El Congreso de Nicaragua autorizó la creación de tres universidades públicas a partir de la infraestructura de varios centros de estudios declarados ilegales por el mismo Parlamento o por el Gobierno, entre ellos uno que fue emblemático en las protestas contra el Ejecutivo de Daniel Ortega en 2018.
"La Asamblea Nacional, en un hecho histórico, está aprobando tres leyes que nacionalizan las anteriores universidades privadas que se les canceló la personería jurídica", destacó el diputado oficialista Carlos López.
Según la decisión del Legislativo, que tiene una mayoría abrumadora del gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), las nuevas universidades podrán "solicitar libre de todo tributo" el traspaso de los bienes de las universidades privadas a las que recientemente se les retiró el derecho a funcionar.
La Universidad Nacional Politécnica (UNP) reemplazará a la privada Universidad Politécnica de Nicaragua (UPOLI), sede de fuertes protestas contra Ortega desde 2018.
Las manifestaciones de estudiantes de esa casa desencadenaron una crisis política y represión policial con 355 fallecidos, según cálculos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Ortega, en el poder desde el 2007, ganó en noviembre pasado su reelección en comicios cuestionados por la cantidad de opositores presos –entre ellos 7 candidatos presidenciales- y la cancelación de 3 partidos.
Desde el 1 de febrero se llevó a juicio y se condenó a algunos de esos dirigentes presos, todos por violar la llamada Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y Autodeterminación para la Paz.
El Parlamento también creó la Universidad Estatal Ricardo Morales Avilés, sobre la base de las ahora extintas Universidad Hispanoamericana (UHISPAM), Universidad Nicaragüense de Estudios Humanitarios (UNEH), Universidad Popular de Nicaragua (UPONIC) y la Universidad Pablo Freire (UPF).
También la Universidad Nacional Francisco Luis Espinoza Pineda, que operará con los activos de la Universidad Católica Agropecuaria del Trópico Seco.
Todas serán supervisadas por el Consejo Nacional de Universidades (CNU).
Para el Ministerio de Gobernación, que la semana pasada el retiro de las licencias, los centros de estudios incumplieron con las leyes al no reportar sus estados financieros ni dar cuenta del origen de sus fondos.
Para el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), "el régimen Ortega-Murillo continúa su estrategia de exterminio generalizado".
Y un grupo de abogados constitucionalistas, citado por el sitio 100Noticias, denunció que la decisión de la Asamblea Nacional viola la Constitución local, que en su artículo 44 establece que las universidades no pueden ser intervenidas.
“Sus bienes y rentas no podrán ser objeto de intervención, expropiación ni embargo, excepto cuando la obligación que se haga valer tenga su origen en contratos civiles, mercantiles o laborales”, señala el texto. (Télam)