La Justicia ordena a las empresas de micros cumplir con la ley de discapacidad

La Justicia determinó este miércoles que las empresas de transporte de media y larga distancia deben cumplir, de forma inmediata, con el derecho de las personas con discapacidad a acceder al transporte público de manera gratuita. Esta decisión se da luego de una medida cautelar presentada por la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), que había detectado incumplimientos reiterados por parte de las empresas de micros.

El fallo, emitido por el Juzgado Federal Contencioso Administrativo Nº11, representa un fuerte respaldo al derecho de las personas con discapacidad, asegurando la implementación efectiva de la Ley 22.431, que establece el acceso gratuito al transporte interurbano para este sector de la población. El gobierno había presentado la medida ante la justicia a fines de octubre, debido a las denuncias por el incumplimiento de esta obligación por parte de la Cámara Empresaria de Transporte Interurbano en Jurisdicción Nacional de Pasajeros (CELADI).

Un largo camino para garantizar el acceso gratuito al transporte

La medida fue impulsada después de que la CNRT, dependiente de la Secretaría de Transporte, detectara una serie de violaciones a la normativa que garantiza los pasajes gratuitos. En octubre, el organismo había aplicado más de 350 multas e intimado a varias empresas del sector, debido a su negativa a respetar la legislación. La desregulación del servicio de transporte de media y larga distancia, que permite a las empresas ajustar sus tarifas, horarios y rutas según la demanda, fue uno de los factores que, según la CNRT, contribuyó a estos incumplimientos.

“El derecho de las personas con discapacidad a viajar de forma gratuita en transporte de media y larga distancia sigue vigente y no fue modificado con la desregulación del transporte automotor”, subrayaron desde el organismo. La medida cautelar solicitada por el gobierno, con el apoyo de la CNRT, tuvo como objetivo garantizar que se cumpla la ley sin que las empresas intenten eludir sus responsabilidades.

La normativa y el contexto de su incumplimiento

La Ley 22.431, que establece el derecho de acceso gratuito al transporte para personas con discapacidad, junto con la Ley 26.928 y la Ley 27.674, que refuerzan la protección integral de este sector, fue el marco legal que la justicia ordenó hacer cumplir. El fallo llega en un momento clave, ya que, tras la desregulación del transporte, las empresas del sector decidieron ajustar sus ofertas a la demanda, lo que generó una disminución de servicios y un incumplimiento de las normativas establecidas por el Estado.

La resolución judicial no solo representa una victoria para las personas con discapacidad, sino que también pone de manifiesto la responsabilidad de las autoridades para controlar el cumplimiento de los derechos establecidos por ley, en particular, en un contexto donde los sectores privados pueden, con facilidad, eludir sus obligaciones.

Las implicancias del fallo

Con esta medida, el gobierno busca evitar que las personas con discapacidad continúen siendo excluidas del acceso a un derecho básico como el transporte público. De acuerdo con las disposiciones judiciales, las empresas de micros deberán garantizar de manera inmediata la gratuidad de los pasajes para este grupo de la población, sin que la modificación en las normativas del transporte interurbano altere este derecho.

Este fallo tiene importantes implicancias para la relación entre las autoridades nacionales y las empresas de transporte, en un contexto de creciente tensión por la desregulación del servicio. El gobierno insiste en que, a pesar de los cambios normativos, los derechos de las personas con discapacidad no pueden ser modificados ni limitados por las decisiones del sector privado.

El caso refleja, una vez más, la lucha constante para que los derechos de los sectores más vulnerables sean respetados por todos los actores involucrados en el sistema de transporte en Argentina.