Soria se reunio con De Mendiguren para avanzar en el Fondo de Asistencia a Victimas de Trata

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Martín Soria, se reunió hoy con el presidente del Banco de Inversión y Comercio Exterior de Argentina (BICE), José Ignacio de Mendiguren, para avanzar en la constitución del Fondo de Asistencia Directa a Víctimas de Trata de Personas.
El funcionario sostuvo que se trata de "una herramienta fundamental para combatir la trata de personas a nivel nacional".



"Permite no solo resarcir a la víctima, sino que también pueda salir de la situación de vulnerabilidad en la que se encuentra", señaló Soria en un comunicado del Ministerio de Justicia.
De Mendiguren, por su parte, destacó que "en BICE trabajamos en la implementación del instrumento fijado por la Ley, que permita cumplir objetivos de política pública".
"Esta iniciativa es un paso más en esa dirección", expresó en ese sentido.
El Fondo fue creado por la Ley 27.508 y se integra con los bienes decomisados judicialmente en procesos relacionados con los delitos de trata, explotación y lavado de activos, reportó el parte de prensa.
En ese sentido, destacó que los bienes decomisados, el dinero en efectivo y el producido de la venta de esos bienes sean destinados exclusivamente a restituir los derechos de las víctimas.
Así, la Unidad Ejecutiva creada por ley se encuentra en el ámbito de Justicia, mientras que el banco es el fiduciario.

Los bienes decomisados, el dinero en efectivo y el producido de la venta de esos bienes sean destinados exclusivamente a restituir los derechos de las víctimas.

En la reunión, Soria y de Mendiguren establecieron pautas de trabajo y definieron las articulaciones técnicas necesarias para terminar de constituir el Fondo, informó el parte de prensa del ministerio.
La ley que dispuso la creación del Fondo establece de manera obligatoria que se ordene la reparación de las víctimas dentro de la sentencia, lo que garantiza el acceso efectivo a la restitución de derechos.
De ese modo, los jueces deben fijar los montos de restitución para las víctimas en el mismo proceso judicial y con fundamento en la evidencia disponible para la sanción de los responsables. (Télam)