Maduro busca una reforma constitucional para consolidar su poder

A menos de un mes de su juramentación para un nuevo mandato, programada para el 10 de enero, Nicolás Maduro anunció una reforma constitucional con el objetivo de “consolidar la soberanía popular”. Durante un acto político transmitido por televisión, el líder chavista declaró: “He conformado un equipo con grandes asesores internacionales y nacionales para pensar junto a nuestro pueblo en una gran reforma constitucional que democratice aún más la sociedad venezolana”.

Sin embargo, los detalles específicos de esta iniciativa aún no han sido revelados, dejando a la oposición y a analistas internacionales especulando sobre sus posibles implicaciones. Este movimiento no es nuevo para el chavismo, que ya utilizó estrategias similares en el pasado para enfrentar crisis de popularidad y consolidar su permanencia en el poder.

Contexto histórico de las reformas chavistas

En 2017, Maduro convocó a una Asamblea Constituyente bajo el pretexto de pacificar un país convulsionado por protestas masivas. Esta iniciativa, aunque presentada como una herramienta de diálogo, fue percibida como un esfuerzo por deslegitimar al Parlamento controlado por la oposición. La Constituyente, que cesó funciones en 2020, no logró redactar una nueva carta magna, pero aprobó leyes controvertidas como la Ley Contra el Odio, utilizada para reprimir disidencias.

Hugo Chávez también intentó reformas constitucionales significativas. En 2007, enfrentó su primera gran derrota cuando un referéndum rechazó la reelección indefinida y la creación del Estado comunal. Sin embargo, dos años después, el chavismo logró incorporar estos cambios mediante una enmienda constitucional.

Elecciones y el desgaste del chavismo

La propuesta de reforma constitucional llega en un contexto de crisis de legitimidad para Maduro. Las recientes elecciones presidenciales del 28 de julio fueron denunciadas por la oposición como fraudulentas, aumentando la presión sobre el líder chavista. Además, en 2025 se deben realizar elecciones parlamentarias y regionales, a las cuales el chavismo llega debilitado tras años de recesión económica, sanciones internacionales y descontento social.

En este escenario, Maduro también ha promovido una serie de leyes que refuerzan el control estatal y restringen la actividad de ONG y grupos opositores. Entre ellas destaca la Ley Simón Bolívar, que permite inhabilitaciones políticas de hasta 60 años, penas de cárcel y la incautación de bienes.

La tensión diplomática con Argentina

El anuncio de la reforma coincide con una creciente crisis diplomática entre Venezuela y Argentina. Este jueves se conoció la salida de la Embajada argentina en Caracas del dirigente opositor Fernando Martínez Mottola, quien estuvo refugiado durante nueve meses. Martínez Mottola decidió presentarse ante la Fiscalía, donde su caso continuará bajo régimen de presentación.

Esta situación se enmarca en un contexto más amplio de tensiones internacionales. Desde marzo, varios miembros del equipo de la líder opositora María Corina Machado también buscaron refugio en sedes diplomáticas tras ser acusados de conspiración por el Gobierno venezolano.

Implicaciones futuras

El anuncio de Maduro plantea interrogantes sobre el futuro inmediato de Venezuela. ¿Será esta reforma una herramienta para fortalecer el poder del chavismo o una oportunidad para democratizar el país? Históricamente, las iniciativas de este tipo han estado marcadas por el control político y la represión de la oposición.

La comunidad internacional, así como los actores políticos internos, seguirá de cerca los próximos pasos del Gobierno venezolano. Mientras tanto, el pueblo de Venezuela enfrenta un panorama incierto, con un futuro marcado por la polarización y las tensiones sociales.