Rechazo en las calles a la reforma laboral de Milei: CGT, CTA y movimientos sociales, unidos

Los movimientos sociales nucleados en la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP), junto a la Confederación General del Trabajo (CGT) y las dos Centrales de Trabajadores de la Argentina (CTA), se movilizarán este jueves 18 de diciembre a Plaza de Mayo para rechazar la reforma laboral impulsada por el Poder Ejecutivo y cuestionar el rumbo general de la política económica y social del gobierno de Javier Milei.

Según estimaciones de los organizadores, la convocatoria podría reunir a alrededor de 150 mil personas, en lo que se perfila como una de las manifestaciones más importantes contra la agenda laboral del oficialismo. La jornada se inscribe en un plan de lucha que, según adelantaron las organizaciones, incluirá “medidas graduales” frente a la administración de La Libertad Avanza.

Cambios en el proyecto y decisión de movilizar

La decisión de salir a la calle se tomó a pesar de que el Gobierno introdujo modificaciones en el texto original de la reforma laboral. Entre ellas, se excluyó la eliminación de la cuota solidaria sindical, una contribución clave para el financiamiento de los gremios. Ese punto había sido impulsado por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, y fue retirado tras negociaciones del ala dialoguista del Gobierno, que mantuvo contactos con la CGT a través de Santiago Caputo y del ministro del Interior, Diego Santilli.

Sin embargo, para las organizaciones convocantes, la versión final del proyecto mantiene cambios estructurales que afectan el sistema de derechos laborales vigente. En ese marco, dirigentes sindicales y referentes sociales sostienen que las modificaciones no alteran el carácter regresivo de la iniciativa y que la movilización sigue siendo necesaria.

La postura de la UTEP y las críticas al proyecto

Alejandro Gramajo, secretario general de la UTEP, sostuvo que la reforma laboral “está orientada a quitarle derechos a los trabajadores que hoy se mantienen dentro de una relación salarial formal plena de derechos”. En torno a esto, el dirigente del Movimiento Evita cuestionó especialmente el nuevo esquema de despidos incluido en el proyecto.

“Proponen indemnizaciones por despido más bajas y en cuotas, excluyendo aguinaldo, bonos y adicionales. Encima proponen que se financien con el aporte de los jubilados. Te hacen trabajar más, cobrando menos por ese trabajo extra”, afirmó Gramajo.

También rechazó el argumento oficial que vincula la quita de derechos con una supuesta reducción de la informalidad laboral. “Invocan a los trabajadores informales que están por fuera de una relación salarial formal argumentando que la quita de derechos a uno va a redundar en mayores derechos para los otros. Algo nunca visto”, señaló. Y agregó: “Esto no solamente sería injusto, sino que además es totalmente falso. Una pérdida de derechos para los trabajadores incluidos o formales repercutiría en una pérdida para el conjunto de los trabajadores, incluidos los de la economía popular. Si bajan al de arriba, pisan al de abajo”.

Gramajo citó antecedentes internacionales para reforzar su posición. “En el mundo, varios países probaron recortar la protección laboral prometiendo que así la economía iba a repuntar. No fue así y la Organización Internacional del Trabajo confirmó que quitarle protección al trabajador no genera más empleo, sino trabajadores más desprotegidos”, sostuvo.

Propuestas alternativas desde la economía popular

En ese contexto, el secretario general de la UTEP planteó la necesidad de avanzar con una agenda alternativa. “Por todo esto creemos necesaria la creación de un Estatuto Laboral para la Economía Popular, que sirva de puntapié inicial para una nueva institucionalidad y marcos jurídicos que reconozcan esta realidad laboral”, afirmó.

Al detallar los ejes de esa propuesta, Gramajo indicó: “Como primer punto debe plantear la reactivación del Registro Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular, el Salario Social Complementario y la posibilidad de avanzar en convenios colectivos por rama de actividad”.

