Una jueza intimo a la Ciudad a informar cuantas escuelas estan alambradas en todo su perimetro

La titular del Juzgado 6 en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires, Patricia López Vergara, rechazó una nulidad pedida por el Ejecutivo porteño y lo intimó a informar cuántas escuelas se encuentran alambradas en el frente o perímetro; en el plazo de 10 días, bajo apercibimiento de una multa diaria a la ministra de Educación e Innovación, Soledad Acuña.
Según informaron fuentes judiciales, todo se inició en el marco de una causa caratulada como «M.D., M.S y Otros contra GCBA sobre Amparo – Otros», en la que se reclama por la instalación de un alambrado en todo el frente de una escuela primaria y del jardín de infantes ubicado en la calle Letonia, dentro del Polo Educativo Mugica, frente a los Tribunales Federales de Comodoro Py.
Ante la requisitoria formulada por la magistrada en torno al cierre de la calle Letonia al 100, el Ejecutivo porteño entendió que "la información requerida no guarda relación con el objeto de autos, por lo que contraviene el principio de congruencia y lesiona su derecho de defensa".
Además, sostuvo que la decisión tomada por esta magistrada afectaba la garantía de imparcialidad.
"Al decidir del modo en que lo ha hecho, la magistrada está supliendo la actividad que le compete a los litigantes, confundiendo su rol de directora del proceso con el de parte, por lo cual se encontraría afectada la garantía de imparcialidad, tutelada constitucionalmente", argumentó el GCBA a través de sus letrados.
En este punto, la jueza recordó que "el principio de congruencia –cuya violación alega el demandado– consiste en la prohibición de resolver sobre cuestiones no propuestas".
"Sin embargo, tal supuesta incongruencia no existe cuando se decide sobre una pretensión que aunque no fue formal o expresamente articulada está implícita o es consecuencia inescindible o necesaria de los planteos incoados", precisó.
Luego, la jueza destacó que "lo requerido fue un mero pedido de información que, además de ser pública, resulta necesaria a fin de recabar mayores elementos cognoscitivos que guardan evidentes puntos de conexión con la cuestión".
Finalmente, López Vergara concluyó que "lo alegado por el GCBA en relación a que la información requerida no guarda relación con el objeto de autos no parece tener asidero con la situación concreta".
Y se preguntó: "¿Quizás el GCBA olvidó que el meollo de la pretensión actora parte de un reclamo por un alambrado a la largo de todo el frente de una escuela primaria y de un jardín de infantes?".
De esta manera, ahora el Gobierno porteño tiene 10 días para entregar el informe o se le impondrá la sanción de astreintes a la ministra de Educación e Innovación, Soledad Acuña, por la suma de 5 mil pesos diarios a devengarse a partir del día siguiente al vencimiento del plazo otorgado por la Justicia. (Télam)