El gobierno reduce retenciones pero exige liquidación inmediata
En un intento por incentivar la liquidación de divisas y reforzar las reservas, el Gobierno de Javier Milei anunció la baja temporal de las retenciones para la mayoría de las exportaciones agropecuarias y su eliminación permanente para las economías regionales. Sin embargo, esta medida llegó acompañada de estrictas condiciones para los productores, generando una fuerte controversia en el sector.
Con la publicación del Decreto 38/2025 en el Boletín Oficial, firmado por el presidente Milei, el jefe de Gabinete Guillermo Francos y el ministro de Economía Luis Caputo, las nuevas alícuotas ya están en vigencia. Entre los principales cambios, la soja pasó del 33% al 26%, sus derivados bajaron al 24,5%, mientras que cultivos como el trigo y el maíz redujeron su carga impositiva al 9,5%.
Condiciones y plazos estrictos
El decreto establece que los productores que deseen beneficiarse de estas alícuotas reducidas deberán liquidar al menos el 95% de las divisas provenientes de sus exportaciones en un plazo máximo de 15 días hábiles, un cambio drástico respecto a los 30 días habituales. Quienes no cumplan con esta exigencia deberán abonar las alícuotas previas al decreto y quedarán inhabilitados para acceder nuevamente al beneficio hasta regularizar su situación.
Esta medida, dirigida a agilizar la entrada de dólares al país, tiene un alto costo fiscal estimado en 800 millones de dólares, equivalente al 0,13% del PBI según la consultora Analytica. Mientras tanto, sectores como la salud y la educación continúan bajo un ajuste presupuestario significativo.
Economías regionales: eliminación definitiva de retenciones
Entre los cambios más significativos está la eliminación permanente de las retenciones para productos de las economías regionales, como el azúcar, tabaco, cuero bovino y arroz. Desde el Gobierno argumentan que esto busca fortalecer estas áreas, afectadas por adversidades climáticas y la caída de precios internacionales.
Impacto en el sector y críticas al decreto
La medida llega en un contexto donde los productores venían presionando fuertemente al Gobierno, argumentando que la combinación de un dólar congelado y la inflación en dólares hacía inviable la liquidación. Para el Ejecutivo, esta decisión es clave para sostener el flujo de divisas, pero algunos especialistas advierten que los beneficios son desiguales y que el ajuste en otras áreas sociales contrasta con las ventajas otorgadas al sector agroexportador.
Por otro lado, las entidades rurales aún evalúan los efectos a largo plazo del decreto, mientras que críticos del oficialismo cuestionan el costo fiscal en medio de un panorama económico ajustado.
Un futuro incierto
Con vigencia hasta el 30 de junio, las nuevas alícuotas temporales apuntan a un doble objetivo: reactivar el sector agropecuario y consolidar las economías regionales. Sin embargo, las estrictas condiciones impuestas han generado interrogantes sobre el alcance real de estas medidas y su impacto en un año marcado por desafíos financieros.