La resolución 138/2021 que lleva la firma de Alberto Fernández dio de baja el decreto que modificaba la ley de migraciones, que se firmó durante el macrismo, en el cual no se permitía el ingreso de extranjeros con antecedentes, como así también se facilitaba el egreso de inmigrantes que habían cometido un delito en el país.

Cabe recordar que en enero de 2017, la gestión de Juntos por el Cambio que encabezaba Mauricio Macri había dispuesto una modificación en la Ley de Migraciones, en la cual se disponía un “procedimiento migratorio especial sumarísimo”, en el que se determinaba quiénes podían ingresar o no al país, según sus antecedentes.

Este jueves, referentes del mencionado espacio opositor como el vicejefe de Gobierno porteño, Diego Santilli, y la exministra de Seguridad y titular del PRO, Patricia Bullrich, cuestionaron la derogación. Mientras que el diputado nacional Luis Petri (UCR-Cambiemos) junto a su par y titular de la UCR, Alfredo Cornejo, presentarán un proyecto de ley que restablezca el contenido del decreto.

En 2017, el argumento esgrimido había sido que el Estado “tenía la prerrogativa soberana de decidir los criterios de admisión y expulsión de los no nacionales”. Sin embargo, la política de derechos humanos que lleva adelante el gobierno de Fernández instó a dar de baja este “procedimiento”, que ya había expulsado a 3000 personas.

La medida del gobierno macrista no tuvo “mejoras ponderables en otros aspectos”, sino que “se agravó exponencialmente la litigiosidad en materia migratoria”.

El decreto de necesidad y urgencia decretado por la gestión anterior cambió “aspectos sustanciales” de la legislación de Migraciones, “que resultan irreconciliables con nuestra Constitución Nacional y con el sistema internacional de protección de los derechos humanos, entre los que cabe mencionar la violación al principio del debido proceso, al derecho a contar con asistencia y defensa legal, la restricción a un control amplio y suficiente del poder judicial sobre los actos de la autoridad administrativa, la amplitud con la que se prevé la retención preventiva del y de la migrante sin definir las causas que la habilitan y la restricción a los derechos de reunificación familiar y dispensa por razones humanitarias”, sostiene la argumentación de la reciente medida firmada por el titular del Ejecutivo nacional.

Además, sumaron que, con la iniciativa de Juntos por el Cambio, no tuvo resultados evidentes y “mejoras ponderables en otros aspectos”, sino que “se agravó exponencialmente la litigiosidad en materia migratoria”.