo de la querella, entre 2003 y 2016 habría funcionado una organización que utilizó distintas sociedades y operaciones financieras para obtener beneficios económicos relacionados con contrataciones estatales. La UIF sostuvo que Cristina Kirchner cumplió un papel central en esa estructura y la acusó de haber “diseñado, ejecutado y dirigido un esquema de reciclaje de fondos de origen ilícito a través de Los Sauces”.
De acuerdo con esa hipótesis, las empresas de Báez y del Grupo Indalo habrían transferido dinero a la sociedad inmobiliaria mediante contratos que aparentaban responder a actividades comerciales legítimas. El organismo consideró que esos movimientos permitían incorporar al patrimonio familiar recursos cuyo origen debía ser investigado.
En el caso de Máximo Kirchner, la querella le atribuyó un papel de organizador y sostuvo que participó en la administración y utilización de los fondos ingresados a la empresa.
La acusación también contempla la presunta recepción de dádivas por parte de Cristina Kirchner, vinculadas con operaciones realizadas con compañías de López y De Sousa. Por su parte, los empresarios fueron señalados por su presunta participación en las operaciones comerciales investigadas.
La hipótesis de la UIF sostiene que los pagos no respondían exclusivamente al alquiler de propiedades, sino que podían encubrir transferencias de dinero relacionadas con beneficios obtenidos mediante vínculos con el Estado.
Alquileres con sobreprecios de hasta el 150% y movimientos millonarios
Uno de los puntos centrales de la audiencia estuvo relacionado con los contratos celebrados entre Los Sauces y empresas vinculadas con el Grupo Indalo.
La UIF describió dos mecanismos comerciales que consideró simulados, mediante los cuales se habrían realizado pagos por alquileres de inmuebles en condiciones que, según la acusación, no respondían a operaciones habituales de mercado. Entre las sociedades mencionadas aparecen Álcalis de la Patagonia y M&S, vinculadas con Cristóbal López y Fabián De Sousa.
El organismo sostuvo que determinados contratos contemplaban valores superiores a los habituales, con sobreprecios estimados entre el 100% y el 150%. Parte de las operaciones cuestionadas involucró propiedades ubicadas en el complejo Madero Center, en la Ciudad de Buenos Aires, donde se investigaron pagos por alquileres y utilización de espacios comunes.
Según la querella, estos acuerdos habrían permitido justificar transferencias de dinero hacia la inmobiliaria de la familia Kirchner. La presentación indicó además que, entre 2009 y 2016, Los Sauces recibió un flujo de fondos cercano a los $26 millones, en el marco de contrataciones con empresas de los grupos investigados.
Para la UIF, el crecimiento patrimonial de la sociedad durante ese período constituye uno de los elementos que deben analizarse junto con los vínculos comerciales y las adjudicaciones estatales.
● COMODORO PY ● Juicio Hotesur-Los Sauces: según la acusación de la UIF, el dinero para comprar San José 1111 salió de una cuenta personal de Cristina Kirchner, ingresó a la inmobiliaria familiar y fue transferido sin dejar constancia de quién ordenó las operaciones. https://t.co/7tpAWnBiSN
— boga.ar (@boga_ar_) November 13, 2026
El departamento de San José 1111, también bajo investigación
La acusación incluyó referencias a operaciones vinculadas con inmuebles utilizados por integrantes de la familia Kirchner. Uno de ellos es el departamento de San José 1111, en el barrio porteño de Constitución, donde la expresidenta cumple actualmente prisión domiciliaria por su condena en la causa Vialidad.
La UIF cuestionó determinados movimientos bancarios realizados durante la adquisición de esa propiedad y sostuvo que existieron dificultades para reconstruir completamente el origen y el recorrido de los fondos.
Según la querella, se registró una operación por $4 millones vinculada con cuentas de la familia y de Los Sauces, que habría sido utilizada para financiar la compra del inmueble. El organismo consideró que la operatoria presentaba aspectos que debían examinarse dentro de la presunta maniobra general de lavado de activos.
Cómo sigue el juicio contra la expresidenta
La audiencia de este viernes se desarrolló ante el Tribunal Oral Federal N.º 5, integrado por los jueces José Michilini, Adriana Palliotti y Fernando Machado Pelloni. Cristina Kirchner, Máximo Kirchner y los demás imputados participaron de manera virtual, mientras que sus abogados, los representantes de la UIF y la fiscalía encabezada por Diego Velasco estuvieron presentes en los tribunales de Comodoro Py.
La expresidenta siguió el debate desde su domicilio de Constitución, donde cumple una condena de seis años de prisión en la causa Vialidad. Por su parte, Lázaro Báez participó desde el establecimiento penitenciario de Ezeiza.
Con la exposición de este viernes concluyó la lectura de la acusación de la UIF correspondiente a Los Sauces. La próxima audiencia está prevista para el miércoles 18 de noviembre, a las 10, cuando comenzará la lectura de la acusación fiscal relacionada con Hotesur, la sociedad vinculada con los hoteles de la familia Kirchner.
En ese tramo se examinarán las contrataciones hoteleras y los presuntos movimientos de dinero relacionados con empresarios que desarrollaron actividades comerciales con el Estado nacional.
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