Ley de Glaciares: avanza la reforma y crece la polémica ambiental
El oficialismo avanzó esta semana en el Senado con la reforma de la Ley de Glaciares, una iniciativa clave para el Gobierno de Javier Milei que ya obtuvo dictamen favorable en comisiones y quedó habilitada para su tratamiento en el recinto el próximo 10 de febrero, durante las sesiones extraordinarias convocadas por el Poder Ejecutivo.
El proyecto ingresó a la Cámara alta el 15 de diciembre y fue tratado en un trámite acelerado que se concretó en apenas dos días. Con el impulso de La Libertad Avanza (LLA), el oficialismo busca modificar la Ley 26.639, sancionada en 2010, que establece presupuestos mínimos para la protección de glaciares y del ambiente periglacial como reservas estratégicas de recursos hídricos.
Avance exprés y respaldo del sector minero
Durante el debate en comisiones, gobernadores de provincias con fuerte presencia minera, como San Juan y Catamarca, expusieron a favor de la iniciativa y pusieron el foco en la necesidad de compatibilizar la protección ambiental con el desarrollo productivo y la generación de empleo. En la misma línea, representantes del sector empresario vinculado a la minería respaldaron la reforma y reclamaron reglas más claras para el desarrollo de inversiones.
Desde el Gobierno nacional, la Oficina del Presidente justificó el proyecto a través de un comunicado oficial, en el que sostuvo que la modificación apunta a ordenar el esquema de competencias provinciales sobre los recursos naturales y a despejar conflictos normativos vigentes.
El texto de la reforma habilita a cada jurisdicción a definir el alcance de las áreas protegidas y evaluar la posibilidad de permitir actividades económicas en determinadas zonas periglaciales. Además, introduce cambios en los criterios de protección establecidos por la normativa actual, que obliga al Estado nacional y a las provincias a resguardar los glaciares y el ambiente periglacial.
Fuerte rechazo de especialistas y organizaciones ambientales
En contraposición, especialistas, científicos y organizaciones ambientales cuestionaron duramente el proyecto libertario y advirtieron sobre un retroceso en materia de protección ambiental. Durante la reunión conjunta de las comisiones de Ambiente y Desarrollo Sostenible y de Minería, Energía y Combustibles, alertaron que la reforma vulnera el espíritu de la ley original y podría generar conflictos constitucionales.
Andrés Nápoli, director ejecutivo de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), afirmó que “el proyecto introduce una modificación sustancial de la ley vigente” y explicó que “reduce el área de protección glaciar —que actualmente alcanza apenas el 0,21 % del territorio nacional— con el objetivo de habilitar proyectos de megaminería de alta montaña hoy expresamente prohibidos”.
En la misma línea, Agostina Rossi Serra, de Greenpeace Argentina, sostuvo que “cuando el riesgo aumenta, las normas se fortalecen, no se debilitan” y remarcó que “plantear que hay glaciares o partes del ambiente periglacial que sirven y otros que no es una discusión científicamente incorrecta”.
Desde la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, Enrique Viale advirtió que “las leyes de presupuestos mínimos son una arquitectura constitucional que este proyecto tira por la borda” y se preguntó: “¿Qué va a pasar después? ¿Vienen por los bosques? ¿Por los ríos?”.
A su vez, Manuel Jaramillo, director ejecutivo de la Fundación Vida Silvestre Argentina, consideró “inadmisible” la falta de consulta previa con el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA), mientras que Eugenia Testa, del Círculo de Políticas Ambientales, señaló una “fuerte injerencia sectorial” en la elaboración del proyecto.
Las organizaciones coincidieron en que la reforma no busca fortalecer la protección de las fuentes de agua, sino responder a demandas del sector minero, y advirtieron que, lejos de generar seguridad jurídica, profundizará la incertidumbre normativa y la conflictividad social.