El Gobierno oficializó la prohibición de incluir tasas municipales en facturas de servicios públicos
En las últimas horas, el Gobierno nacional oficializó una medida clave para el control de los recargos en las boletas de servicios públicos. A través de la resolución 267/2024, publicada esta madrugada en el Boletín Oficial, se estableció la prohibición de incluir tasas y cargos municipales en las facturas de servicios. Esta decisión surge tras la denuncia pública del Ejecutivo la semana pasada sobre los ajustes impositivos que aplicaban algunas intendencias, especialmente en supermercados.
¿Qué dice la resolución?
La normativa especifica que “la información relacionada con los conceptos contenidos en los comprobantes emitidos por los proveedores de bienes y servicios (…) deberán referirse en forma única y exclusiva al bien o servicio contratado específicamente por el consumidor y suministrado por el proveedor”. Además, aclara que “no pueden contener sumas o conceptos ajenos a dicho bien o servicio”. En caso de incumplimiento, las empresas proveedoras serán sancionadas conforme a la Ley 24.240 de Defensa del Consumidor.
El ministro de Economía, Luis Caputo, fue quien anticipó la medida, asegurando que busca "transparentar" la información que recibe cada usuario sobre los costos de los servicios. “Esta práctica se ha convertido en algo generalizado en muchos municipios, lo que afecta la libertad de elección de los consumidores”, explicó Caputo en una publicación en X (antes Twitter), acompañada de la imagen de una factura de electricidad que incluía cargos ajenos al servicio.
Un cambio en la facturación
Entre los recargos que ya no podrán figurar en las facturas se encuentran tasas de seguridad e higiene, cuota social, y aportes a entidades como Bomberos o asociaciones cooperadoras. Santiago Migone, funcionario de la Secretaría de Industria y Comercio, agregó que la medida también alcanzará a ciertos impuestos provinciales que no estén directamente relacionados con el servicio contratado por el usuario.
La resolución comenzará a regir dentro de 30 días, plazo durante el cual tanto provincias como municipios deberán ajustar la manera en que cobran sus tasas impositivas. Sin embargo, el Poder Ejecutivo dejó en claro que esta normativa no impide a los municipios y provincias cobrar dichos tributos, sino que la medida busca que esos costos no aparezcan mezclados con los cargos por los servicios.
El conflicto con los municipios
Esta nueva normativa llega en medio de un largo conflicto entre el Gobierno y varias intendencias, especialmente en sectores como supermercados, bancos y el ámbito hotelero. “Las tasas municipales llevan años generando fricción, y el debate se intensificó en los últimos días con la reacción pública del Ejecutivo”, comentó un vocero cercano al equipo económico. A través de esta resolución, el Gobierno intenta frenar lo que considera una práctica abusiva y proteger los derechos de los consumidores.