Sin tregua con Milei: la CGT vuelve a las calles y pone un paro general en el horizonte
La Confederación General del Trabajo (CGT) pondrá en marcha este miércoles 22 de julio un nuevo plan de lucha contra el gobierno de Javier Milei, pese a las recientes modificaciones introducidas por el Ejecutivo en la reglamentación de la Ley de Modernización Laboral, que llevaron alivio a dos fuentes importantes de financiamiento sindical.
La primera actividad será una movilización frente al Congreso Nacional para acompañar el reclamo de los jubilados. La concentración comenzará a las 15 en la intersección de las avenidas Rivadavia y Rodríguez Peña y contará con la participación de las dos CTA, la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), organizaciones sociales y agrupaciones de jubilados.
La protesta marcará el comienzo de una agenda más amplia, que priorizará inicialmente las manifestaciones callejeras, las asambleas y distintas acciones gremiales. El objetivo final será confluir en una protesta nacional de mayor alcance, que podría incluir un paro general de 24 o 36 horas, aunque todavía no hay una fecha establecida.
Las protestas previstas por la CGT
Luego de la movilización frente al Congreso, la CGT, las CTA y las organizaciones sociales volverán a las calles el próximo 7 de agosto, en el marco de la tradicional marcha por el Día de San Cayetano.
El cronograma también contempla una concentración frente al Ministerio de Economía para expresar el rechazo al creciente endeudamiento de las familias, la participación sindical en la Semana Social de la Iglesia y una movilización prevista para el 2 de septiembre, cuando se conmemora el Día de la Industria.
A esas actividades se sumaría una acción sindical durante una eventual visita del papa León XIV a la Argentina, prevista inicialmente para noviembre. El viaje todavía no fue anunciado oficialmente por el Vaticano, por lo que el itinerario y las fechas definitivas continúan pendientes de confirmación.
Otra de las medidas será una movilización cuando el Gobierno convoque nuevamente al Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil. Todas estas acciones formarán parte del recorrido que las centrales obreras proyectan antes de definir una medida nacional de fuerza.
Asambleas y acciones en estaciones y aeropuertos
El plan no se limitará a las grandes movilizaciones. Los sindicatos también realizarán asambleas en los lugares de trabajo y repartirán materiales explicativos sobre sus reclamos en estaciones ferroviarias y aeropuertos de distintos puntos del país.
La CGT busca, además, fortalecer su presencia en los conflictos gremiales que se desarrollen tanto en el Área Metropolitana de Buenos Aires como en el interior. Para eso, cada sindicato enviaría entre 15 y 20 dirigentes para acompañar protestas puntuales en empresas.
También se reforzará el vínculo con las delegaciones regionales de la central obrera y se abrirán conversaciones con entidades empresariales del interior para explorar medidas conjuntas contra la política económica del Gobierno.
A este esquema podría incorporarse un paro nacional docente impulsado desde la Secretaría de Políticas Educativas de la CGT, conducida por Sergio Romero, de la Unión Docentes Argentinos. La medida se concretaría durante agosto y buscaría sumar a CTERA y a otras organizaciones sindicales del sector.
El Gobierno modificó dos puntos sensibles para los gremios
El comienzo del plan de lucha coincide con la publicación del Decreto 612/2026, mediante el cual el Gobierno modificó aspectos de la reglamentación de la Ley de Modernización Laboral que habían generado preocupación entre los dirigentes sindicales.
La norma, publicada el lunes 20 de julio en el Boletín Oficial, amplió la base utilizada para calcular determinados aportes sindicales. Además del salario básico convencional, ahora se incluyen las sumas remunerativas normales, habituales y de pago mensual surgidas de los convenios colectivos.
El decreto aclaró, al mismo tiempo, que las contribuciones asumidas por los empleadores mediante convenios colectivos no quedan comprendidas dentro del límite previsto para los aportes y contribuciones de los trabajadores.
Esos fondos empresariales deberán destinarse exclusivamente a obras sociales, asistenciales, previsionales o culturales en beneficio de los empleados alcanzados por la representación sindical. También tendrán que administrarse y documentarse por separado de los restantes bienes de las organizaciones gremiales.
La modificación protegió recursos destinados a mutuales, seguros de vida, coberturas de sepelio y mejoras en las obras sociales, luego de las negociaciones mantenidas entre referentes dialoguistas de la CGT y funcionarios nacionales.
Sin embargo, la central obrera decidió sostener su agenda de protestas. La marcha frente al Congreso abrirá una nueva etapa en la relación con la Casa Rosada y servirá para medir la capacidad de convocatoria sindical antes de avanzar hacia una medida de fuerza nacional.