La Cámara de Diputados le dio dictamen favorable al proyecto de ley “antimafias” impulsado por el Ministerio de Seguridad para un abordaje integral del crimen organizado, incluyendo penas más altas y extinción de dominio.

Esta vez sin debate, las comisiones de Legislación Penal y Seguridad Interior se dieron cita por quinta vez, y avanzaron con el despacho, que quedó listo para ser votado en el recinto de la Cámara baja, pese al rechazo de Unión por la Patria, que votó un dictamen de rechazo.

En la tercera reunión de comisiones de la jornada, la presidenta de Legislación Penal, Laura Rodríguez Machado (PRO), confirmó que iban a proceder con la firma del despacho mientras se estaba debatiendo en el anexo C el proyecto de baja de la edad de imputabilidad.

La iniciativa propone una profunda reforma el Código Penal para penalizar de la misma forma a todos los miembros de las bandas delictivas o asociaciones ilícitas, ya que hasta ahora se imponían las escalas de acuerdo a la participación que tuvo cada miembro en el mismo delito.

Es decir que la pena más alta que recibe un miembro de la organización criminal en función de haber cometido el delito más grave será aplicada también al resto de los integrantes de la banda, dado que son considerados partícipes necesarios del acto delictivo final.

En el texto del proyecto se enumeran los tipos penales específicos que se inscriben dentro de esta figura de asociación ilícita: tráfico de estupefacientes, lavado de activos, homicidios, lesiones, pornografía infantil, privación ilegítima de la libertad, secuestro, coacción, amenazas, extorsión, trata de personas, tráfico de órganos, intimidación pública, incendios, estragos y tenencia ilegal de armas y/o explosivos.

Ante estos crímenes, la iniciativa contempla una pena más alta de 8 a 20 años de prisión o reclusión por la mera pertenencia a la asociación.

En tanto, se crea la figura de la Zona de Investigación Especial, con la finalidad de disponer mecanismos de intervención rápidos en los distintos poderes del Estado para ofrecer una respuesta veloz y efectiva.

La iniciativa incluye la acción de extinción de dominio, que consiste en la desposesión de bienes de quienes hayan sido causantes probados de ese tipo de delitos, los cuales son transferidos inmediatamente al dominio del Estado nacional.

Por otra parte, el proyecto del Poder Ejecutivo incorpora el instituto de "reiterancia" al Código Procesal Penal y otorga prisión preventiva a quienes tengan causas previas al delito por el cual están siendo investigados.

Hasta ahora, se consideraba reincidente a toda persona que hubiera sido condenada dos o más veces a una pena con privación de la libertad efectiva. 

Con la introducción de la “reiterancia”, ya no será condición que las condenas hayan sido cumplidas. 

Si concurren dos hechos independientes, las penas se suman de manera aritmética, hasta un máximo de 50 años.

(NA)