PAMI, discapacidad y obra pública: las medidas de Milei que concentran mayor rechazo en una nueva encuesta
Un relevamiento nacional de AtlasIntel y Bloomberg evaluó 18 decisiones del Gobierno. El 77% considera un error reducir la cobertura de medicamentos del PAMI, mientras los recortes en discapacidad y la paralización de la obra pública también reciben fuertes cuestionamientos. La desaprobación presidencial supera el 60%, aunque algunas políticas conservan respaldo.
Pamela Orellana
Las políticas de ajuste del gobierno de Javier Milei enfrentan un marcado rechazo en la opinión pública, especialmente cuando afectan la cobertura de medicamentos, las prestaciones por discapacidad y la inversión en infraestructura. Una nueva encuesta nacional de AtlasIntel y Bloomberg revela que el 77% de los argentinos considera un error la reducción de la cobertura de medicamentos del PAMI, mientras otras decisiones centrales de la gestión libertaria también acumulan valoraciones negativas.
El estudio, denominado Latam Pulse Argentina, evaluó 18 medidas implementadas durante la presidencia de Milei y permitió identificar cuáles conservan acompañamiento y cuáles generan mayor resistencia. Los resultados muestran que las políticas vinculadas con la salud, la protección social y el financiamiento de servicios públicos se encuentran entre las peor calificadas.
La medición también registra un deterioro en la evaluación general del Presidente: el 60,6% desaprueba su gestión, frente al 36,2% que la aprueba, una diferencia negativa de 24,4 puntos porcentuales.
El relevamiento, publicado el viernes 13 de noviembre y correspondiente a la edición de octubre, se realizó entre el 5 y el 9 de noviembre de 2026 sobre 2.364 personas mayores de edad de todo el país, mediante la metodología digital Atlas RDR. La consultora informó un margen de error de dos puntos porcentuales y un nivel de confianza del 95%.
PAMI, discapacidad y obra pública encabezan el rechazo
El resultado más contundente corresponde a la reducción de la cobertura de medicamentos del Programa de Atención Médica Integral (PAMI), la obra social de jubilados y pensionados.
El 77% de los encuestados considera equivocada esa decisión, mientras apenas el 14% la califica como un acierto. La diferencia de 63 puntos porcentuales convierte a esta política en la peor evaluada entre las 18 medidas analizadas.
La valoración se produce después de las modificaciones que el Gobierno introdujo en el sistema de medicamentos gratuitos, con nuevos requisitos socioeconómicos para acceder a la cobertura total mediante subsidios por razones sociales.
Milei negocia el Presupuesto: concesiones al PRO, reclamos provinciales y una pulseada por los votosEl conflicto también tuvo repercusiones en la provincia de Buenos Aires, donde entidades médicas y prestadores denunciaron dificultades en la atención de afiliados del PAMI, demoras en pagos y problemas para sostener servicios asistenciales.
La segunda medida con mayor rechazo es la reducción del presupuesto de la Agencia Nacional de Discapacidad, considerada un error por el 71% de los consultados. Solamente el 19% la evalúa favorablemente.
El resultado aparece mientras continúa la discusión parlamentaria sobre el financiamiento de pensiones, tratamientos y prestaciones destinadas a personas con discapacidad.
La tercera decisión más cuestionada es la paralización de la obra pública nacional, con un 70% de respuestas negativas y apenas un 19% de valoraciones positivas.
El impacto de esa política se refleja en las disputas entre Nación y las provincias por proyectos de infraestructura interrumpidos, especialmente viviendas, rutas y obras de servicios básicos.
En territorio bonaerense, el gobierno provincial denunció que miles de viviendas quedaron sin terminar después de la suspensión de transferencias nacionales, mientras avanzó con programas propios para recuperar parte de las construcciones paralizadas.
Universidades, jubilaciones y salarios estatales también reciben fuertes cuestionamientos
El rechazo se extiende a otras decisiones relacionadas con el gasto público y los ingresos de distintos sectores de la población.
El 66% considera un error el recorte del financiamiento universitario y científico, frente al 27% que lo identifica como un acierto.
La cifra se conoce mientras las universidades nacionales reclaman mayores recursos para 2027 y mantienen diferencias con el Ejecutivo por los fondos destinados a funcionamiento, salarios docentes y nodocentes e investigación.
El veto al aumento de las jubilaciones aprobado por el Congreso también recibe un 66% de respuestas negativas, mientras solamente el 25% respalda esa decisión.
