El presidente boliviano Luis Arce exhortó hoy una vez más a la "unidad nacional" tras denunciar nuevos intentos "golpistas", mientras grupos de oposición convocaron a una huelga nacional a partir del 8 de noviembre, justo al cumplirse un año de su gestión, en otro momento de fuerte conflictividad político-social por el que atraviesa el país.
"Ante los intentos de dividirnos y de nuevas aventuras golpistas, la unidad del pueblo boliviano y la unidad de la patria es la respuesta por encima de colores y preferencias políticas", exclamó Arce al cerrar un discurso en el departamento amazónico de Beni.
El mandatario izquierdista sostuvo que "la única forma de enfrentar con éxito esta crisis heredada del Gobierno de facto es con la férrea unidad del pueblo boliviano" y enfatizó que "hoy no queda más opción que recuperar el tiempo perdido".
Arce, quien cumplirá su primer año de mandato el 8 de noviembre, respondió así a una convocatoria de protesta contra su gobierno de un sector de "gremiales" o comerciantes informales, en alianza con comités cívicos y grupos activistas de derecha de varios departamentos.
La medida de fuerza, que busca bloquear una estrategia de lucha contra el lavado de dinero, pretende también ser un respaldo a la detenida expresidenta de facto Jeanine Áñez (2019-2020) y sumó a sus objetivos el de impedir la aprobación de un Plan Nacional de Desarrollo 2021-2025 que ya tiene media sanción parlamentaria.
El mismo fue aprobado en la madrugada del viernes por la Cámara de Diputados, de mayoría oficialista y al respecto Arce dijo que recoge propuestas de una reciente serie de encuentros regionales organizados por la Central Obrera Boliviana y define a la industrialización en general como prioridad.
"Si industrializamos hay puestos de trabajo, ahí hay generación de empleo permanente y de calidad, que es lo que esta buscando la sociedad", expuso.
Arce dijo que las movilizaciones opositoras tienen como objetivo de fondo frenar la recuperación económica que vive Bolivia desde el retorno de la democracia plena hace un año, tras la crisis del golpe de Estado de 2019 contra Evo Morales y el posterior mandato provisional de Áñez.
La gestión de Áñez acabó en estrepitoso fracaso y desde hace meses se encuentra en prisión acusada de graves cargos, como crímenes de lesa humanidad, sedición y violación de la Constitución, entre otros.
El próximo paro sería el tercer intento opositor de forzar al Gobierno a anular una Estrategia Nacional de Lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y el Financiamiento del Terrorismo, vigente por ley desde agosto y denunciada por la oposición como contraria a la propiedad privada.
Una primera movilización a inicios de octubre logró que el Ejecutivo retire otro proyecto de ley de ampliación de facultades de la Unidad de Investigaciones Financieras, y una posterior huelga contra la Estrategia Nacional fracasó por una aparente división de los "gremiales".
"Convocamos a las federaciones gremiales de todo el país, a los comités cívicos y a los defensores de la democracia a sumarse a este paro que en el fondo es en defensa de las libertades y la democracia", indicó Francisco Figueroa, líder de una de las confederaciones del sector, con sede en Santa Cruz.
El gobernador de la región, el ultraderechista Luis Fernando Camacho, encabeza el ala dura de la oposición y es sindicado como uno de los máximos responsables del golpe de Estado.
El Comité Cívico de Santa Cruz y el Comité Nacional de Defensa de la Democracia, ambos de derecha, anunciaron previsiblemente su apoyo a la huelga, consignaron medios locales y la agencia de noticias Sputnik. (Télam)