Mundo Agencia Télam 10 de febrero de 2022

Familiares de militares presos por crimenes durante la dictadura llevaron reclamos a Lacalle Pou

El presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, se reunio esta semana con representantes de Familiares de Prisioneros Politicos, una organizacion que agrupa a allegados a militares y policias condenados por violaciones a los derechos humanos durante la

El presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, se reunió esta semana con representantes de Familiares de Prisioneros Políticos, una organización que agrupa a allegados a militares y policías condenados por violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura, presos en los penales de Domingo Arena y Coraceros o con prisión domiciliaria, se informó hoy oficialmente.
El ministro de Defensa, Javier García, confirmó hoy en conferencia de prensa la realización del encuentro y aclaró que Lacalle Pou "ha recibido a todo el mundo que se lo ha pedido".
Un comunicado difundido por el colectivo explicó que se trató de "denunciar la gravísima situación que están padeciendo ciudadanos uruguayos en Uruguay, privados de libertad en forma ilegítima y arbitraria, a consecuencia de denuncias por hechos acaecidos durante los años 70 y 80?.
"Nuestro reclamo es en defensa de la vida y la dignidad de nuestros prisioneros políticos -cuyo promedio de edad es 77 años-; en velar por los derechos y garantías que deberían asistirles en un Estado de Derecho y en procura que cesen las consecuencias negativas que sufren en clara violación de la normativa nacional e internacional" firmada por el país, señala el texto, citado por el sitio de La Diaria.
Diego Flores, integrante de Familiares y yerno de Ariel Ubillos (procesado por el asesinato del estudiante Hugo Leonardo de los Santos en setiembre de 1973), dijo que Lacalle Pou, que estuvo solo en la reunión, ni dio su opinión personal ni se comprometió a una respuesta, según relató al noticiero Telemundo.
El grupo respaldó el proyecto de Cabildo Abierto -integrante de la alianza gubernamental- para darle prisión domiciliaria a todos los mayores de 65 años, pero dejó en claro que la salida final es la derogación de la ley interpretativa de la llamada Ley de Caducidad.
En Uruguay nadie está condenado por delitos de lesa humanidad, porque esa figura se estableció en 2006 y los tribunales entendieron que la ley penal no es retroactiva.
Pero sí hay exmilitares presos encontrados responsables de homicidios especialmente agravados cometidos durante la dictadura. (Télam)

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