Gils Carbó dictaminó contra el tarifazo de gas y ahora le toca a la Corte
La procuradora argumentó la falta de audiencias públicas, como un paso previo a los aumentos prescrito como un derecho en la Constitución Nacional
La Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, anticipó el fallo un día de lo previsto tras conocerse la noticia de su dictamen contrario a los deseos del Gobierno y la fallida exposición de Aranguren en Diputados.
Gils Carbó detalla que si bien es facultad del Ejecutivo definir la política pública en esta materia, el control judicial debe garantizar que su implementación se realice "de acuerdo al marco legal vigente y sin afectar derechos humanos y fundamentales vinculados a la accesibilidad al gas" resalta en el dictamen.
En éste sentido como se anticipó acá, la procuradora hizo hincapié en la falta de audiencia pública restringió el derecho de información, consulta y participación de los usuarios y consumidores prescripto por la Constitución Nacional Argentina, y dictaminó a favor de confirmar la sentencia que frenó los aumentos en las tarifas del gas.
Aranguren a su vez había destacado que las resoluciones no requerían "consulta previa", amparado en la "Ley de emergencia", y por la situación energética entre otros argumentos que no convencieron a los diputados durante el pedido de informe.
Si bien el dictamen de Gils Carbó es no vinculante, el pedido a la procuradora fue realizado por la propia Corte, integrada por los 4 miembros, hasta que asuma Rosenkratz el 22 de agosto.
En otro considerando clave, Gils Carbó sentencia: “Si bien es cierto que el mérito o conveniencia de una política pública es una cuestión que excede el ámbito de una revisión judicial, no es menos cierto que tales políticas deben implementarse con acatamiento a los límites que resultan del marco regulatorio legal específico en la materia, y sin vulnerar los derechos y garantías constitucionales reconocidos a favor de los usuarios y consumidores”. En tal sentido, señaló que “una de las funciones del Poder Judicial es controlar que los restantes poderes del Estado no se extralimiten en el ejercicio de sus facultades y respeten el ordenamiento jurídico vigente”.
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