Lázaro Báez: los negocios bajo sospecha desde la cárcel, los audios y la disputa por su fortuna
Audios comprometedores, alquileres de propiedades embargadas y movimientos millonarios revelan el alcance de una nueva investigación por presunto lavado de dinero. Mientras la Justicia reconstruye las operaciones que habría dirigido desde prisión, avanza sobre Austral Agro para recuperar parte de las multas millonarias de la Ruta del Dinero K.
Pamela Orellana
La situación judicial de Lázaro Báez sumó un nuevo capítulo con una resolución que afecta directamente su patrimonio. El Tribunal Oral Federal N°4 ordenó avanzar con la liquidación de las acciones de Austral Agro S.A., una de las empresas del empresario santacruceño, para afrontar las multas impuestas en la causa Ruta del Dinero K. La decisión se conoció mientras otra investigación intenta establecer si Báez continuó administrando propiedades, cobrando alquileres y realizando operaciones comerciales desde la cárcel.
La resolución fue dictada el viernes 13 de noviembre por la jueza Valeria Rico, a pedido de la fiscalía, y alcanza al paquete accionario de una compañía que reúne estancias, ganado y otros activos. El 70% de Austral Agro pertenece a Báez y el 30% restante a su hijo Martín Báez, ambos condenados por lavado de dinero y con sanciones económicas pendientes.
El empresario, que cumple una condena unificada de 15 años de prisión por las causas Vialidad y Ruta del Dinero K, enfrenta además una nueva imputación por presunto lavado de activos, asociación ilícita, insolvencia fraudulenta y defraudación. La acusación sostiene que habría utilizado a personas de su confianza para mantener en funcionamiento negocios alcanzados por restricciones judiciales.
La Justicia ordenó liquidar una empresa para recuperar más de US$600 millones
La resolución sobre Austral Agro apunta a ejecutar las multas económicas que permanecen impagas por la condena de lavado de dinero.
Según los montos establecidos en el expediente, Lázaro Báez debe afrontar US$329.237.200, mientras que su hijo Martín adeuda US$274.364.333. En conjunto, las sanciones superan los 603 millones de dólares, aunque el valor de los bienes que puedan recuperarse dependerá de las tasaciones y del proceso de ejecución.
La jueza Rico dispuso inscribir las acciones de la empresa a nombre del Estado nacional, con asignación específica a la Unidad de Información Financiera (UIF). También ordenó la intervención urgente de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), que deberá asumir el control operativo de la sociedad y avanzar en la administración de sus activos.
La empresa posee establecimientos rurales en Santa Cruz, entre ellos las estancias La Entrerriana, La Santafesina, La Ana, La Verdadera Argentina y Coronel Guarumba. También figuran vehículos y ganado dentro de su patrimonio.
La liquidación todavía no está concretada. La resolución puede ser apelada ante la Cámara Federal de Casación Penal y requiere una valuación patrimonial para determinar el alcance económico de los activos.
La AABE deberá presentar un informe sobre las gestiones realizadas dentro de los diez días hábiles establecidos en la resolución.
Los audios desde Ezeiza que revelan órdenes sobre propiedades y alquileres
El avance sobre Austral Agro coincide con la difusión de una serie de conversaciones telefónicas que forman parte de la investigación desarrollada por la Fiscalía Federal de Río Gallegos, a cargo de Julio Zárate.
Las grabaciones registran diálogos entre Báez y Cristian Sebastián Ibáñez, conocido como Budín, a quien los investigadores identifican como uno de sus principales operadores en Santa Cruz.
En una de las comunicaciones, el empresario afirma: "El dueño de la historia acá soy yo", mientras discute quién debe tomar decisiones sobre sus propiedades y cuestiona la intervención de familiares y abogados.
Otros intercambios muestran discusiones sobre la administración de las estancias La Entrerriana y Alquinta. Báez exige que se respeten sus designaciones, reclama cambios en el personal y anticipa que supervisará personalmente las decisiones, pese a encontrarse detenido.
Las escuchas también contienen referencias a contratos de alquiler, cobros pendientes, operaciones con ganado y administración de inmuebles comerciales.
Para la fiscalía, esas conversaciones constituyen indicios de que el empresario habría seguido tomando decisiones sobre bienes sujetos a embargos, decomisos y restricciones patrimoniales.
La investigación también incorporó documentación secuestrada durante los allanamientos, entre ella dos cuadernos con anotaciones sobre pagos, propiedades, ingresos y personas vinculadas con los negocios.
Uno de esos registros fue encontrado en poder de Báez dentro del establecimiento penitenciario. El otro pertenecía a su pareja, Claudia Insaurralde, señalada por los investigadores como una de las personas que habría participado en la administración de los bienes.
Una estructura investigada por movimientos de casi $391 millones
La nueva causa fue formalizada ante el juez federal de Garantías de Río Gallegos, Claudio Marcelo Vázquez, con intervención de la fiscalía local y de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC).
La acusación comprende distintas maniobras vinculadas con sociedades, establecimientos rurales, alquileres y movimientos financieros. Los investigadores examinan un circuito de aproximadamente $390.880.000, que habría funcionado mediante transferencias entre personas del entorno del empresario y operaciones comerciales realizadas sobre bienes alcanzados por decisiones judiciales.
