Mundo Agencia Télam 30 de octubre de 2023

Tribunal Electoral panameño rechazo idea de Cortizo de una consulta sobre mineria

El Tribunal Electoral de Panama rechazo hoy organizar una consulta popular para el 17 de diciembre para que la ciudadania opine sobre un polemico contrato minero, propuesta que habia lanzado el presidente Laurentino Cortizo en busca de desactivar

El Tribunal Electoral de Panamá rechazó hoy organizar una consulta popular para el 17 de diciembre para que la ciudadanía opine sobre un polémico contrato minero, propuesta que había lanzado el presidente Laurentino Cortizo en busca de desactivar las masivas protestas que se desarrollan en el país desde hace diez días.
"En estos momentos no hay condiciones para organizar la pretendida consulta popular", anunció en una conferencia el presidente del tribunal, Alfredo Juncá, que remarcó que el ambiente convulso que vive el país impide atender el pedido del gobierno.
Además, "la Corte Suprema de Justicia tiene en estos momentos demandas de inconstitucionalidad de la ley 406 (del contrato minero) que, de resolverse antes de la fecha de la consulta, la harían innecesaria", añadió el magistrado, según la agencia AFP.
Cortizo propuso ayer la consulta popular para que los panameños decidan si se deroga el contrato con la compañía canadiense First Quantum Minerals, aunque la iniciativa no satisfizo a los líderes de las manifestaciones, que anunciaron que la protesta seguirá en las calles.
El mandatario lanzó su propuesta tras concluir una enorme concentración en la capital, donde decenas de miles de personas exigieron la derogación del contrato de la mayor mina de cobre a cielo abierto de Centroamérica, situada en la costa del Caribe.
Se "mantienen las acciones en todo el país en contra del contrato vendepatria minero", dijo el líder del sindicato de trabajadores de la construcción (Suntracs), Saúl Méndez, uno de los convocantes a las manifestaciones.
El gobierno defiende el contrato con el argumento de que supondrá aportes mínimos anuales de la minera al Estado por 375 millones de dólares, diez veces el monto del acuerdo inicial.
Y advirtió que una anulación del contrato provocaría la pérdida 8.000 empleos directos y 40.000 indirectos, además de que el país se expone a demandas multimillonarias en tribunales internacionales. (Télam)

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