Argentina Redaccion GLP 02 de noviembre de 2017

Duro revés judicial: Procesaron a Darío Giustozzi

Por el delito de administración fraudulenta en el marco de una investigación por una obra de recolección y tratamiento de efluentes cloacales en Claypole.

Darío Giustozzi.

El ex intendente de Almirante Brown y diputado nacional, Darío Giustozzi, fue procesado sin prisión preventiva por el delito de administración fraudulenta. Se le trabó además un embargo de 3.000.000 de pesos.

Así lo determinó el juez federal, Sergio Torres, en el marco de una causa en la que se investiga la construcción de un sistema desvinculado de recolección y tratamiento de efluentes cloacales en Claypole que comenzó en 2009 y finalizó en 2015, que según se detectó nunca funcionó.

En el marco de la misma causa también fueron procesados y embargados el ex administrador de Enhosa, Eduardo Bortolozzi, el ex subadministrador y luego administrador de Enhosa, Lucio Mario Tamburo, el ex secretario de Infraestructura de Almirante Brown, Daniel Bolettieri, y el ex director de Hidráulica y Saneamiento del municipio de Almirante Brown, Luis Carusso.

En torno a lo actuado por Darío Giustozzi, el magistrado observa que "se le asigna el acto –en abril de 2009- de haberle dado inicio a la ejecución del hecho ilícito. Es que en su sustancia se advierten severas irregularidades e ilegitimidades cuya entidad será tratada a lo largo del exordio, pero que, sopesadas con otros particulares, llamativos e ilegítimos obrares administrativos de los involucrados, realizados en el marco de la sustanciación de aquellos expedientes que dicho planteo inició, conllevan a la convicción de que todo resultaba ser una maniobra disvaliosa planificada por quienes aquí serán cautelados, que comenzó a exteriorizarse con esa presentación".

"Con la misma se pretendía exhibir un dejo de legalidad -que solo era aparente- y mostrar –falsamente- una gestión de obras eficaz y dedicada a atender la problemática de la población. Sin embargo, todo era una falacia ya que en realidad, sabían que lo que irían a hacer no servía para su verdadero cometido, pero sin embargo avanzaron, ya que les permitía publicitar una gestión de apariencia exitosa", añade Torres.

Asimismo, el juez determinó que se "dilapidaron $ 4.971.753,92", además de otros daños ya que "todo lo dicho perjudicó de manera relevante las arcas del estado, además de impedir el atendimiento en debido tiempo y forma, de las problemáticas de salud y ambientales de la zona de influencia del proyecto".



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