Más demanda y una reforma trabada: Kreplak busca apoyo de los intendentes para reorganizar la salud bonaerense
Mariana Portilla


Nicolás Kreplak volvió a llevar la reforma sanitaria bonaerense a una mesa con intendentes y responsables municipales de Salud. Con el proyecto del Sistema Integrado de Salud de la Provincia de Buenos Aires (SIPBA) todavía pendiente en el Senado, el ministro expuso sus alcances durante una nueva asamblea del Consejo de Salud Provincial (CoSaPro), donde también se discutieron la planificación para los próximos cinco años y los problemas de atención de afiliados del PAMI.
El encuentro se realizó en el Parque Yrigoyen de General San Martín, con participación de autoridades provinciales, intendentes, equipos municipales y directores de regiones sanitarias. La convocatoria reunió a representantes de diferentes espacios políticos y combinó el debate sobre la ley con el trabajo para elaborar el Segundo Plan Quinquenal de Salud.
La instancia de diálogo llega después de meses de negociaciones legislativas. El SIPBA encontró reparos por el financiamiento y la autonomía de los municipios, incluso entre dirigentes del propio oficialismo. Aunque obtuvo dictámenes favorables, esos acuerdos no alcanzaron para garantizar su aprobación en el recinto.
Un plan a cinco años y una ley que todavía espera
La asamblea tuvo como uno de sus objetivos avanzar en la construcción del Segundo Plan Quinquenal, mediante seis talleres de trabajo con equipos técnicos y autoridades municipales y provinciales. La propuesta apunta a definir prioridades y sostener una planificación compartida del sistema sanitario.
Durante la apertura, Kreplak defendió la coordinación con los gobiernos locales y valoró los resultados de ese trabajo conjunto. “Tenemos enormes desafíos por delante, pero también una experiencia y una construcción colectiva que nos permiten seguir avanzando”, afirmó.
El ministro presentó también los avances de la política provincial de Atención Primaria de la Salud y abrió un intercambio con las autoridades municipales. El desarrollo del nuevo plan convive con el recorrido del SIPBA, la herramienta legislativa con la que el Ejecutivo busca dar una base institucional a la integración sanitaria.
Nicolás Kreplak, ministro de Salud bonaerense.
Qué pretende cambiar el sistema integrado
El SIPBA propone coordinar los distintos subsectores de la salud bajo la rectoría del Ministerio de Salud provincial, con participación de los municipios, la comunidad y otros actores: sindicatos, colegios profesionales, universidades, financiadores y prestadores.
Entre sus ejes aparecen la Red Bonaerense de Atención y Cuidados, la transformación digital y la jerarquización de la fuerza laboral. La red busca organizar la atención según niveles de complejidad y mejorar la articulación entre establecimientos que hoy funcionan con mecanismos diferentes de información, financiamiento y derivación.
El diagnóstico que sostiene la propuesta es que la fragmentación dificulta conocer los recursos disponibles, planificar inversiones, organizar la prevención y garantizar la continuidad de los cuidados cuando una persona necesita pasar de un establecimiento a otro.
Durante su exposición ante los senadores en agosto, Kreplak había defendido el horizonte de la reforma: “Estos proyectos no son para beneficiar a una gestión. Estamos pensando un sistema de salud a largo plazo”.
La reforma ingresó a la Cámara alta junto con la iniciativa para crear el Centro de Industria Farmacéutica Bonaerense, pero ambos expedientes terminaron siguiendo caminos diferentes. El oficialismo decidió continuar el tratamiento del SIPBA en la Comisión de Presupuesto, para incorporar aportes de los legisladores y buscar los consensos pendientes.
Pero los reparos no surgieron únicamente de la oposición. En octubre, intendentes vinculados con el Movimiento Derecho al Futuro, dirigentes del Frente Renovador y representantes de otros espacios reclamaron revisar aspectos del proyecto.
La preocupación central fue que las responsabilidades de atención, derivación y prestación de servicios pudieran aumentar los gastos municipales sin garantías suficientes de financiamiento. También aparecieron objeciones sobre las condiciones para pagar salarios médicos superiores a los acuerdos de referencia, una herramienta que algunos distritos utilizan para sostener sus planteles.
Durante la negociación se introdujeron cambios. La adhesión de municipios y prestadores privados a la red quedó establecida como voluntaria, y se eliminaron facultades provinciales que podían intervenir en decisiones sobre la instalación de establecimientos o la incorporación de servicios.
Además, se limitaron las obligaciones extraordinarias de las instituciones privadas a situaciones de emergencia sanitaria formalmente declaradas. Aun con esas modificaciones, el oficialismo no consiguió cerrar todos los acuerdos necesarios para aprobar el sistema integrado.
PAMI, emergencias y fondos: los desafíos detrás de la reforma sanitaria
La asamblea también abordó la atención de los afiliados del PAMI y su impacto en los sistemas locales. Durante el encuentro se presentó una propuesta de declaración para solicitar la intervención del Ministerio de Salud de la Nación ante las dificultades de la red prestacional.
El pedido de respuestas al Gobierno nacional incluyó, además, acompañamiento para afrontar las contingencias que podrían producirse ante El Niño. Ambos planteos formaron parte de una jornada en la que también se evaluó el funcionamiento de los consejos regionales de Salud durante 2026.
Estas demandas dieron un marco al debate sobre la integración sanitaria: cómo coordinar la atención entre jurisdicciones y con qué recursos sostenerla. La reunión en San Martín permitió retomar esa discusión con autoridades de distintos partidos, mientras siguen pendientes los acuerdos legislativos sobre financiamiento y competencias.
Kreplak busca dar respaldo legal a esa planificación compartida. Los intendentes que formularon reparos, en tanto, reclaman precisar qué responsabilidades asumirá cada jurisdicción, con qué fondos y con qué margen de decisión. Allí continúa uno de los principales obstáculos para destrabar una reforma que el Gobierno considera estratégica y que todavía espera su aprobación en el Senado.

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