La Camara Federal archivo denuncia contra diputado Waldo Wolf pero no lo sobreseyo
La Cámara Federal porteña archivó hoy una denuncia de la actriz Florencia Peña contra el diputado de Juntos por el Cambio Waldo Wolf.
"No corresponde el dictado de sobreseimiento (que pidió la defensa) sino el archivo de las actuaciones" por "imposibilidad de proceder", concluyeron los camaristas Martín Irurzun y Eduardo Farah, según la resolución a la que tuvo acceso Télam.
En disidencia votó el camarista Roberto Boico, quien se mostró favorable a seguir adelante con la investigación, como había resuelto el juez del caso Marcelo Martínez De Giorgi.
Irurzun y Farah rechazaron un planteo de la defensa de Wolf para dictarle el sobreseimiento pero archivaron la causa porque los delitos posibles no encuadran en lo sucedido, a raíz del carácter de diputado nacional del denunciado.
"De promoverse por las vías procesalmente adecuadas la acción en torno a otras hipótesis -cuya sustanciación obedece a procedimientos distintos a éste-, deberá ser dicho ámbito el propicio para tratar las restantes cuestiones traídas a colación en el incidente", concluyeron
Las manifestaciones objetadas "vale remarcar de un tenor ciertamente cuestionable, por el modo que refirieron a parte de las personas a que hicieron alusión", advirtieron los jueces, "poseían una conexión con las contingencias propias de la participación de los implicados -diputados nacionales- en la política partidaria", analizaron.
En su voto en disidencia y a favor de seguir adelante con la causa abierta a Wolf, el camarista Boico remarcó que la "inmunidad de opinión" con la que cuentan los legisladores en el ejercicio de su función no debe ser entendida "como neutralizador u obstáculo para el desarrollo de una investigación criminal, siempre y cuando lo propalado constituya -hipotéticamente- una enunciación que exprese un caso de violencia de género".
Florencia Peña también denunció al diputado nacional de JxC Fernando Iglesias.
La denuncia se presentó por supuesto "incumplimiento de los deberes de funcionario público por haber cometido graves hechos de violencia psicológica, simbólica, mediática e institucional contra la mujer”. (Télam)
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