Jubilaciones en disputa e interna gremial: judiciales llevan al IPS otro reclamo que presiona a Kicillof
Mariana Portilla


El reclamo por las jubilaciones judiciales vuelve este miércoles a la sede central del Instituto de Previsión Social (IPS). Las departamentales Dolores, Junín, Moreno–Rodríguez, San Nicolás y San Martín de la Asociación Judicial Bonaerense (AJB) convocaron a un acto en calle 47 entre 5 y 6 de La Plata, para exigir que los incrementos correspondientes al régimen de subcategorías se incorporen a los haberes de jubilados y pensionados.
La protesta apunta contra las autoridades previsionales y el gobierno de Axel Kicillof, pero también expone diferencias dentro del sindicato. Las seccionales convocantes cuestionan la respuesta de la conducción provincial frente a un conflicto que comenzó con la aplicación del Acuerdo 4093 de la Suprema Corte y que continúa abierto pese a pronunciamientos del Tribunal y gestiones institucionales.
Según anunciaron, presentarán un petitorio con cientos de firmas para rechazar lo que consideran una “violación del régimen de movilidad jubilatoria” y una creciente desigualdad entre trabajadores activos y retirados. La convocatoria da continuidad a las acciones realizadas el 29 de octubre ante delegaciones del IPS en distintos puntos bonaerenses.
El adicional que está en el centro del conflicto
El reclamo se concentra en el sistema de subcategorías por reconocimiento de la carrera judicial, cuya implementación comenzó con los haberes de julio de 2023. Las departamentales sostienen que las mejoras liquidadas al personal en actividad no fueron trasladadas a las jubilaciones y pensiones correspondientes.
El esquema contempla porcentajes diferentes según la trayectoria. De acuerdo con la información actualizada de la Suprema Corte, alcanza el 40% para la subcategoría A1, correspondiente a quienes tienen desde 30 años de antigüedad; 35% para la A, 30% para la B, 25% para la C, 20% para la D y 10% para la E. La subcategoría F no tiene un porcentaje adicional.
Para los convocantes, excluir ese componente de los haberes previsionales rompe la relación que debe existir entre los ingresos de quienes continúan trabajando y los de quienes se jubilaron. El pedido busca que el IPS aplique la movilidad sobre las subcategorías que correspondan a cada beneficiario.
La demanda ya había sido presentada en Junín, donde jubilados y pensionados entregaron un petitorio durante la jornada de octubre. Allí reclamaron que el organismo liquidara los haberes incluyendo ese concepto y atribuyeron su exclusión a una decisión que afecta sustancialmente sus ingresos.
El conflicto tiene un antecedente institucional relevante. Mediante la Resolución SC 2039/26, registrada en julio y comunicada a representantes gremiales y de magistrados en agosto, la Suprema Corte aclaró que los aumentos derivados de las subcategorías están alcanzados por la movilidad y deben trasladarse al sector pasivo.
En el texto, el Tribunal sostuvo que “el sistema de subcategorías alcanza a todos los operadores judiciales, sin excepción”. También indicó que la adecuación previsional debe considerar la trayectoria que tenía cada persona al momento de su cese.
Al respecto, pidió al IPS revisar el criterio de su Resolución 23.978 e implementar las adecuaciones en un plazo razonable. Además, distinguió entre la actualización de los haberes y las diferencias anteriores reclamadas, cuyo tratamiento dejó sujeto a las disponibilidades presupuestarias del organismo.
La protesta también expone la disputa dentro de la AJB
Las cinco departamentales dirigen parte de sus críticas a la conducción provincial encabezada por Hugo Russo, a la que cuestionan por la falta de acciones gremiales y por los acuerdos salariales alcanzados con el Ejecutivo. Según el cálculo difundido por los organizadores, esas negociaciones convalidaron una pérdida de salario real acumulada del 32% entre 2023 y 2026.
El cuestionamiento alcanza a la estrategia paritaria del gremio y se produce tras el último acuerdo con la Provincia. Como informó GRUPOLAPROVINCIA.COM, las asambleas judiciales aceptaron una suba del 6% para octubre y noviembre, distribuida en dos tramos del 3% calculados sobre los haberes de septiembre, con una nueva instancia de negociación prevista para diciembre.
La conducción provincial informó que la propuesta fue aprobada “por amplísima mayoría” en las asambleas de las 20 departamentales. También precisó que jubilados y pensionados percibirían ambos tramos juntos con los haberes de noviembre, debido al cierre del calendario de liquidación del IPS.
El acuerdo dejó abiertas otras demandas sobre recomposición salarial, diferencias entre jurisdicciones y condiciones laborales. La cobertura de cargos y el financiamiento judicial también forman parte de una agenda que continuará en la discusión de fin de año.

El presupuesto agrega otra negociación pendiente
El conflicto previsional se superpone con el debate por los recursos de 2027. La AJB calculó en $3,69 billones las necesidades presupuestarias del Poder Judicial, mediante una propuesta que combina salarios, personal, subcategorías e infraestructura.
El informe difundido en octubre identificó una diferencia de 3.209 puestos entre los cargos presupuestados y el personal efectivo y señaló que, a junio, existían 105 organismos creados por ley que todavía no funcionaban. El gremio vinculó esas carencias con la sobrecarga de tareas y las dificultades para atender una demanda creciente.
Con ese escenario, la convocatoria ante el IPS concentra una exigencia inmediata: que el reconocimiento de la movilidad se traduzca en los haberes que cobran jubilados y pensionados. La próxima revisión salarial y la negociación presupuestaria mantienen abiertas otras discusiones, mientras las departamentales llevan a la calle un reclamo que también atraviesa la interna gremial.

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