La crisis industrial se profundiza en Buenos Aires y la Provincia interviene para preservar el empleo
Pamela Orellana


La crisis industrial en la provincia de Buenos Aires suma nuevos conflictos y profundiza la preocupación por el futuro del empleo. Mientras el gobierno de Axel Kicillof interviene para intentar frenar despidos y preservar la actividad productiva, dos fábricas permanecen paralizadas pese a las conciliaciones obligatorias dictadas por el Ministerio de Trabajo. Los casos de Papelera del Sur, en Tornquist, y Bunge, en Campana, reflejan las dificultades para sostener la producción y los puestos laborales en distintos puntos del territorio bonaerense.
El ministro de Trabajo provincial, Walter Correa, volvió a responsabilizar al gobierno de Javier Milei por el deterioro del entramado productivo. El funcionario denunció que la Nación impulsa un programa de “industricidio”, cuestionó la apertura de importaciones y sostuvo que la Provincia está utilizando sus herramientas para defender las fuentes laborales, aunque reconoció que resultan insuficientes sin una política industrial nacional.
Correa denuncia un proceso de industricidio en territorio bonaerense
En declaraciones realizadas este martes 17 de noviembre, Correa se refirió especialmente al conflicto de Papelera del Sur y cuestionó la ausencia de una intervención nacional para preservar la actividad. Aseguró que la cartera bonaerense mantiene contacto permanente con los representantes sindicales y las autoridades municipales para buscar una salida que permita reabrir la planta.
El ministro afirmó que la Secretaría de Trabajo de la Nación abandonó sus responsabilidades en materia de protección del empleo y señaló que la apertura importadora perjudica actividades industriales históricas de la Provincia. También advirtió que el impacto resulta particularmente significativo por la concentración de producción nacional en territorio bonaerense.
El diagnóstico profundiza las advertencias que Correa había realizado durante el primer Foro Laboral de Junín, donde cuestionó las consecuencias de las reformas laborales y económicas nacionales. Allí sostuvo que los conflictos atravesaron una transformación: de las suspensiones y reducciones de jornadas se pasó a cierres de establecimientos, despidos masivos y empresas con dificultades financieras.
El funcionario comparó la situación actual con la crisis industrial de finales de los años noventa y reconoció las dificultades que enfrentan pequeñas y medianas empresas para sostener sus estructuras. También defendió las herramientas provinciales de acompañamiento productivo, aunque advirtió que sin una estrategia nacional de desarrollo industrial no alcanzan para revertir el deterioro.
Papelera del Sur: la empresa mantiene el cierre y la Provincia avanza con un sumario
En Tornquist, el conflicto de Papelera del Sur continúa sin resolverse. La fábrica, perteneciente al Grupo HZ y operada por Interpack S.A., mantiene cerradas sus instalaciones pese a la conciliación obligatoria dictada el 12 de noviembre por el Ministerio de Trabajo bonaerense.
La disposición ordenó retrotraer la situación al 4 de noviembre, reincorporar al personal y restablecer las condiciones laborales previas al conflicto. Sin embargo, la compañía impidió el ingreso de los 160 trabajadores afectados, a quienes otorgó licencias con goce de sueldo mientras mantiene su decisión de no reanudar la producción.
La intervención provincial sumó una nueva instancia. El delegado regional del Ministerio de Trabajo, Gustavo Ruiz Díaz, confirmó que las autoridades constataron el incumplimiento y anunciaron actuaciones administrativas contra la empresa. Aunque se mantienen los pagos salariales, la compañía no permite que los empleados retomen sus tareas.
El establecimiento, dedicado a la fabricación de cartulina reciclada para envases, llevaba aproximadamente siete meses sin actividad productiva cuando se anunció su cierre definitivo. De los 160 puestos comprometidos, 110 corresponden a trabajadores bajo convenio colectivo y 50 a personal fuera de convenio.
Desde el Gobierno bonaerense vinculan el conflicto con las dificultades para competir con productos importados. Correa señaló que el grupo empresario mantiene otras instalaciones en territorio provincial y aseguró que la prioridad oficial es evitar que Tornquist pierda una actividad industrial histórica.

