La doble moral de Ritondo: mientras defiende la transparencia, su fortuna levanta sospechas
El jefe del bloque PRO en Diputados rompió el silencio tras casi un mes de especulaciones, pero sus declaraciones no lograron disipar las dudas sobre el origen de su fortuna y su vínculo con sociedades en paraísos fiscales.
Al jefe del bloque de diputados del PRO, Cristian Ritondo, le tomó casi un mes romper el silencio y pronunciarse sobre la denuncia judicial en su contra por supuesto enriquecimiento ilícito. En una breve rueda de prensa aseguró que su patrimonio “está en orden” y que cuando la Justicia lo solicite presentará las pruebas necesarias. Sin embargo, las sospechas sobre el vertiginoso crecimiento de su fortuna y sus supuestos vínculos con sociedades offshore continúan alimentando el debate público.
La denuncia, presentada por el abogado Jeremías Rodríguez, apunta no solo a Ritondo, sino también a su esposa, Romina Aldana Diago. Como te contamos tiempo atrás en este medio, según la acusación, ambos estarían vinculados a la adquisición de propiedades en Miami y el sur de Florida por un valor superior a los 2,6 millones de dólares, a través de sociedades offshore radicadas en paraísos fiscales.
Un patrimonio en la mira
Las declaraciones juradas de Ritondo han sido objeto de escrutinio, especialmente tras revelarse un aumento patrimonial de 1.709% entre 2022 y 2023, según informes públicos. Este incremento, sumado a la omisión de información sobre las sociedades offshore y propiedades en el extranjero, ha generado dudas sobre el origen de los fondos. “Lo que quiero saber es el origen del dinero para la compra de esos inmuebles. Podría tratarse de fondos lícitos, pero también podría estar vinculado al narcotráfico o al lavado de activos”, declaró Rodríguez a GRUPOLAPROVINCIA.COM.
El abogado también señaló que, aunque los bienes adquiridos estén a nombre de la esposa de Ritondo, estos deberían haber sido incluidos en las declaraciones juradas del diputado, dado que forman parte de la sociedad conyugal. La normativa vigente exige a los funcionarios públicos declarar tanto su patrimonio como el de sus cónyuges, con sanciones de hasta dos años de prisión por omisiones deliberadas.
Un silencio que genera sospechas
La demora de casi un mes por parte de Ritondo para abordar públicamente estas acusaciones también ha generado críticas. Durante ese tiempo, desde diversos sectores se cuestionó el silencio del legislador, en particular considerando la gravedad de las denuncias. Aunque finalmente declaró estar “tranquilo” y tener “todo en regla”, estas afirmaciones no han logrado disipar las dudas en torno a su situación patrimonial.
El caso adquiere una dimensión política mayor en un contexto donde el PRO y La Libertad Avanza buscan consolidar una alianza en el Congreso. El propio presidente Javier Milei salió en defensa de Ritondo, calificando las acusaciones como “operaciones” en su contra. Sin embargo, este respaldo no ha evitado que el caso sea utilizado por la oposición para señalar supuestas inconsistencias en el discurso de transparencia que sostiene el oficialismo.
Las sombras de las sociedades offshore
El uso de estructuras offshore ha sido un punto recurrente en denuncias de corrupción en la política argentina, y el caso Ritondo no es la excepción. La ex vicepresidenta de la Unidad de Información Financiera (UIF) durante el gobierno de Mauricio Macri, María Eugenia Talerico, criticó duramente los presuntos casos de corrupción en la política argentina, poniendo el foco sobre el patrimonio de algunos funcionarios públicos, entre ellos, el ex ministro de Seguridad bonaerense.
En diálogo con los periodistas Ernesto Tenembaum y Reynaldo Sietecase, expresó su preocupación sobre el tiempo que toma la Justicia en abordar este tipo de denuncias. "Una persona que ejerció la función pública desde chiquitito y tiene el patrimonio que se dice que tiene, que salga a aclararlo porque la Justicia llega tarde y estos funcionarios no pueden ser ricos", sentenció.
Talerico también destacó que la función pública debería implicar sacrificios económicos, no enriquecimiento personal. "La función pública empobrece, definitivamente empobrece, entonces donde ven funcionarios de toda la vida como Insaurralde y tienen un patrimonio grande, tienen que salir a explicar", señaló, haciendo un paralelismo con otros casos polémicos.
En relación directa a las denuncias contra Ritondo y su pareja, la ex vicepresidenta de la UIF fue contundente al hablar de la magnitud de su fortuna: "Ritondo, en particular, y su mujer, de lo que se dice que tienen un patrimonio escandaloso, para mí la justicia llega tarde. Y encima hay alguna sospecha de algún sesgo de que hay ciertos funcionarios que tienen protección".
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