Informe de la CIDH vuelve a advertir sobre represion en Nicaragua

La sociedad civil no puede participar en la vida social y política de Nicaragua ”de manera libre y segura”, uno de los elementos por los que la crisis de los derechos humanos "continúa profundizándose" en ese país, denunció hoy en un informe la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Para la entidad, que depende de la OEA, en Nicaragua "prevalece una política de represión y persecución sistemática en contra de cualquier persona considerada opositora al gobierno mediante la imposición de un estado policial".
El texto se conoce en momentos en que el Consejo Permanente de la OEA ya formalizó la salida de Managua de la organización, un paso que se terminará de concretar el 19.
El texto de la CIDH detalla además que del 18 de abril de 2018 al 31 de agosto de 2023, Nicaragua canceló la personería jurídica de 3.390 organizaciones de un total de 7.227 registradas en el país en 2018, cuando se registraron las masivas protestas antigubernamentales que dejaron unos 300 muertos.
Para la Comisión, esas cancelaciones representan un ataque "al pluralismo" que demuestra la intención "de cerrar completamente el espacio cívico y democrático" en el país.
Advirtió el documento sobre la “subordinación de todos los poderes públicos al Ejecutivo" y sobre la ausencia de "límites y contrapesos".
La CIDH cita el hecho de que la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) haya facilitado la aprobación de normas y reformas legales del gobierno del mandatario Daniel Ortega, reelegido en 2021 en elecciones en las que la mayor´ñia de los aspirantes de la oposición no pudo competir porque estaban detenidos o exiliados.
"Como consecuencia de esta escalada represiva" decenas de organizaciones y activistas "se han visto forzados al exilio" y los que siguen en el país "trabajarían en la clandestinidad, en un clima de miedo, persecución y autocensura", señala el texto, de acuerdo con la agencia AFP.
Las autoridades nicaragüenses suelen seguir un patrón: prohíben manifestaciones, llevan a cabo detenciones arbitrarias, "más de 2.000" desde el 18 de abril de 2018, y emprenden campañas de desprestigio y hostigamiento.
El organismo dijo tener constancia de que las autoridades retiran y retienen pasaportes o se niegan a expedirlos para impedir la salida de personas al extranjero. Y a otros les impiden regresar al país.
En febrero último, Managua liberó a 222 presos que la oposición y las organizaciones de DDHH consideraban “políticos”, pero los obligó a irse del país, la mayoría hacia Estados Unidos. (Télam)