El bloque del FpV-PJ reclama la libertad de Julio De Vido
Diputados kirchneristas hicieron una presentación ante el juez Luis Rodríguez, que tramita la causa por corrupción en la mina de Río Turbio.
El bloque de diputados del FpV-PJ presentó un escrito ante el juez federal Luis Rodríguez, que tramita la causa sobre corrupción en la mina de Río Turbio, reclamando que se levante la prisión preventiva de Julio de Vido.
Al respecto, destacaron que “no existen ni se mantienen ninguno de los presupuestos que justifiquen la continuidad de la medida”, la cual “afecta el normal desenvolvimiento del Cuerpo parlamentario y lesiona gravemente la voluntad popular y la representación política de la composición de la Cámara de Diputados”.
“Se fueron cayendo y eran de una insostenible fragilidad los argumentos jurídicos que oportunamente se establecieron para la prisión preventiva. Está claro que no existen sustentos jurídicos para una medida excepcional y transitoria como puede ser una prisión preventiva”, añadió.
En torno a esto, aseguraron que se trata de “una decisión de orden político de extrema gravedad que quiebra las garantías constitucionales, la representación política y el normal desenvolvimiento de la Cámara de Diputados, impacta en la sanción de leyes, así como en la conformación de nuestro bloque de representación política”.
“Está más que probado y es obvio que no hay peligro de fuga y que se presentó a cada requisitoria judicial, no hay posibilidad alguna de entorpecer o interferir en las investigaciones que se efectuaron y que se continúen haciendo”, completaron.
Al respecto, destacaron que “no existen ni se mantienen ninguno de los presupuestos que justifiquen la continuidad de la medida”, la cual “afecta el normal desenvolvimiento del Cuerpo parlamentario y lesiona gravemente la voluntad popular y la representación política de la composición de la Cámara de Diputados”.
“Se fueron cayendo y eran de una insostenible fragilidad los argumentos jurídicos que oportunamente se establecieron para la prisión preventiva. Está claro que no existen sustentos jurídicos para una medida excepcional y transitoria como puede ser una prisión preventiva”, añadió.
En torno a esto, aseguraron que se trata de “una decisión de orden político de extrema gravedad que quiebra las garantías constitucionales, la representación política y el normal desenvolvimiento de la Cámara de Diputados, impacta en la sanción de leyes, así como en la conformación de nuestro bloque de representación política”.
“Está más que probado y es obvio que no hay peligro de fuga y que se presentó a cada requisitoria judicial, no hay posibilidad alguna de entorpecer o interferir en las investigaciones que se efectuaron y que se continúen haciendo”, completaron.
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