Milei abre el Mar Argentino a una petrolera británica y reaviva la disputa por la soberanía
El Gobierno de Javier Milei habilitó la convocatoria a un concurso público internacional para adjudicar un permiso de exploración de hidrocarburos en el área CAN_200, ubicada en la Cuenca Argentina Norte, frente a la costa bonaerense. La medida quedó oficializada mediante el Decreto 590/2026, publicado en el Boletín Oficial.
La norma lleva las firmas del presidente Javier Milei; del jefe de Gabinete, Diego Santilli; y del ministro de Economía, Luis Caputo, y encomienda a la Secretaría de Energía, que depende del Palacio de Hacienda, la elaboración del pliego de bases y condiciones, la organización del proceso licitatorio y la eventual adjudicación tanto del permiso de exploración como de una futura concesión de explotación.
La decisión cobró una dimensión política adicional porque el proceso se inició a partir de una manifestación de interés presentada en febrero de 2025 por Challenger Energy Group PLC, una empresa británica dedicada a la exploración y producción de petróleo y gas en distintos países de América y el Caribe.
Según detalla el decreto, Challenger Energy Group solicitó explorar un área de aproximadamente 5.000 kilómetros cuadrados bajo jurisdicción nacional. A partir de esa presentación, el Ejecutivo decidió avanzar con un concurso internacional para determinar si existen otros interesados y definir quién obtendrá finalmente el permiso.
El bloque CAN_200 se encuentra a unos 350 kilómetros de la costa bonaerense, dentro de la Plataforma Continental Argentina, una región considerada estratégica tanto por su potencial hidrocarburífero como por su importancia geopolítica.
El permiso prevé dos períodos exploratorios de cuatro años cada uno, con la posibilidad de una prórroga adicional de cinco años, por lo que el proyecto podría extenderse durante trece años. Además, establece un programa mínimo de inversiones equivalente a 120 Unidades de Trabajo.
En los fundamentos del decreto, la administración libertaria sostiene que la política hidrocarburífera nacional busca incrementar la producción y maximizar la renta derivada de la explotación de los recursos naturales.
El texto también recuerda que el Concurso Público Internacional Costa Afuera N.º 1, realizado en 2018, permitió ampliar la actividad exploratoria en aguas argentinas, atraer inversiones privadas y generar empleo, y sostiene que diversas compañías internacionales manifestaron interés en desarrollar nuevos proyectos offshore.
Con ese objetivo, el Gobierno delegó en la Secretaría de Energía todas las facultades necesarias para llevar adelante el procedimiento, incluyendo la aprobación del pliego, la evaluación de las ofertas y el otorgamiento del permiso.
La polémica por Malvinas vuelve a escena
La decisión oficial llega en un contexto especialmente sensible para la política exterior argentina. Hace apenas dos semanas, la Cancillería presentó una protesta formal tras el paso del patrullero oceánico británico HMS Medway, perteneciente a la Royal Navy, por aguas bajo jurisdicción argentina durante su navegación desde las Islas Malvinas hacia el Estrecho de Magallanes.
Ese episodio motivó pedidos de informes en el Congreso y volvió a poner sobre la mesa el debate sobre la presencia británica en el Atlántico Sur.
Ahora, el interés manifestado por una empresa con sede en el Reino Unido para desarrollar un proyecto petrolero en el Mar Argentino volvió a despertar cuestionamientos desde distintos sectores políticos y especialistas, que advierten sobre la necesidad de analizar estas decisiones también desde una perspectiva geopolítica y no únicamente económica.
El debate adquiere mayor relevancia debido a que el Reino Unido continúa desarrollando actividades vinculadas a la exploración de hidrocarburos en áreas próximas a las Islas Malvinas, cuya soberanía es reclamada por la Argentina desde hace casi dos siglos.
Límites a la inmunidad soberana
Uno de los aspectos que también generó atención es la incorporación de cláusulas que habilitan la prórroga de jurisdicción en favor de tribunales arbitrales internacionales con sede en países adheridos a la Convención de Nueva York de 1958 para resolver eventuales controversias vinculadas con los permisos de exploración y las futuras concesiones.
No obstante, el decreto aclara expresamente que esa posibilidad no implica una renuncia de la República Argentina a la inmunidad de ejecución sobre determinados bienes estratégicos.
Entre ellos enumera las reservas del Banco Central de la República Argentina, los bienes del dominio público, los activos afectados a servicios públicos esenciales, los bienes diplomáticos y consulares protegidos por las Convenciones de Viena, el patrimonio militar, los impuestos y regalías adeudados al Estado, así como los bienes que integran el patrimonio cultural nacional.