Dos años del Protocolo Antipiquetes: Amnistía denuncia más de 2.500 heridos y "una escalada de represión" a la protesta
Al cumplirse dos años de la entrada en vigencia del Protocolo para el mantenimiento del orden público ante el corte de vías de circulación, Amnistía Internacional presentó un informe que describe un escenario de creciente represión estatal frente a la protesta social en la Argentina. El relevamiento documenta 2.557 personas heridas durante 2024 y 2025 como consecuencia del uso ilegítimo o desproporcionado de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad.
La norma, impulsada por el Ministerio de Seguridad mediante la Resolución 943/2023, considera delito cualquier manifestación que afecte la circulación y habilita desalojos y detenciones sin orden judicial, en tensión con estándares internacionales sobre el uso de la fuerza y derechos fundamentales.
Según datos de la Comisión Provincial por la Memoria, citados por Amnistía Internacional, en 2025 se registraron 1.341 personas heridas y al menos 165 detenidas. En todo 2024, las cifras habían sido 1.216 heridos y 93 detenciones. El salto interanual implica un aumento del 77% en las privaciones de la libertad.
Las lesiones relevadas incluyen impactos de balas de goma en cabeza y rostro, exposición a gases lacrimógenos y gas pimienta, golpes con bastón y episodios de violencia física.
El informe identifica cuatro casos de impactos en los ojos con consecuencias permanentes. Entre los más graves, Jonathan Navarro perdió la visión de su ojo izquierdo el 12 de marzo de 2025 tras recibir un disparo de arma cinética de un agente de la Prefectura Naval durante una movilización de apoyo a jubilados. Meses después, en noviembre de 2025, Rodrigo Troncoso (24) denunció la pérdida de su ojo izquierdo por una bala de goma en una protesta en las inmediaciones del Congreso.
Ataques a la prensa: registrar también tiene costo
El Protocolo Antipiquetes impactó de lleno en el ejercicio del periodismo. Al menos 184 trabajadores y trabajadoras de prensa resultaron lesionados durante coberturas de protestas y otros fueron detenidos de manera arbitraria. Amnistía advierte un efecto silenciador: balas de goma, gases y agresiones físicas, además de restricciones para trabajar, obligaron a cronistas a incorporar elementos de protección, como en escenarios bélicos.
El episodio más grave documentado es el del fotógrafo Pablo Grillo, herido el 12 de marzo de 2025 mientras cubría una marcha de jubilados. Recibió el impacto de un cartucho de gas lacrimógeno en la cabeza, sufrió fractura expuesta de cráneo y fue internado en estado crítico. Continúa en recuperación con pronóstico reservado. A partir de material del Mapa de la Policía, la Justicia identificó y procesó al gendarme que efectuó el disparo.
Ante pedidos de acceso a la información pública, el Ministerio de Seguridad informó la apertura de solo dos sumarios administrativos por uso desproporcionado de la fuerza. Uno, vinculado a los hechos del 12 de marzo de 2025 en el Congreso, fue cerrado sin sanciones, lo que para Amnistía expone su carácter meramente formal.
La preocupación trascendió fronteras. El 23 de enero de 2024, tres Relatorías Especiales de la ONU alertaron al Estado argentino sobre las implicancias de la Resolución 943/2023. La CIDH exhortó reiteradamente a respetar los derechos de reunión y asociación pacífica y, tras los hechos del 12 de marzo de 2025, urgió a investigar con debida diligencia los posibles excesos.
El 12 de mayo de 2025, Relatorías de la ONU advirtieron un deterioro del espacio cívico desde diciembre de 2023. Finalmente, el 28 de noviembre de 2025, el Comité de la ONU contra la Tortura expresó seria preocupación por el Protocolo, señaló lesiones graves por armas menos letales y reclamó investigaciones independientes y adecuación a estándares internacionales.
Amnistía sostiene que la escalada represiva es “innegable” y que la violencia estatal se naturalizó. “Su aplicación opera como un mecanismo de intimidación y disciplinamiento destinado a desalentar y silenciar la participación social”, afirmó Paola García Rey, directora adjunta de Amnistía Internacional Argentina. Por estos motivos, la organización integra una acción de amparo que solicita la inconstitucionalidad del Protocolo Antipiquetes y espera que la evidencia acumulada impulse a la Justicia a revertir su vigencia.