Causa Vialidad: la Fiscalía exige más años para Cristina y su defensa apela la sentencia

El fiscal de la Cámara Federal de Casación Penal, Mario Villar, solicitó que la Corte Suprema de Justicia de la Nación agrave la condena contra Cristina Fernández de Kirchner y la sentencie a 12 años de prisión por el delito de asociación ilícita en la causa Vialidad. En tanto, la defensa de la expresidenta, encabezada por el abogado Carlos Beraldi, apeló y pidió que se la absuelva, además de solicitar una audiencia pública para tratar el caso.

El pedido de la Fiscalía: más años de prisión para Cristina Kirchner

Villar presentó un escrito de 40 páginas en el que argumentó que el fallo de la Cámara de Casación, que confirmó la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, no aplicó correctamente la figura de asociación ilícita. El fiscal sostiene que la investigación probó que durante los gobiernos kirchneristas se instauró una “matriz de corrupción” con una división de roles que permitió desviar millonarios fondos públicos en la adjudicación de obras viales a Lázaro Báez.

En su apelación, Villar reclamó que también se aplique la acusación de asociación ilícita a Báez, al exsecretario de Obras Públicas José López, al extitular de Vialidad Nacional José Periotti y al exministro de Planificación Federal Julio De Vido. Este último había sido absuelto, decisión que la Fiscalía también impugnó.

Además, Villar sostuvo que la pena de seis años impuesta a los acusados resulta “absolutamente desproporcionada por lo baja” y advirtió que envía un mensaje equivocado a la sociedad, ya que considera que la sanción por corrupción debería ser mayor.

La estrategia de la defensa: absolución y críticas al proceso judicial

Por su parte, el abogado de Cristina Kirchner, Carlos Beraldi, fundamentó su apelación en lo que considera una serie de irregularidades en el proceso judicial. Sostiene que el tribunal que intervino en la causa no era el competente, que la justicia de Santa Cruz ya había desestimado los hechos y que se rechazaron pruebas clave para la defensa. Además, cuestionó que en el juicio oral se introdujeron elementos nuevos, como los mensajes de José López que mencionaban reuniones con la expresidenta para garantizar pagos a Báez antes del final de su mandato.

Beraldi insistió en que Cristina Kirchner no tuvo intervención en la licitación ni en la ejecución de las obras investigadas y que no hay pruebas que la vinculen con las supuestas irregularidades. Según la defensa, la sentencia busca excluirla de la vida política de manera arbitraria.

¿Qué puede decidir la Corte Suprema?

Con ambas apelaciones presentadas, ahora la Corte Suprema debe definir si acepta los pedidos de la Fiscalía y agrava la condena de la expresidenta o si atiende la solicitud de su defensa y la absuelve. También podría rechazar ambos planteos y mantener la sentencia actual.

El proceso aún tiene varios pasos por delante. Primero, la Fiscalía y la defensa deben responder las apelaciones de la otra parte en un plazo de 10 días. Luego, los jueces de la Cámara de Casación, Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña, decidirán si elevan la causa a la Corte o si rechazan las apelaciones. En caso de que las rechacen, las partes aún pueden recurrir al máximo tribunal mediante un recurso de queja.

La definición de la Corte será determinante, ya que, si confirma la condena, Cristina Kirchner podría quedar detenida, aunque es probable que acceda a la prisión domiciliaria. Sin embargo, se estima que la resolución no llegará en 2025, un año electoral en el que su figura sigue generando especulaciones sobre una posible candidatura. Además, el máximo tribunal atraviesa un período de cambios en su integración, lo que podría demorar la decisión final.

Este contexto judicial tenso, que involucra tanto la apelación de la Fiscalía como la defensa de Cristina Kirchner, se entrelaza con la reciente aprobación del proyecto de Ficha Limpia en la Cámara de Diputados, que podría condicionar su futuro político. A pesar de que la Corte Suprema aún no ha resuelto su situación judicial, esta iniciativa legislativa apunta directamente a la expresidenta, buscando impedir su acceso a cargos públicos si la sentencia en su contra se mantiene firme. En este escenario, la rapidez con la que avanza el proceso judicial, en contraste con la lentitud de otras causas, refuerza las críticas sobre el uso de la justicia como herramienta política, un fenómeno que algunos denominan lawfare.