La Legislatura trata la regulacion de las aplicaciones de delivery y de los trabajadores

La Legislatura porteña tratará en la sesión de mañana el proyecto para regular la actividad de los repartidores y de las aplicaciones de delivery, que obliga a ambos a tener domicilio en el distrito, contar con un seguro laboral costeado por la empresa, prohíbe el sistema de incentivo y castigo a los trabajadores e incorpora un sitio de quejas para los clientes.
La iniciativa, que fue presentada hace una semana por el bloque de Vamos Juntos en la Legislatura, fue objetada por por diputados de la oposición porteña y sindicatos de repartidores de las aplicaciones de delivery y de mensajería, quienes aseguraron que "carga de obligaciones" a los trabajadores y quita la responsabilidad del vínculo laboral a las empresas digitales.
El expediente formará parte de los temas que tratarán los legisladores desde las 11.30 en una sesión ordinaria que mantendrá la modalidad mixta -implementada desde el inicio de la pandemia por el coronavirus- que prevé tanto la participación presencial en el edificio parlamentario como la remota.
La propuesta contempla una extensa normativa para ordenar esta modalidad de trabajo, que adquirió un rol protagónico desde que comenzó la cuarentena y abarca al servicio de mensajería y el de reparto de sustancias alimenticias se hicieron populares con el crecimiento plataformas tecnológicas como Rappi, Glovo, PedidosYa y Uber Eats.
En la actualidad, existe una ley que regula la actividad de los deliverys, pero no contempla la modalidad bajo la cual trabajan esas operadoras digitales, mediante las cuales, los usuarios pueden realizar los pedidos a través del teléfono celular, contactar los locales de gastronomía o enviar correspondencia.
Para ello, el proyecto del oficialismo porteño, que lleva las firmas de la legisladora Cristina García de Aurteneche y el diputado Marcelo Guouman, propone la creación de un Registro en el cual se deberán inscribir tanto las operadoras digitales como los repartidores y mensajeros.
Puntualmente, la ley define a tres actores fundamentales en esta cadena laboral: a las plataformas digitales en la que “terceros ofertan y demandan” el delivery, los propios repartidores y mensajeros habilitados para ejecutar la tarea, y a los prestadores del servicio, que son, en su mayoría, los locales de mensajería.
Los tres deberán contar, para su funcionamiento, con una habilitación, que tendrá vigencia de un año, y acreditar la inscripción ante la AFIP, la AGIP porteña; tener domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y dar constancia de la contratación de los seguros que corresponden para la actividad.
En lo que hace a los repartidores y mensajeros, estarán obligados a no tener infracciones de tránsito y a aprobar cursos específicos de capacitación que necesariamente incluirán nociones de seguridad vial y de normativa vinculada con los servicios que prestan.
En ese sentido, la iniciativa dispone, aunque no obliga, que sean los operadores de plataforma digital “los que faciliten los medios para que mensajeros y repartidores obtengan los cascos homologados y la indumentaria adecuada”.
Y determina que empresas de las apps contraten los seguros para los trabajadores que están en las calles, entre ellos, el de Accidentes de Trabajo, de Vida Obligatorio, de Responsabilidad Civil y de Accidentes personales.
Luego de la presentación del proyecto, la Asociación de Personal de Plataformas objetó que se busque “imponer multas y requisitos discriminatorios contra los trabajadores” mientras que se exime "a las empresas de proveer los elementos de seguridad para circular", como el casco y la indumentaria reflectiva.
En tanto, la Asociación Sindical de Motociclistas y Mensajeros consideró, también a través de un comunicado, que la medida del oficialismo representa "un claro perjuicio de los trabajadores y trabajadoras de la actividad".
"Es un burdo intento de legalizar el despótico modelo laboral que las empresas de plataformas pretenden imponer en clara violación a la histórica normativa laboral argentina", indicaron.
El legislador del Frente de Todos (FdT) Manuel Socías aseguró que "lamentablemente esta ley que debería proteger a los trabajadores, hace todo lo contrario, porque carga sobre ellos un conjunto inédito de obligaciones y prácticamente no le otorga ningún derecho".
Juan Manuel Valdés, también del FdT, aseveró que la iniciativa "encubre la relación laboral y obliga a los trabajadores a ser garantes de su seguridad". (Télam)