Las nuevas jubilaciones cayeron 45% y la informalidad deja cada vez menos aportantes

La cantidad de nuevas jubilaciones otorgadas por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) cayó 45% interanual durante el primer semestre de 2026, en un escenario marcado por el vencimiento de la moratoria previsional, la persistencia de la informalidad laboral y una reducción de los trabajadores que sostienen el sistema mediante sus aportes.

Entre enero y junio se registraron 99.673 altas en el régimen general. En el mismo período de 2025 habían sido 181.549, mientras que durante la primera mitad de 2024 llegaron a 213.970, según las estadísticas de la Subsecretaría de Seguridad Social.

La comparación muestra que las nuevas jubilaciones disminuyeron 45% en un año y 53% frente a 2024. También quedaron por debajo de las 156.074 altas registradas en 2023 y de las 178.205 contabilizadas durante 2022.

El retroceso estuvo relacionado principalmente con la finalización del plan que permitía regularizar aportes faltantes. Sin esa herramienta, quienes alcanzan la edad jubilatoria necesitan acreditar los 30 años de contribuciones establecidos por la legislación para acceder a una prestación ordinaria.

El impacto del final de la moratoria

La moratoria establecida mediante la Ley 27.705 estuvo vigente desde marzo de 2023 hasta el 23 de marzo de 2025. El mecanismo permitía que las personas con aportes incompletos compraran los períodos faltantes y pagaran la deuda mediante descuentos mensuales sobre sus haberes.

Aunque la normativa contemplaba la posibilidad de extender su vigencia, el Gobierno nacional decidió no prorrogarla. El impacto sobre las altas no fue inmediato porque durante varios meses continuaron resolviéndose expedientes iniciados antes del vencimiento.

Durante todo 2025 se otorgaron 338.553 jubilaciones, un 20,3% menos que en 2024. En el primer semestre de 2026, cuando ese efecto residual comenzó a desaparecer, la caída se profundizó.

El cambio también modificó la composición de los nuevos beneficios. Entre enero y junio, el 43% de las altas se concretó mediante alguna moratoria todavía aplicable, mientras que el 57% correspondió a personas que cumplieron los requisitos sin utilizar esos mecanismos.

Fue la primera vez en años que las jubilaciones ordinarias superaron a las concedidas mediante planes de regularización. En las primeras mitades de 2024 y 2025, más de siete de cada diez nuevos jubilados habían utilizado una moratoria.

Menos trabajadores sostienen el sistema previsional

La reducción de las altas convive con otro problema estructural: la caída de la cantidad de aportantes. En mayo, el Sistema de Seguridad Social contabilizó 12,4 millones de trabajadores con contribuciones, equivalentes al 26,9% de la población argentina.

La cifra representó una disminución interanual de 38.532 aportantes. El mayor retroceso se produjo entre los trabajadores en relación de dependencia, que disminuyeron en 140.659 casos.

Dentro de ese grupo, el sector privado perdió 108.378 aportantes y el empleo público registró una reducción de 36.034. En cambio, el monotributo sumó 71.514 inscriptos y el régimen de trabajadoras de casas particulares incorporó 29.923 personas.

Los asalariados privados constituyen el principal grupo que financia el sistema, con aproximadamente seis millones de aportantes. Los monotributistas y los trabajadores en relación de dependencia incluidos en otros regímenes reúnen alrededor de 2,2 millones cada uno.

La menor base contributiva aumenta la presión sobre el financiamiento previsional. Mientras la cantidad de jubilados y pensionados continúa creciendo, el número de trabajadores registrados que realizan aportes no avanza al mismo ritmo.

La informalidad dificulta reunir 30 años de aportes

El problema de acceso a la jubilación está directamente relacionado con las características del mercado laboral. Durante el primer trimestre de 2026 había 12,9 millones de asalariados privados, pero 5,6 millones no se encontraban registrados.

Esto ubicó la informalidad asalariada en el 43,6%. Para esos trabajadores, los períodos sin registrar no generan contribuciones y dificultan alcanzar los 30 años exigidos al momento de jubilarse.

En abril, el empleo asalariado formal cayó 0,1% mensual y 1,4% interanual. Frente a noviembre de 2023, la reducción alcanzó el 3,2%, equivalente a la pérdida de casi 330.000 puestos registrados.

La combinación de menor empleo formal, mayor informalidad y ausencia de una moratoria amplia restringe el acceso a la jubilación contributiva y, al mismo tiempo, debilita la principal fuente de financiamiento del sistema.

Qué alternativas permanecen vigentes

Quienes no reúnen los 30 años de aportes todavía pueden evaluar algunos mecanismos, aunque su alcance es más limitado.

Continúa vigente la moratoria de la Ley 24.476, que permite regularizar períodos anteriores a octubre de 1993. Sin embargo, su utilidad disminuye con el paso del tiempo porque únicamente cubre deudas previsionales antiguas.

También permanece disponible el plan de cancelación para trabajadores en actividad que se encuentren a diez años o menos de alcanzar la edad jubilatoria. Pueden acceder las mujeres de entre 50 y 59 años y los varones de entre 55 y 64.

Ese régimen permite comprar meses sin aportes anteriores a abril de 2012, siempre que la persona haya residido en el país y no haya tenido trabajo registrado durante los períodos que busca regularizar. El pago debe realizarse antes de solicitar la jubilación.

Además, la legislación permite compensar aportes mediante el exceso de edad: por cada dos años trabajados después de la edad jubilatoria se computa uno como aporte. Las mujeres también pueden solicitar el reconocimiento de períodos por tareas de cuidado, según la cantidad de hijos y determinadas situaciones particulares.

La PUAM como prestación alternativa

Las personas que llegan a los 65 años sin reunir los aportes necesarios pueden solicitar la Prestación Universal para el Adulto Mayor (PUAM), siempre que superen una evaluación socioeconómica.

La prestación equivale al 80% de la jubilación mínima y no exige contribuciones previas. Sin embargo, presenta diferencias respecto de una jubilación ordinaria: se accede desde los 65 años tanto para mujeres como para varones y no genera derecho a una pensión para el cónyuge cuando fallece el titular.

En junio, la PUAM fue percibida por 218.844 personas, un 14% más que el promedio mensual de 2025. El crecimiento refleja el desplazamiento de una parte de quienes no pueden acceder a una jubilación contributiva por no completar los años requeridos.

De las 5,67 millones de jubilaciones pagadas por la ANSES durante junio, el 68% incluyó alguna regularización de aportes. El dato expone el peso que tuvieron las moratorias para compensar carreras laborales atravesadas por la informalidad y anticipa mayores dificultades de acceso si no se modifica el esquema vigente.