Fallo histórico: Berisso, Ensenada y la Provincia, contra reloj
El Juzgado Contencioso Administrativo N°2 de La Plata dictaminó un fallo histórico que ordena a los municipios de Berisso y Ensenada, junto con la Provincia de Buenos Aires, a presentar en un plazo de 60 días un Plan de Manejo Ambiental para las islas Santiago y Paulino. Esta resolución judicial responde a una demanda presentada por la ONG Nuevo Ambiente, que desde hace años denuncia la falta de acción de las administraciones locales y provinciales para proteger estas áreas naturales.
23 años de omisiones y degradación ambiental
Las islas Santiago y Paulino han sido declaradas "Paisaje Protegido de Interés Provincial para el desarrollo ecoturístico" por la Ley Provincial 12.756. Sin embargo, desde la sanción de esta normativa en 2001, no se había implementado un plan de manejo para garantizar su conservación. Según denuncia Nuevo Ambiente, esta falta de regulación permitió el avance de construcciones irregulares, el desmonte y la degradación del ecosistema, lo que pone en riesgo la biodiversidad de la zona.
En junio de 2024, la Justicia ya había dictado una medida cautelar a raíz de la presentación de la ONG, advirtiendo sobre la pérdida de humedales costeros debido a movimientos de suelo y rellenos con residuos de hormigón armado en la Isla Santiago. A esto se sumaron incendios de origen sospechoso durante el segundo semestre de 2024, lo que reforzó la urgencia de una intervención judicial.
La Justicia responsabiliza a los municipios y a la Provincia
En su fallo, la jueza María Ventura Martínez estableció que tanto la Provincia de Buenos Aires como los municipios de Berisso y Ensenada deben actuar en conjunto para la elaboración del plan de manejo ambiental. “Si bien la Municipalidad de Ensenada indica que atañe a la Provincia de Buenos Aires la responsabilidad derivada de la falta de aprobación del citado plan, cabe señalar al respecto que los municipios son los principales responsables de la administración del área”, sostiene el fallo.
Asimismo, la resolución judicial establece que los municipios deben abstenerse de autorizar cualquier construcción o emprendimiento urbanístico, aprobación de loteos, subdivisiones o cualquier acción que implique movimiento de suelos y desmonte en el área protegida. Esto regirá hasta que se dicten normas específicas de aplicación de las leyes 11.723 y 12.704, y se impulse un plan de manejo con restricciones claras para la protección del ambiente.
Un logro para la comunidad y el medioambiente
Desde Nuevo Ambiente celebraron el fallo como un paso clave en la defensa del patrimonio natural. “Sin lugar a dudas, este fallo es un importante logro no solo de nuestra ONG, sino también de la comunidad. Es fundamental para seguir defendiendo los derechos y la preservación del ambiente ante las omisiones de las intendencias”, expresaron en un comunicado.
El abogado y titular de la entidad, Marcelo Garófalo, destacó que “hace 23 años que se espera que los municipios de Berisso y Ensenada, con la colaboración de la Provincia, pongan en vigencia el plan de manejo de la zona. La medida judicial genera una gran expectativa de que se cumplan las leyes relativas a este paisaje protegido”.
La urgencia de proteger el ecosistema ribereño
La declaración de las islas como área protegida tuvo como objetivo preservar la selva y el monte ribereño, limitando el impacto de la urbanización descontrolada. La falta de regulación y control ha llevado a una situación crítica, donde el avance de construcciones ilegales y la degradación de los humedales ponen en riesgo un ecosistema de gran valor biológico.
El fallo representa una última oportunidad para revertir años de inacción y evitar daños irreversibles. Ahora, los municipios y la Provincia tienen 60 días para presentar un plan concreto que garantice la protección de estas islas y el cumplimiento efectivo de las normativas ambientales vigentes.