Piden elevar a 8 años de prision la condena para un ex policia que armaba causas a inocentes

Un fiscal solicitó hoy elevar a 8 años de cárcel la condena para uno de los cuatro ex efectivos de la Policía Federal que en diciembre último fueron condenados a penas de prisión en suspenso por armar causas a indigentes en Capital Federal para luego presentar los procedimientos ante la prensa televisiva con el fin de ganar crédito.
El pedido fue formulado por el fiscal general Fabián Céliz al apelar ante la Cámara de Casación la condena impuesta el 23 de diciembre por el Tribunal Oral en lo Criminal 30 a cuatro policías que se desempeñaban en la Superintendencia de Seguridad Ferroviaria de la PFA.
El mencionado tribunal condenó por cinco hechos de “privación de la libertad agravada (por su condición de policía) en concurso ideal con la falsificación de documentos”, y la máxima pena recayó sobre José Lusarreta, quien recibió 3 años de prisión en suspenso y 6 de inhabilitación absoluta por el doble de tiempo para ejercer cargos públicos.
En tanto, Hugo Daniel Rodríguez, Ricardo Maldonado y Carlos Francisco Giusepucci recibieron 2 años y 9 meses de prisión, más una inhabilitación de 5 años y 6 meses.
Por el monto de las penas ninguno de los cuatro ex policías federales fueron a la cárcel, ya que, se trata de condenas en suspenso.
En su recurso ante Casación -al que accedió Télam-, Céliz afirmó que si bien “en todos los casos las penas debieron haber sido de efectivo cumplimiento”, en el caso de Lusarreta “además de intervenir en los tres procedimientos fraguados, también era el que tenía mayor jerarquía dentro de la fuerza”.
Por ello, solicitó el fiscal general que Lusarreta sea condenado a una pena de “ocho años de prisión, accesorias legales y costas, más inhabilitación por el doble del tiempo de la condena, tal como oportunamente se requirió” cuando alegó en el juicio oral.
“El padecimiento sufrido por las víctimas por ejercicio abusivo que de su función pública hicieron los encartados a través de acciones que repugnan los principios del Estado de Derecho, hubiera merecido ser sancionado de otro modo”, argumentó Céliz en su apelación.
Los hechos que se sustanciaron en el juicio datan de 1997 y 1998, período en el que los policías utilizaban como "carnada" a una persona que se acercaba a mendigos o desocupados y les ofrecía una changa, ganaba su confianza, y luego se ausentaba y les dejaba un bolso a su cuidado.
Posteriormente, aparecían los policías, que simulaban un procedimiento, y con abuso de sus funciones, los detenían acusándolos de tenencias de armas o drogas.
Estos procedimientos eran presentados por los efectivos a la prensa televisiva como exitosos para ganar crédito dentro de la fuerza.
Estos policías ya fueron juzgados en dos oportunidades y absueltos en ambos casos, primero por el beneficio de la duda y luego por prescripción de la causa, pero por una presentación que llegó a la Corte Suprema de Justicia tras el primer juicio, se logró que sean sometidos a un tercero.
El caso se inició a partir del informe elaborado por la "Comisión Investigadora de Procedimientos Fraguados", creada en el 2000 por el entonces procurador general de la Nación Esteban Righi y que estuvo a cargo de Daniel Rafecas, actualmente juez federal.
Allí se detectó el modus operandi de estos policías, quienes con su accionar damnificaron no sólo a indigentes, sino a personas que estaban desempleadas o tenían graves problemas mentales.
La comisión relevó 75 procedimientos armados que perjudicaron a 123 personas en estado de vulnerabilidad manifiesta. (Télam)