Política Agencia Télam 18 de junio de 2019

El fiscal Stornelli pidio elevar a juicio oral a Cristina Kirchner por la causa cuadernos

El fiscal federal Carlos Stornelli solicitó hoy la elevación parcial a juicio oral de la causa de los cuadernos por la que se encuentran procesados la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y el detenido ex ministro de Planificación Federal

El fiscal federal Carlos Stornelli solicitó hoy la elevación parcial a juicio oral de la causa de los cuadernos por la que se encuentran procesados la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y el detenido ex ministro de Planificación Federal Julio de Vido, junto con otros ex funcionario y empresarios.
El representante del ministerio Público Fiscal presentó al juez Claudio Bonadio un escrito de 678 páginas, en el que consideró que está demostrado que durante el kirchnerismo existió una asociación ilícita que, desde el poder, recaudó fondos ilegales entregados por empresarios vinculados con la obra pública.
Stornelli sostuvo que con la prueba recogida en la investigación hay elementos suficientes para que la parte principal de la investigación, basada en los cuadernos del arrepentido chofer del ministerio de Planificación Oscar Centeno, sea tratada en debate oral y público.
"Tengo por cierto y demostrado" que la ex mandataria, De Vido y otros ex funcionaros, además de algunos empresarios, "integraron una asociación ilícita, que desarrolló sus actividades al menos desde el mes de mayo del año 2003 y hasta el mes de noviembre del año 2015", sostuvo Stornelli en el escrito al que accedió Télam.
Según el fiscal, la finalidad de esa supuesta asociación ilícita "fue organizar un sistema de recaudación de fondos para recibir dinero ilícito con el fin de enriquecerse ilegalmente y de utilizar parte de esos fondos en la comisión de otros delitos".
A la ex presidenta y actual senadora nacional, Stornelli le atribuyó cuarenta casos de coimas y sostuvo que “se probó que además de haber sido la jefa de la asociación ilícita en cuestión, detentó un rol activo en lo que concierne al sistema de recaudación de dinero instaurado”.
“El cuadro probatorio reunido ha permitido afirmar que gran cantidad de las entregas de dinero recibidas por los integrantes de la asociación con motivo de los pactos espurios acordados con los empresarios señalados en los acápites precedentes fueron, en último término, trasladadas a inmuebles que eran utilizados” por la ex presidenta, aseguró el fiscal.
En esa línea afirmó que el dinero fue trasladado a “la quinta de Olivos, la Casa de Gobierno y el departamento ubicado en la intersección de las calles Juncal y Uruguay de esta ciudad, inmueble este último del que se valía la organización para para acopiar el dinero retirado de las distintas empresas”.
El fiscal reclamó que sean elevados a juicio los ex funcionarios Roberto Baratta, Nélson Lazarte, Rafael Llorens, José María Olazagasti, José López, Claudio Uberti, Oscar Thomas y el propio Centeno.
La asociación ilícita también habría estado integrada, según el fiscal, por el financista Ernesto Clarens, el ex titular de la Cámara de Construcción Carlos Wagner y los empresarios Gerardo Ferreyra y Germán Nivello.
El fiscal también solicitó elevar a juicio oral por cohecho pasivo (recibir coimas) al ex jefe de Gabinete Juan Manuel Abal Medina, su secretario Martín Larraburu, los ex funcionarios Hernán Gómez, Fabián Ramón y Walter Fagyas, y al remisero Hernán del Rio.
Stornelli sostuvo además que ya fueron recolectados los elementos suficientes para pedir la elevación a juicio oral de los ex secretarios de la ex presidenta Fabián Gutiérrez y Daniel Álvarez, por el encubrimiento de los delitos descriptos en los cuadernos de Centeno.
La fiscalía solicitó también elevar a juicio a los empresarios acusados de pagar las supuestas coimas recolectadas a ex funcionarios del gobierno kirchnerista, entre los que se encuentran Héctor Sánchez Caballero, Juan Lascurain, Ángel Calcaterra, Enrique Pescarmona y Aldo Roggio.
Tras recibir el requerimiento de elevación a juicio parte de la fiscalía, el juez Bonadio deberá correr vista a las partes para que opinen si la causa está en condiciones de pasar a la instancia de debate oral y público. (Télam)

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