Otro de los resultados relevantes corresponde a los despidos y la caída de salarios en el sector público, considerados un error por el 64% de los participantes. El 29% evalúa favorablemente esa política, que incluye a trabajadores de la administración estatal, docentes, médicos, científicos y personal de las fuerzas de seguridad.
La liberación del precio de las empresas de medicina prepaga también registra una evaluación mayoritariamente negativa: el 63% la considera equivocada y el 26% la respalda.
En conjunto, estas respuestas muestran un patrón de rechazo particularmente elevado hacia las decisiones que modificaron las condiciones de acceso a servicios sanitarios, educativos y previsionales, así como los ingresos de trabajadores estatales.
Reforma laboral, tarifas y apertura de importaciones: qué opinan los argentinos
La encuesta también evaluó medidas económicas y regulatorias que forman parte del programa del Gobierno.
La reforma laboral registra un 56% de respuestas negativas y un 37% de valoraciones favorables. El resultado se conoce después de la aprobación de los cambios en la legislación del trabajo, en marzo de 2026, y en medio de las dificultades para recuperar el empleo registrado.
Por su parte, el alineamiento internacional con Estados Unidos e Israel es considerado un error por el 58% de los consultados, frente al 33% que lo respalda.
La reducción de los subsidios a las tarifas de electricidad y gas obtiene un 52% de evaluaciones negativas y un 42% de positivas.
Otras decisiones presentan diferencias más ajustadas. La apertura de importaciones es considerada un error por el 49% y un acierto por el 44%, mientras los beneficios fiscales para grandes inversiones en minería, energía y tecnología reciben un 48% de respuestas negativas y un 41% de positivas.
La derogación de la Ley de Alquileres registra un 46% de opiniones negativas y un 38% de favorables. La devaluación del peso aplicada al comienzo de la gestión obtiene un 48% de rechazo y un 37% de aprobación.
Los resultados exponen diferencias en la valoración de las políticas económicas, aunque la mayoría de las medidas consultadas recibe más respuestas negativas que positivas.
Las tres políticas de Milei que conservan mayor respaldo
El relevamiento también identifica decisiones del oficialismo que mantienen niveles significativos de aceptación.
La mejor evaluada es la eliminación de intermediarios en la entrega de planes sociales, considerada un acierto por el 65% de los encuestados, frente al 26% que la califica como un error.
En segundo lugar aparece la implementación del protocolo antipiquetes, con un 52% de aprobación y un 38% de rechazo.
La tercera medida con balance claramente favorable es el levantamiento del cepo para la compra de dólares, que obtiene un 51% de respuestas positivas frente al 32% de negativas.
El cierre y la fusión de ministerios presenta un resultado prácticamente dividido: el 48% lo considera un acierto y el 47% lo evalúa como un error.
Estas diferencias muestran que el respaldo a determinadas decisiones de ordenamiento administrativo, control de protestas o liberalización cambiaria no se traslada necesariamente al conjunto de las políticas públicas.
La encuesta identifica así un escenario de opiniones diferenciadas: mientras algunas iniciativas conservan apoyo mayoritario, las medidas vinculadas con prestaciones sociales, salud e inversión pública encuentran niveles de rechazo considerablemente superiores.
El rechazo al ajuste y el desafío político del Gobierno
La evaluación de las 18 medidas ofrece una perspectiva más detallada del clima político que la aprobación presidencial considerada de manera aislada.
Los datos muestran que 14 decisiones reciben más evaluaciones negativas que positivas, otras tres registran un respaldo claramente superior al rechazo y una presenta resultados prácticamente empatados.
El mayor cuestionamiento se concentra en áreas directamente vinculadas con las condiciones de vida de la población: medicamentos, discapacidad, obra pública, jubilaciones y universidades.
El resultado adquiere relevancia mientras el Ejecutivo negocia con sus aliados parlamentarios el Presupuesto 2027, que incluye discusiones sobre partidas universitarias, prestaciones por discapacidad y recursos destinados a las provincias.
En ese escenario, la desaprobación presidencial del 60,6% constituye otro indicador de las dificultades políticas que enfrenta la Casa Rosada para sostener el acompañamiento social a su programa económico.
La encuesta de AtlasIntel y Bloomberg deja una diferencia significativa entre las decisiones que todavía cuentan con respaldo y aquellas que concentran las críticas. El recorte de medicamentos del PAMI, con un 77% de rechazo, encabeza una lista en la que también aparecen discapacidad, obra pública, universidades y jubilaciones, cinco áreas que siguen ocupando un lugar central en las discusiones sobre el rumbo del Gobierno nacional.
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