Macri, Peña y Prat-Gay imputados

La decisión la tomó el fiscal Guillermo Marijuan por una denuncia penal que realizó la diputada de Libres del Sur, Victoria Donda, y otros legisladores legisladores de la oposición que alertaron por el polémico decreto.

El delito en el que incurrieron los tres funcionarios del poder ejecutivo, para la justicia se caratuló como presunto delito de "abuso de autoridad" previsto en el artículo 248 del Código Penal de la Nación.

El Congreso argentino había sancionado la Ley de Reparación Histórica y blanqueo de capitales, donde dejaba sentado la imposibilidad de los familiares de funcionarios ingresar a la "amnistía" fiscal, que lanzó el gobierno con el objetivo de aumentar la recaudación y repatriación de capitales.

Según Marijuan, "hay motivos suficientes para impulsar una investigación judicial". El Decreto 1.206/2016 publicado en el miércoles 30 de noviembre habilita a blanquear bienes y tenencia de monedas a los padres, cónyuges e hijos de los funcionarios si éstos pueden justificar que se trata de bienes adquiridos antes de haber llegado a la función pública.

"Es inconcebible que el Poder Ejecutivo haya redactado un decreto que modifica el decreto que reglamenta la ley que se aprobó en el Congreso, cuando la misma plantea claramente que los familiares de funcionarios públicos no pueden participar de la operación", mencionó Donda.