“Una reforma esclavista”, la definición de Esteban Castro

Desde una postura más confrontativa, el ex secretario general de la UTEP, Esteban “Gringo” Castro, calificó el proyecto como una “reforma esclavista”. “La esclavitud laboral que propone el gobierno nacional solo puede sancionarse si la avalan quienes traicionan a quienes los votaron como peronistas”, afirmó.

Castro sostuvo que la iniciativa no beneficia ni a los trabajadores formales ni a los informales. “Este proyecto de ley es anti-justicia social, quita los derechos que consagraron las familias trabajadoras y no tiene un solo punto en favor de los informales”, señaló. Y agregó: “No solo no beneficia a los que trabajamos sin derechos, tampoco mejora los ingresos ni los derechos de los trabajadores formales”.

En ese marco, remarcó que las propuestas del movimiento popular solo podrían avanzar si el proyecto oficial es rechazado. “El estatuto de los trabajadores de la economía popular y el salario social complementario solo son posibles si la reforma esclavista de Milei cae. No queda otra. Por eso vamos a luchar con toda nuestra fe”, afirmó. Y concluyó: “Ningún poder puede prevalecer contra Dios y el pueblo humilde trabajador”.

El rechazo político y social a la reforma

La dirigente nacional de Libres del Sur, Silvia Saravia, confirmó la participación de su organización en la movilización y subrayó el contenido político de la protesta. “Este jueves 18 nos movilizamos para dar en las calles un mensaje opositor contundente a Milei”, afirmó.

Saravia advirtió que la reforma laboral se enmarca en un modelo económico más amplio. “Cada uno de los proyectos de ley presentados por el oficialismo reafirma que el gobierno va hacia un modelo de mayor desigualdad”, sostuvo. Además, señaló que “existe un consenso amplio en que la reforma laboral regresiva no va a servir para generar puestos de trabajo genuinos”.

También vinculó la protesta con el rechazo al Presupuesto aprobado en el Congreso. “Vamos a reafirmar el rechazo a un presupuesto que elimina las leyes de financiamiento universitario, las emergencias en pediatría y en discapacidad”, dijo. Y agregó: “Milei cree que en octubre se le dio un cheque en blanco, pero la profundización del ajuste tarde o temprano va a volverse en repudio masivo”.

Desde el ámbito de los derechos humanos, la presidenta de la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos, María José Lubertino, cuestionó el rumbo del Gobierno y la aprobación del Presupuesto. “Repudiamos la lamentable aprobación en la Cámara de Diputados de un presupuesto regresivo que viola los tratados internacionales en materia de derechos humanos, salud y educación”, sostuvo.

Según Lubertino, los recortes vulneran el principio de no regresión en materia de derechos. “Atentan contra los derechos de las personas con discapacidad, el financiamiento del Hospital Garrahan y las universidades”, afirmó.

Las CTA y la estrategia sindical

Las dos CTA confirmaron su participación en la jornada del jueves. El secretario general de la CTA Autónoma, Hugo “Cachorro” Godoy, informó que las tres centrales sindicales acordaron una estrategia común frente a la reforma laboral. “Acordamos rechazar de forma contundente el proyecto por considerarlo regresivo y contrario a los derechos de los trabajadores”, señaló.

Godoy agregó que se resolvió “poner en estado de movilización permanente a la clase trabajadora” y convocar a “una gran jornada nacional de protesta, con una movilización central en Plaza de Mayo y marchas simultáneas en las principales plazas del país”.

Los principales puntos cuestionados de la reforma

Entre los ejes más cuestionados del proyecto se destacan el abaratamiento de los despidos, la flexibilización de la jornada laboral, la eliminación de la ultraactividad de los convenios colectivos, la prioridad de los convenios por empresa, el salario ligado a la productividad, las restricciones al derecho de huelga y la falta de políticas reales para reducir la informalidad laboral.

La oposición política y los movimientos sociales también sostienen que la iniciativa no incluye incentivos concretos para la formalización del empleo.

Con la CGT, las CTA y los movimientos sociales en estado de movilización permanente, el jueves 18 aparece como una fecha clave en la disputa entre el Gobierno nacional y el movimiento obrero organizado, en un escenario de creciente tensión social y política.