Entre los elementos analizados aparecen cuentas bancarias, billeteras virtuales, contratos agropecuarios y registros de pagos.
La hipótesis fiscal sostiene que la organización no necesitó constituir nuevas compañías para movilizar recursos, sino que habría aprovechado la estructura patrimonial que Báez conservaba a través de sociedades y propiedades existentes.
Una de las operaciones investigadas corresponde a un contrato celebrado en marzo de 2025 entre Austral Agro y Paula Beatriz Godfrid, relacionado con la incorporación de 7.000 ovejas para cría y engorde en la estancia Coronel Guarumba.
Según la acusación, ese acuerdo habría servido para justificar movimientos de dinero hacia personas vinculadas con la administración de los campos. En ese circuito aparecen pagos mensuales de $5 millones en concepto de arrendamiento.
También se detectó un contrato sobre la estancia La Entrerriana, firmado en mayo de 2026, que establecía un alquiler mensual de $2 millones a favor de una operación vinculada con Ibáñez.
Los registros secuestrados señalarían una deuda acumulada de $12 millones por esos alquileres, circunstancia que la fiscalía considera relevante para investigar si los contratos respondían a operaciones reales o a acuerdos simulados.
En conjunto, 16 personas quedaron involucradas en dos investigaciones judiciales conexas, relacionadas con presuntas maniobras patrimoniales y una organización dedicada al tráfico de estupefacientes.
La conexión con una causa narco y los movimientos en dólares
La investigación sobre los negocios de Báez surgió a partir de una causa por presunto narcotráfico en la Patagonia.
Durante el seguimiento de personas sospechadas de integrar una organización dedicada al transporte y comercialización de cocaína, los investigadores detectaron conversaciones que vinculaban a Ibáñez con el empresario detenido.
En esas comunicaciones, Báez aparecía mencionado como "el Tío", mientras que Ibáñez surgía como un intermediario entre las actividades comerciales y el entorno del excontratista de obra pública.
La pesquisa sobre narcotráfico incluyó un procedimiento relacionado con el transporte de 60 kilos de cocaína y permitió identificar operaciones económicas que motivaron la apertura de otro expediente por presunto lavado de activos.
Los investigadores también detectaron referencias a una posible financiera en El Calafate que habría recibido movimientos de hasta US$50.000 semanales, además de transferencias y operaciones comerciales cuya procedencia se encuentra bajo análisis.
La coincidencia de personas, bienes y movimientos financieros es uno de los elementos que conectan ambas investigaciones.
Ibáñez fue detenido junto con otras personas investigadas, mientras que Insaurralde también quedó privada de su libertad por su presunta intervención en las maniobras patrimoniales.
La acusación contra Báez en este nuevo expediente se concentra en el supuesto manejo irregular y lavado de activos. La investigación por narcotráfico constituye una causa conexa cuyo alcance y responsabilidades deben ser determinados judicialmente.
Luciani reclamó medidas urgentes sobre los bienes embargados
Las revelaciones también provocaron una presentación de los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola, que intervinieron en la causa Vialidad.
Ambos solicitaron al Tribunal Oral Federal N°2 que adopte medidas para asegurar los bienes incluidos en los decomisos y evitar que continúen siendo explotados comercialmente fuera del control judicial.
El planteo se produjo después de que la investigación de Río Gallegos señalara que parte del patrimonio alcanzado por embargos y órdenes de decomiso habría seguido generando ingresos mediante alquileres y otras operaciones.
El reclamo fiscal comprende propiedades que ya habían sido identificadas para su recuperación por el Estado, incluidas algunas registradas bajo administración judicial para futuros procedimientos de venta.
El tribunal tomó conocimiento de la presentación y vinculó su tratamiento con gestiones y requerimientos de información que se encuentran pendientes ante distintos organismos.
La disputa sobre el patrimonio del empresario forma parte de la ejecución de las condenas por corrupción y lavado de dinero. En mayo de este año, la fiscalía de Vialidad había solicitado avanzar sobre un nuevo conjunto de bienes vinculados con los condenados, entre ellos 128 inmuebles asociados a empresas de Báez.
Los procesos de recuperación patrimonial también se desarrollan mientras avanzan otras causas relacionadas con las antiguas contrataciones de obra pública y las operaciones económicas de sociedades vinculadas con el empresario.
Qué puede pasar con Austral Agro y las nuevas investigaciones
La resolución del Tribunal Oral Federal N°4 abre una nueva etapa en la ejecución de las multas impuestas a Báez y su hijo. El avance dependerá de las eventuales apelaciones, la valuación de las acciones y las gestiones que realice el organismo estatal encargado de administrar la compañía.
Mientras tanto, la fiscalía de Río Gallegos continuará investigando los movimientos financieros, los contratos y las comunicaciones que motivaron las nuevas imputaciones.
El próximo paso patrimonial concreto será el informe de la AABE sobre Austral Agro, mientras la Justicia deberá determinar si las operaciones atribuidas a Báez y su entorno constituyeron un mecanismo para mantener bajo su control bienes embargados y canalizar ingresos por fuera de las restricciones judiciales.
La combinación de audios, documentación comercial y resoluciones sobre su patrimonio coloca nuevamente al empresario en el centro de un expediente judicial, esta vez por actividades que habría desarrollado mientras ya cumplía condena.
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