Unas 650 organizaciones de todo el mundo pidieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una visita a Colombia y una “investigación exhaustiva” sobre el accionar de las fuerzas de seguridad durante la represión de las protestas callejeras antigubernamentales, además de repudiar “el excesivo uso de la fuerza” por parte del Gobierno de Iván Duque.
“Condenamos el uso excesivo de la fuerza por parte de agentes de las fuerzas de seguridad colombiana como respuesta a las protestas que iniciaron el 28 de abril en todo el país”, expresaron las organizaciones en un comunicado que reclama el cese inmediato del “uso arbitrario y excesivo de la fuerza para evitar mayores vulneraciones a los derechos humanos de la población”.
El pedido de las organizaciones incluyó una visita al país de una delegación de la CIDH y la instalación de un mecanismo independiente de expertos que aporte a la investigación, según el semanario colombiano Semana.
El texto advirtió que "se ha evidenciado un elevado número de agresiones por parte de la fuerza pública en contra de la prensa y personas defensoras, acompañado de declaraciones de funcionarias, funcionarios y figuras públicas que alientan el uso de armas letales".
“A una semana de haber comenzado las manifestaciones sociales por el descontento de la población por una propuesta de reforma tributaria, la crisis económica y de salud en el marco de la Covid-19 y el aumento de las masacres y asesinatos de líderes y personas defensoras de los derechos en todo el territorio nacional, la Fuerza Pública ha respondido con el uso desproporcionado de armas de fuego y la intervención de las fuerzas militares”, denunció.
En el texto, las organizaciones también lamentaron que esa política del Gobierno colombiano “ha dejado decenas de personas sin vida y resultado en detenciones arbitrarias, judicializaciones, actos de violencia sexual, desaparición de personas, cientos de heridos y un sin número de denuncias de abuso policial”.
Entre las firmantes del documento hay organizaciones globales como Amnistía Internacional, la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), Front Line Defenders, Global Witness, la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) y Robert F. Kennedy Human Rights, y otras regionales, de países latinoamericanos y locales.
Finalmente, las organizaciones destacaron que el derecho a la protesta "juega un papel esencial en la defensa de la democracia y los derechos humanos” y que los Estados “tienen la obligación de satisfacer los principios de legalidad, absoluta necesidad y proporcionalidad del uso de la fuerza". (Télam)