Escándalo en el Congreso: la oposición pide el juicio político de Cúneo Libarona
El reciente paso del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, por la Comisión de Mujeres y Diversidad de la Cámara de Diputados ha desatado una tormenta política. Tras una presentación que incluyó polémicas declaraciones sobre género, legisladoras del bloque de Unión por la Patria han impulsado un pedido de juicio político en su contra.
La diputada Mónica Macha, quien preside la comisión, lidera la iniciativa que acusa al funcionario de mal desempeño y de incumplir las leyes vigentes en materia de género.
Declaraciones que encendieron la controversia
Durante una reunión informativa presidida por Macha el pasado martes, Cúneo Libarona declaró que el gobierno de Javier Milei no reconoce otra cosa que la biología, y anunció el fin del género. "Nuestro valor es la familia. Rechazamos la diversidad y la identidad sexual que no se alineen con la biología", afirmó el ministro, generando un inmediato rechazo entre los legisladores presentes.
Acusaciones y fundamentación del pedido de juicio político
El pedido de juicio político, respaldado por Encuentro Federal y legisladores de izquierda, argumenta que Cúneo Libarona carece de idoneidad técnica y moral para ejercer su cargo. El proyecto sostiene que el ministro ha transgredido la normativa en materia de protección de derechos de las personas y poblaciones vulnerables, y que su enfoque ha abandonado la perspectiva necesaria para la protección de derechos en el Ministerio de Justicia.
Mónica Macha calificó la gestión del ministro como violatoria de los derechos humanos y una violación del Estado de Derecho. La diputada explicó que la actual administración del ministerio ha discontinuado políticas de protección contra la violencia de género y rechaza la diversidad de identidades sexuales.
Proceso y desafíos del juicio político
El juicio político deberá pasar por la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados. Según la Ley Orgánica sobre Juicio Político, la comisión debe analizar la denuncia y decidir su admisibilidad. Si se aprueba, el pedido pasará al Pleno de la Cámara Baja y luego al Senado, donde se requiere una mayoría especial de dos tercios para la destitución del funcionario.
El proceso es complejo y enfrenta desafíos significativos, especialmente en un contexto político en el que se requiere una mayoría calificada para avanzar con el juicio.