La diputada nacional, Elisa Carrió, redobló la apuesta en torno  al nuevo protocolo para el uso de armas, que dispuso el ministerio a cargo de Patricia Bullrich y propuso que el mismo sea definido por el Congreso.

Mediante una carta dirigida a las Fuerzas de seguridad, la legisladora aclara que no está “en contra del empleo por parte de un agente de seguridad o policial de su arma de fuego cuando las circunstancias lo justifiquen”, pero considera que la normativa debe estar en el marco legal del nivel que corresponde, no puede ser introducida por medio de una Resolución Ministerial.


En tanto que apuntó que “la Resolución Ministerial de un organismo nacional presenta diversas falencias que no protegerán adecuadamente al agente que deba emplear su arma de fuego contra un delincuente ante una situación crítica”.

En paralelo, Carrió habla de la pena de muerte en relación a esta resolución de la cartera de Seguridad y estima que “el derecho a la vida del ciudadano está debidamente asegurado en la Constitución Nacional, como así también la no aplicación de la pena de muerte”.

“Las circunstancias en las que un agente de seguridad o policial deba ocasionar la muerte de un delincuente, o al menos emplear un arma letal que pudiera ocasionarla, debe tener un firme marco legal que evite la confusa interpretación de la norma”, insiste.

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