El sistema penal mexicano se utiliza para perseguir y criminalizar la defensa de los derechos humanos, según han denunciado la abogada Ana Lorena Delgadillo, la periodista Marcela Turati y la antropóloga forense Mercedes Doretti, durante la presentación del informe Perseguidas: criminalización de mujeres defensoras de derechos humanos en México, de Amnistía Internacional.

En este informe se documentan los casos de las tres, quiénes han expuesto durante el evento cómo fueron “sujetas a una investigación indebida y a espionaje por parte del Estado por los presuntos delitos de delincuencia organizada y secuestro”.

Ana Lorena Delgadillo Pérez, defensora y fundadora de la Fundación para la Justicia (FJEDD), ha detallado que descubrió dicha investigación en su contra alrededor de 2020 cuando revisaba los expedientes judiciales que solicitó sobre las masacres de San Fernando, Tamaulipas, (2010- 2011).

“Para mi fue muy fuerte abrir el tomo 221 y enterarme que soy, al mismo tiempo, abogada de las víctimas y perseguida por delincuencia organizada y secuestro, en el mismo tomo”, ha expuesto la directora de la organización que representa a cerca de 300 migrantes desaparecidos y sus familias.

La maquinaria del Estado mexicano

La defensora ha señalado que la Fiscalía General de la República (FGR) “de manera ilegal desvió todo el poder de la maquinaria legal y todo el poder de la ley contra la delincuencia organizada (...) lo desvió en contra de nosotras tres, cuando nosotras solamente queríamos que las familias tuvieran una respuesta”.

“No solamente intervinieron nuestros teléfonos, sino que nos pusieron en la misma investigación donde tendrían que estar investigando al crimen organizado por la masacre, que hasta la fecha, hay que decir, sigue impune”, ha subrayado.

Por su parte, Marcela Turati, periodista y escritora especializada en derechos humanos, ha recordado que en 2011 cubrió el hallazgo de las fosas de San Fernando, donde se encontraron 196 cuerpos de personas migrantes, y en 2015, publicó una serie de reportajes sobre distintas irregularidades en el caso, “que enojaron tanto a la FGR sobre la ineficiencia y la criminalidad” en su interior.

“Me avisan que estoy en un expediente. Que están mis reportajes, que están mis ubicaciones, que está mi letra, que estoy geolocalizada, que se pusieron a ver cuántas veces le llamé a qué víctimas, desde dónde”, ha contado.

“Han sido años de mucha pesadilla. Me queda claro que hay una intención de estos gobiernos, y digo estos porque esto empezó en 2016, pero es el Estado. Ahí siguen esas personas que nos investigaron, aunque algunos están en la cárcel o prófugos por (el crimen de) Ayotzinapa”, ha advertido.

Por su parte, Mercedes Doretti, fundadora y directora para Centro y Norteamérica del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), ha comentado que le tomó tiempo “entender la gravedad de la investigación” de la que sigue siendo perito, “junto con la dirección de servicios periciales de FGR para investigar, identificar y ver la causa de muerte sobre los restos de esta masacre”.

“¿Cómo puedo ser perito a ese nivel en esta investigación, y al mismo tiempo, estar siendo investigada por crimen organizado en ese mismo expediente? Es algo que me resulta incomprensible”, ha cuestionado.

Sin respuesta del Gobierno

A propósito del informe, el director de Amnistía Internacional España, Esteban Beltrán, ha anunciado una campaña nacional y otra internacional contra la persecución penal de miembros de la sociedad civil en México.

“Para que Ana Lorena, Marcela y Mercedes sepan que no están solas en su lucha por conocer lo ocurrido en las masacres de San Fernando y que cese la persecución sobre ellas”, ha agregado.

Edith Olivares, directora de Amnistía Internacional México, ha añadido que antes de la publicación del reporte se buscaron a las autoridades señaladas, particularmente a la Fiscalía, cuyo titular es Alejandro Gertz Manero, pero que no han recibido ninguna respuesta.

Mientras que la periodista Carmen Aristegui, quien ha moderado el evento, ha comentado que las tres mujeres defensoras son “ese copo de nieve que nos permite ver el universo” de la violencia y la impunidad rampante en México.

La persecución a las defensoras de derechos humanos

El informe de Amnistía Internacional deja claro también que la persecución que por años han sufrido Delgadillo, Turati y Doretti no sólo tiene efectos negativos en ellas, exacerbados por ser mujeres, sino que “también tiene impactos nocivos en el país”.

“La criminalización de las personas defensoras de derechos humanos por sus actividades legítimas atemoriza y desincentiva no sólo a que las personas criminalizadas continúen la promoción y protección de los derechos humanos, sino también a que otras personas defensoras continúen sus labores, y contribuye a que las comunidades no manifiesten sus reclamos”, se señala.

“Las mujeres periodistas y abogadas se enfrentan a grandes riesgos al exponer y desafiar a quienes están en el poder. Adicionalmente, las mujeres en puestos prominentes de liderazgo ’suelen ser blanco de ataques, tanto para silenciarlas, como también para desalentara los disidentes en general’”, dice el relator Especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos, Michel Forst, para el documento.

Ya en los campos más específicos en los que se desenvuelven estas tres defensoras, la investigación señala que la persecución y criminalización impacta a abogadas que apoyan a víctimas, pues “genera que las segundas desconfíen de las primeras y no soliciten justicia, y que las primeras tengan dificultades para ejercer su labor”.

La criminalización también afecta a periodistas al dificultar que ellas puedan recolectar información. La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH sostiene que la criminalización de periodistas “genera un efecto de amedrentamiento que limita la libertad de expresión”.

La criminalización afecta asimismo a las personas que realizan peritajes, ya que afecta su independencia y autonomía frente a la investigación. Pero además afecta a las víctimas, ya que, dice AI, al criminalizar a personas defensoras, periodistas y peritos, el Estado también genera que las víctimas cuestionen su capacidad de decidir quién las defiende y, por tanto, que queden aisladas.

EFE