La Corte dejó firme la condena por corrupción contra una exintendenta catamarqueña
La Corte Suprema rechazó la última apelación de la ex intendenta de la localidad catamarqueña de San José de Santa María, Mónica Hernández, por el delito de “defraudación en perjuicio de la administración pública”.
Hernández fue condenada en 2018 por un tribunal provincial por presuntas irregularidades en la contratación para logística a razón de unos 4.400 dólares mensuales, según la cotización de la moneda norteamericana cuando ocurrieron los hechos, en 2007.
La condena incluye la inhabilitación para ejercer cargos públicos de por vida.
El máximo tribunal, con los votos de los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, desestimó la última apelación presentada por el abogado de Hernández, Pedro Eugenio Despouy Santoro.
Hernández fue condenada a tres años de prisión en suspenso por las irregularidades que surgieron a partir del alquiler de un camión.
Fuentes locales explicaron que el alquiler incluía chofer y seguro (la intendencia proveía el combustible) por 19.800 pesos mensuales a valores de aquella época.
La contratación eludió el formato de licitación pública.
Hernández consideró que se trató de un “fallo político”, debido a una disputa interna dentro del Partido Justicialista, ya que la intendenta se referenciaba en la línea política del sindicalista gastronómico Luis Barrionuevo pero luego se pasó al Frente para la Victoria.
El fallo de la Corte declaró “inadmisible” la última apelación, pero el juez Lorenzetti aclaró que esa cuestión de procedimiento “no importa confirmar ni afirmar la justicia o el acierto de la decisión recurrida".