Judiciales de la CTAA denunciaron al Estado ante la CIDH por incumplimiento de la paritaria

La Federación Judicial Argentina (FJA), que integra la Central de los Trabajadores de la Argentina Autónoma (CTAA), denunció al Estado argentino ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ante “el incumplimiento del derecho constitucional a la negociación colectiva y la ausencia de convocatoria a una paritaria nacional que iguale los derechos de los judiciales”.

En el contexto del 55° Congreso Ordinario de la entidad, la FJA informó que presentó la denuncia ante la CIDH y que puso “principal foco en la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN)”, y advirtió que el Estado argentino “incumple el derecho constitucional de la negociación colectiva y no convoca a una paritaria nacional para igualar los derechos de los judiciales de todo el país”.

“El sector judicial no tiene negociación colectiva, como si la gozan la docencia, los empleados de las Legislaturas o el resto de las actividades formales del mundo laboral. Además de haber presentado proyectos de ley en el Congreso, la FJA acudió a la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en la que en 2011 recibió un dictamen favorable y recomendó al Estado argentino el reconocimiento del derecho de los judiciales a la paritaria”, expresó un documento.

En ese Congreso, la FJA presentó a sus nuevas autoridades en la sede de la Asociación de Empleados Judiciales de la Ciudad de Buenos Aires (Aejba), en un acto en el que participaron el titular nacional de la CTAA, Hugo Godoy, su par de la CTA Hugo Yasky y otros sindicalistas. 

Matías Fachal, reelecto secretario general de la FJA, explicó que “el planteo de la organización excede la negociación colectiva en las provincias -que es importante- porque se procura una paritaria nacional para discutir pisos mínimos de derechos, un escalafón único y concurso entre jurisdicciones para que el ingreso sea democrático y no a dedo de jueces o funcionarios”.

Godoy aseguró que esas centrales obreras se comprometieron con la lucha de los judiciales porque existe “una expresión cabal de restricción de la democracia, ya que desde su recuperación se niega a los judiciales el derecho de discutir las condiciones laborales”. (ST)