Los trabajadores continúan con un acampe frente a la fábrica y reclaman que las autoridades empresariales participen directamente de las negociaciones. La paralización también afecta a comercios, proveedores y otras actividades vinculadas con el funcionamiento de la papelera.
Bunge: los trabajadores ingresaron, pero denuncian que no les asignan tareas
La situación de Bunge, en Campana, abrió otro frente para la administración provincial. El 16 de noviembre, la Delegación Regional del Ministerio de Trabajo dictó la Disposición 565/2026, que estableció una conciliación obligatoria de 15 días para intentar resolver el conflicto provocado por el cierre de la planta de fertilizantes.
La medida, vigente desde el martes 17, intimó a la multinacional a retrotraer los despidos, pagar los salarios correspondientes y asignar tareas normales y habituales a los trabajadores. También dispuso que el sindicato suspendiera las medidas de fuerza durante el período de negociación.
Sin embargo, la reapertura de los portones no significó el regreso a la actividad. Según denunció Leandro Straschenco, secretario gremial del Sindicato del Personal de Industrias Químicas y Petroquímicas de Zárate, los operarios pudieron ingresar en sus horarios habituales, pero permanecieron reunidos en un comedor sin recibir tareas.
El gremio considera que esa situación constituye un incumplimiento de la conciliación obligatoria y anunció que reclamará ante la empresa y las autoridades laborales. Más de un centenar de puestos de trabajo están directamente comprometidos por la decisión de discontinuar la producción.
Bunge había anunciado el cierre de la fábrica a fines de octubre. La compañía fundamentó su decisión en limitaciones de infraestructura, rezago tecnológico y cambios en las condiciones del mercado. Los representantes sindicales cuestionaron esos argumentos y señalaron que se habían realizado tareas de mantenimiento e inversiones poco antes del anuncio.

La intervención provincial llegó después de tres audiencias sin acuerdo. En la última participaron representantes de la empresa y funcionarios bonaerenses de las áreas de Trabajo, Industria y Comercio, que buscaron alternativas para preservar la actividad.
Dos conflictos que ponen a prueba las conciliaciones obligatorias
Los casos de Tornquist y Campana presentan situaciones diferentes, pero comparten un problema central: las conciliaciones obligatorias permitieron abrir instancias de negociación, aunque todavía no lograron restablecer la producción.
En Papelera del Sur, los trabajadores permanecen fuera de la fábrica. En Bunge pudieron ingresar, pero denuncian que no reciben tareas efectivas. En ambos establecimientos, la Provincia intervino mediante sus organismos laborales para exigir el restablecimiento de las condiciones anteriores al conflicto.
Las próximas audiencias están previstas para el viernes 20 de noviembre: Papelera del Sur, a las 9:30, y Bunge, a las 11. Las reuniones serán determinantes para evaluar las posiciones empresariales y la posibilidad de avanzar hacia soluciones que preserven los puestos laborales.
El deterioro industrial alcanza a toda la Provincia
Los conflictos se desarrollan en un escenario de creciente tensión laboral. Un relevamiento del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) registró 953 conflictos en el país entre enero de 2024 y el 5 de noviembre de 2026. Buenos Aires concentró el 27,9% de los episodios identificados, mientras que la industria representó el 65,3% del total nacional.
El informe también señaló un cambio en las características de la conflictividad: los cierres, quiebras y concursos preventivos pasaron de representar el 6,2% de los casos relevados en 2024 al 39,9% durante 2026.
Para Correa, el deterioro responde a decisiones económicas que exceden las competencias provinciales. Mientras la gestión de Kicillof sostiene las instancias de negociación y fiscalización, la continuidad de las fábricas y la preservación del empleo siguen dependiendo de que las empresas reviertan sus decisiones de paralizar la producción.
Las audiencias del viernes volverán a poner a prueba esas gestiones, con cientos de puestos de trabajo y dos actividades industriales bonaerenses pendientes de una solución.

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