Ley de Discapacidad: el Senado busca la sanción definitiva con un acuerdo que reúne a oficialismo y oposición
Mariana Portilla


El Senado de la Nación se prepara para una sesión clave en la que buscará convertir en ley el nuevo régimen de protección para las personas con discapacidad. La iniciativa, que ya obtuvo media sanción en Diputados, reúne el respaldo de La Libertad Avanza, el peronismo, el PRO, la UCR y bloques provinciales, un acuerdo poco habitual en un Congreso atravesado por las disputas entre el oficialismo y la oposición.
El proyecto, denominado Ley de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia Permanente del Sistema de Discapacidad, está previsto para la sesión del jueves 19 de noviembre. Su objetivo es establecer un esquema permanente de derechos, prestaciones y financiamiento, en reemplazo del carácter transitorio de la emergencia vigente, cuyo vencimiento está previsto para diciembre.
La presidenta del bloque libertario en la Cámara alta, Patricia Bullrich, impulsa su tratamiento después de que la propuesta recibiera 237 votos afirmativos en Diputados y consiguiera dictamen favorable en las comisiones del Senado.
La amplitud del respaldo parlamentario acerca la posibilidad de una sanción definitiva. Sin embargo, todavía resta resolver si el Gobierno insistirá con modificaciones vinculadas con el costo fiscal, una decisión que podría alterar los acuerdos alcanzados. El temario definitivo se establecerá durante la reunión de Labor Parlamentaria convocada para el miércoles 18 de noviembre, a las 15.
Un acuerdo que reúne a oficialismo y oposición
Uno de los aspectos más destacados del proyecto es el consenso político que consiguió durante su tratamiento legislativo. La Cámara de Diputados aprobó la iniciativa el pasado 21 de octubre, después de negociaciones que permitieron incorporar modificaciones y sumar el acompañamiento de sectores que inicialmente sostenían posiciones diferentes.
El entendimiento incluyó a La Libertad Avanza, Unión por la Patria y distintos bloques dialoguistas, que acordaron reemplazar la propuesta de prorrogar la emergencia por un régimen permanente. Posteriormente, el 4 de noviembre, el Senado emitió dictamen favorable sin introducir cambios, con el respaldo de los principales espacios políticos.
Bullrich destacó el trabajo realizado entre los distintos bloques y anticipó su intención de avanzar con la sanción definitiva. Además, consideró que se trata de una iniciativa necesaria para resolver problemas que el sistema arrastra desde hace años y sostuvo que el acuerdo demuestra la posibilidad de alcanzar consensos mediante el diálogo.
Estamos listos para tratar la Ley de Discapacidad en el Senado. Una ley necesaria para resolver un problema que lleva demasiados años en disputa y que, sin embargo, demostramos que podemos solucionarlo hablando. Y como vengo recalcando: el país que estamos construyendo es con todos los argentinos, sin que nadie quede afuera.
— Patricia Bullrich (@PatoBullrich) November 12, 2026
Pensiones y empleo: qué establece la nueva ley
Uno de los cambios centrales del proyecto está relacionado con las pensiones no contributivas por discapacidad y su compatibilidad con la actividad laboral. La iniciativa mantiene una prestación equivalente al 70% del haber jubilatorio mínimo y permite que sus beneficiarios puedan acceder a un empleo registrado o inscribirse en el monotributo sin perder automáticamente ese ingreso.
Para conservar el beneficio, los ingresos laborales no deberán superar el equivalente a dos salarios mínimos, vitales y móviles. La disposición está destinada a personas que cumplen las condiciones previstas en el régimen y cuentan con el Certificado Único de Discapacidad (CUD).
El objetivo es evitar que la incorporación al mercado de trabajo implique la pérdida inmediata de una prestación que cumple una función de protección económica. La propuesta busca así ampliar las posibilidades de inserción laboral y reducir los obstáculos que enfrentan las personas con discapacidad cuando intentan desarrollar una actividad remunerada. Este punto representa una de las principales modificaciones del esquema de prestaciones y forma parte de los acuerdos alcanzados durante el debate legislativo.
Otro de los capítulos importantes está vinculado con la continuidad de los servicios que reciben las personas con discapacidad y el financiamiento de las instituciones que los brindan. El proyecto mantiene el nomenclador único de prestaciones y establece mecanismos de actualización periódica de los aranceles según la evolución de la movilidad jubilatoria, vinculada con el Índice de Precios al Consumidor (IPC).
Este mecanismo busca otorgar mayor previsibilidad a profesionales, centros de rehabilitación, transportistas e instituciones que prestan servicios dentro del sistema. También garantiza la cobertura básica de protección médica mediante el programa federal Incluir Salud para quienes reciben pensiones por discapacidad.
En materia presupuestaria, la iniciativa dispone que los recursos asignados al sistema no podrán ser inferiores, en términos reales, a los correspondientes al ejercicio anterior.
Además, durante el debate en Diputados se incorporó una cláusula para regularizar los pagos pendientes a los prestadores, con un cronograma de cancelación de las compensaciones adeudadas. El texto también fija un plazo máximo de 30 días para que el Poder Ejecutivo reglamente la norma, en caso de que reciba sanción definitiva.

La iniciativa contempla también medidas para fortalecer la fiscalización de las prestaciones y verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos. Para ello, dispone la realización de auditorías periódicas mediante el intercambio de información entre distintos organismos públicos.
Entre las dependencias involucradas aparecen la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), el Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social (SINTyS) y el Registro Nacional de las Personas (RENAPER).
Los controles deberán desarrollarse bajo criterios de debido proceso inclusivo, contemplando las condiciones particulares de las personas alcanzadas por el régimen. El objetivo es mejorar los mecanismos de supervisión sin afectar arbitrariamente el acceso a las prestaciones.
La incorporación de auditorías también fue uno de los aspectos que permitieron acercar posiciones entre los distintos bloques durante las negociaciones parlamentarias.
Las diferencias dentro del Gobierno que podrían complicar la aprobación
A pesar del amplio respaldo parlamentario, la iniciativa todavía enfrenta un obstáculo dentro del propio oficialismo. Sectores del Poder Ejecutivo plantearon la posibilidad de introducir nuevas modificaciones al texto aprobado en Diputados, principalmente por las consecuencias presupuestarias de algunas disposiciones.
Entre los funcionarios que habrían impulsado esa revisión aparece el ministro de Economía, Luis Caputo, preocupado por compatibilizar las obligaciones previstas en la ley con las metas fiscales del Gobierno. Sin embargo, desde el entorno de Patricia Bullrich advirtieron que modificar el articulado en esta instancia podría poner en riesgo los consensos alcanzados.
La discusión sobre discapacidad se desarrollará en una semana de intensa actividad parlamentaria, marcada también por el tratamiento de otros proyectos impulsados por el Gobierno. La agenda incluye las negociaciones por el Presupuesto 2027 y la iniciativa para suspender las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).
En paralelo, la Cámara alta podría incorporar a la sesión del jueves la ratificación del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes y la denominada Ley Joaquín, que ya cuentan con media sanción de Diputados.

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