La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de Colombia, instancia creada en los acuerdos de 2016, confirmó hoy que se reforzaron los protocolos de seguridad para los jueces, Alejandro Ramelli y Hugo Escobar, integrante de este cuerpo, por las amenazas de muerte de las que habrían sido víctimas por parte del Clan del Golfo.
El presidente de la JEP, Roberto Vidal, informó que la Policía Nacional decidió ampliar la seguridad después de que este fin de semana se hiciera público un mensaje del Clan del Golfo enviado a Ramelli, en el que le hacían saber que había sido declarado "objetivo militar".
"Usted y su magistrado auxiliar Hugo Escobar han venido desenterrando un pasado que ya está enterrado", decía el mensaje, de cuya autoría, no obstante, se desentendió el Clan del Golfo cuando se dio a conocer.
Ramelli y Escobar son los jueces encargados para investigar el caso 03 de la JEP, el de los llamados “falsos positivos”, ejecuciones extrajudiciales de civiles -sobre todo líderes campesinos e indígenas- a los que las fuerzas de seguridad hicieron pasar por guerrilleros muertos en combate durante el conflicto interno colombiano.
Ambos están al frente de las exhumaciones de más de medio centenar de personas que fueron arrojadas al cementerio de Las Mercedes, en el municipio antioqueño de Dabeiba.
La JEP sospecha que el Clan del Golfo y otras estructuras paramilitares colaboraron con las fuerzas de seguridad colombianas para cometer estos delitos.
El Clan del Golfo, la mayor organización del narcotráfico del país y heredero de las disueltas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), se había declarado dispuesto a participar de los diálogos de paz que impulsa el presidente Gustavo Petro.
Pero el estatus de organización narcoparamilitar delimitaría el marco de actuación en estas negociaciones, y el Gobierno ya aclaró que este tipo de grupos, al carecer de trasfondo político, debe someterse a la Justicia.
Petro ordenó, además, a mediados de marzo, suspender el alto el fuego con el Clan del Golfo, después de que al grupo se le atribuyese la autoría de varios ataques, y los incidentes de violencia que se registraron en el último paro minero en Bajo Cauca, en la región de Antioquia.
(Télam)